La Hermandad Musulmana y el nuevo régimen democratico egipcio. El peligro de la permanencia del viejo autoritarismo bajo camuflaje militar en Egipto.

Egipto no es Irán

Por: Farid Kahhat (Internacionalista)

Si bien jóvenes seculares que exigen democracia para su país constituyen la vanguardia de las movilizaciones en Egipto, suele alegarse que no son representativos de la mayoría. Que tarde o temprano la Hermandad Musulmana hará valer sus fueros. Se cree que, dado que son el partido mejor organizado, con más militantes, y con las mayores redes clientelares, ganarían con facilidad unas elecciones democráticas. Si eso fuera cierto, el PRI jamás habría perdido una elección nacional en México. Las características descritas están asociadas con la existencia de un voto cautivo, pero no necesariamente mayoritario.

Además, la Hermandad Musulmana dice respaldar un régimen democrático, basado en el sufragio universal, la rotación pacífica en los cargos de elección popular y la separación de poderes. Dados sus antecedentes, es legítimo que sus credenciales democráticas motiven suspicacias. Pero en el norte de África eso también es cierto respecto del Gobierno Francés (que ofrecía asesoría contra los disturbios al dictador tunecino en la víspera de su partida), o al Gobierno Estadounidense que durante 30 años concedió una ayuda anual de unos 1.500 millones de dólares a Egipto).

Se dice que la Hermandad Musulmana pondría en práctica la máxima “Un ciudadano, un voto, una sola vez”. Un escenario que jamás ocurrió en ninguna parte: donde grupos islamistas equivalentes obtuvieron buenos resultados electorales en Medio Oriente (por ejemplo, en Jordania, Marruecos, o Turquía), la experiencia posterior no respalda esas previsiones. Consciente de ser el pretexto para justificar el autoritarismo, esa organización anunció que no presentará candidato a la presidencia, ni aspira a ocupar ministerio alguno tras las elecciones de setiembre.

De otro lado, la comparación con Irán muestra diferencias cruciales. En Irán el punto de inflexión fue el Viernes Negro, día en que las Fuerzas Armadas abrieron fuego contra manifestantes inermes en la plaza Jaleh, en Teherán. Al no disparar contra los manifestantes, las Fuerzas Armadas egipcias mantienen su cadena de mando y autonomía política. Por eso, el mayor riesgo ahora no es un nuevo Irán, sino el viejo autoritarismo bajo camuflaje militar. Por lo demás, el petróleo concede al régimen iraní un margen de maniobra del que carecerá cualquier régimen en Egipto, país cuya economía depende de su relación con Occidente.

Finalmente, si de paralelos se trata, la última revuelta popular que derrocó a un régimen autoritario en un país de mayoría musulmana no fue la de Irán en 1979, sino la de Indonesia en 1998. Es decir, un país que es hoy en día un Estado pacífico, democrático y próspero.

Fuente: Diario El Comercio (Perú). Domingo 13 de Febrero del 2011.

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Historia comparada: Pinochet - Franco y la violación de derechos humanos bajo la dictadura. Amnistía y Comisión de la Verdad pendiente.

El ansiado olvido

Por: Julián Casanova. Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Decía el embajador estadounidense en Chile, en un cable confidencial enviado a Washington a comienzos de 2007, poco después de la muerte de Pinochet, que los chilenos miraban con menos rencor al pasado, a su dictadura, que los españoles a la de Franco. El comentario, aunque superficial y bastante inexacto, puede servir para introducir algunas observaciones de historia comparada, de similitudes y diferencias entre ambas dictaduras, y sobre la forma en que son recordadas.

Pinochet aprendió muchas cosas de Franco. El dictador chileno, como antes había hecho el español, intentó imponer una visión histórica que legitimara la necesidad del golpe de Estado y lo presentara como salvador de la nación. Durante sus dictaduras, Franco y Pinochet festejaron el 18 de julio en España y el 11 de septiembre en Chile como un mito fundacional de "salvación nacional" frente a la revolución marxista. Esa versión oficial, establecida a partir del control de la educación, de la censura y de la persecución a quien se oponía públicamente, generó políticas de desinformación y de manipulación de la historia, muy difíciles de combatir durante las respectivas transiciones a la democracia.

