Democratización de la democracia. La democracia como tarea permanente.

La democratización de la democracia

La que se considera la mejor forma de organización social no puede quedar reducida a la cita en las urnas. Es una tarea que obliga a pedir responsabilidades a los partidos políticos y a sus dirigentes.

Ramin Jahanbegloo (Filósofo iraní)

Se ha vuelto habitual en el discurso político convencional de nuestros días considerar que la democracia es una forma superior de organización política de nuestro mundo. Pero esa aceptación universal de la democracia se apoya en unos valores sobre los que no existe unanimidad.

 

Aunque la palabra democracia contiene en sí misma la idea de un demos que gobierna, existen muchas discrepancias sobre la forma de definir y presentar ese demos. Por tanto, no podemos pretender que para tener una definición precisa de la democracia baste con decir que es el gobierno del pueblo. Democracia es una palabra que se refiere al ejercicio del poder del pueblo sobre el pueblo. Sin embargo, si preguntamos quién gobierna en las democracias actuales, la respuesta sería: quienes ocupan una posición de autoridad sobre una comunidad política. Con semejante análisis, deberíamos distinguir entre democracia como Gobierno del pueblo y liberalismo como Gobierno de los oligarcas liberales. ¿Y en ese caso, qué significado tiene democracia en contraposición a liberalismo?

 

Podemos definir la democracia como la actividad colectiva, explícita y responsable de unos ciudadanos cuyo propósito es instituir unas condiciones de igualdad para que todos ellos puedan participar y tomar decisiones. El liberalismo, por el contrario, es la esfera política que permite que adquieran poder y se enriquezcan unos representantes y responsables políticos adscritos a unos valores liberales y capaces de perpetuar su modelo de autoridad por el bien de su propia protección social.

 

La concepción liberal de democracia se basa en la idea de libertad negativa que Isaiah Berlin describe como la respuesta a la pregunta “¿Cuál es el ámbito en el que se deja o se debe dejar al sujeto (que puede ser un individuo o un grupo de individuos) que haga o sea lo que es capaz de hacer o ser, sin interferencia de otras personas?”. Sin embargo, la concepción transformadora de la democracia se centra más en la política como forma cooperativa de vida y subraya la necesidad de acción pública. Por consiguiente, podemos dar una definición más precisa de democracia en relación con la acción pública, es decir, una acción emprendida por los ciudadanos y que pretende tener consecuencias cívicas.

De lo que se trata sobre todo es de afianzar la “sociedad civil” frente a las “elecciones”

Los liberales, a menudo, se mantienen al margen de la idea de una acción pública de los ciudadanos; en cambio, la concepción transformadora de la democracia no pueden dejar de subrayarla. En el ámbito de la democracia, hablar de deliberación y transformación es hablar de toma de decisiones y del acto de elegir por parte de los ciudadanos. Por eso, la democracia exige que partamos de un concepto de ciudadanía que incorpore los aspectos éticos y ontológicos de la idea de sociedad civil.

 

Como consecuencia, cualquier teoría democrática debe organizarse en torno al concepto de “sociedad civil”, y no necesariamente de “elecciones”. La sociedad civil ayuda a la democracia a encontrar en sí misma un ethos de libertad a través de las prácticas explícitas y transparentes de asociaciones e instituciones como clubes, organizaciones comunitarias, iglesias, etcétera, por lo que tiene una tendencia al pluralismo y la diversidad que permite aproximarse a una virtud cívica democrática. En otras palabras, para quienes aspiran a consolidar el espíritu de la virtud democrática, la sociedad civil parece el punto de partida perfecto.

 

Como consecuencia, el problema fundamental de la teoría democrática está relacionado con dos factores: por un lado, la legitimidad de la toma de decisiones colectiva, y por otro, el proceso democrático de control de la violencia en las esferas social y política. Aun teniendo esto en cuenta, por muy liberal que sea un Gobierno, sean cuales sean en teoría sus objetivos liberales, no debe monopolizar jamás el poder de coacción.

 

Las teorías de la democracia, en general, no están interesadas en recurrir a la no violencia como parámetro de decisión y actuación política. El perfil clásico de la teoría democrática liberal es conocido: la distinción entre dos esferas, la “pública” y la “privada”, o la distinción entre dos concepciones de libertad (negativa y positiva). Ahora bien, debería añadirse un principio normativo que ofrezca una diferenciación razonablemente precisa entre la autolimitación no violenta de la democracia y la delimitación violenta del poder democrático. Lo que aquí se sugiere es una especie de armonía democrática entre una serie de derechos sustantivos que forman parte esencial del proceso democrático y una autolimitación no violenta de la democracia. Desde luego, la conclusión puede ser que siempre es posible proteger una forma de Gobierno democrática contra sí misma por medios no violentos. Y, por tanto, el proceso de toma de decisiones colectiva debe atenerse a los principios democráticos de la no violencia.

 

Gandhi es un pensador político que presenta la idea de soberanía compartida como principio regulador de la democracia y, al mismo tiempo, como garantía de que existen formas de limitar el ejercicio abusivo del poder político. La soberanía compartida es un principio que solo tiene significado si incluye la referencia a la idea de responsabilidad.

Por muy liberal que sea un Gobierno, no debe monopolizar jamás el poder de coacción