El golpe de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, no provocó una guerra civil y su dictadura, de 17 años, duró 20 menos que la de Franco. Después de miles de asesinatos y de violencias masivas de los derechos humanos, ambos dictadores gozaron de amplios apoyos entre sus ciudadanos. Franco murió en la cama y nunca tuvo que preocuparse de responder a cargos sobre crímenes contra la humanidad. Pinochet sobrevivió 16 años a su Gobierno autoritario y su arresto en Londres, en octubre de 1998, abrió en Chile una profunda discusión sobre el pasado, en la que afloraron con toda su crudeza las historias y memorias enfrentadas de militares y de familiares de los desaparecidos y víctimas de la represión.

El legado de los crímenes de las dos dictaduras se abordó de forma muy diferente en los dos países. En España, tras la Ley de Amnistía aprobada el 15 de octubre de 1977, el Estado renunciaba a abrir en el futuro cualquier investigación judicial o a exigir responsabilidades contra "los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas". Bajo el recuerdo traumático de la guerra, interpretada como una especie de locura colectiva, con crímenes reprobables en los dos bandos, y el del miedo impuesto por la dictadura, nadie habló entonces de crear comisiones de la verdad que investigaran los miles de asesinatos y la sistemática violación de los derechos humanos practicada hasta el final por Franco y sus fuerzas armadas.

En Chile, por el contrario, y pese a que la democracia, bajo la vigilancia y el corsé impuesto por el tirano todavía vivo, no pudo derogar la amnistía que se habían concedido los propios militares con la Ley de 1978, el primer presidente democrático, Patricio Alwin, decidió establecer una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. No se podía llegar a la reconciliación nacional, pensó Alwin, sin antes conocer y reconocer a los desaparecidos y víctimas de la violencia de las fuerzas armadas. Formada, bajo la presidencia del prestigioso jurista Raúl Rettig, por expertos en derechos humanos, pero también por partidarios de la dictadura, como el historiador Gonzalo Vial Correa, la Comisión entregó su informe, de 1.350 páginas, el 8 de febrero de 1991, menos de un año después del encargo oficial.

El informe Rettig, interpretado por los militares chilenos como un ataque a su honor y dignidad, fue un hito en el proceso de reconstrucción de la democracia y de la memoria colectiva. En España, durante la transición, y en la larga década posterior de Gobiernos socialistas, no hubo políticas de reparación, jurídica y moral, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. No solo no se exigieron responsabilidades a los supuestos verdugos, tal y como marcaba la Ley de Amnistía, sino que tampoco se hizo nada por honrar a las víctimas y encontrar sus restos.

Por eso, no resulta sorprendente que cuando comenzó a plantearse entre nosotros, por fin, casi tres décadas después de la muerte de Franco, la necesidad de políticas públicas de memoria, como se había hecho en otros países, apareciera un enérgico rechazo de quienes más incómodos se encontraban con el recuerdo de la violencia, con la excusa de que se sembraba el germen de la discordia y se ponían en peligro la convivencia y la reconciliación. Acostumbrados a la impunidad y al olvido del crimen cometido desde el poder, se negaron, y se niegan, a recordar el pasado para aprender de él.

Para muchos españoles, el rechazo de la dictadura y de las violaciones de los derechos humanos no ha formado parte de la construcción de su cultura política democrática. Y por eso tenemos tantas dificultades para mirar con libertad, conocimiento y rigor a las experiencias traumáticas del siglo XX. Parece que estemos en un eterno debate y, en realidad, seguimos rodeados de miedos y mentiras. Y, lo que es más importante para el futuro, sin claras políticas educativas y culturales sobre los derechos humanos.

Fuente: Diario El País (España). 06/02/2011.

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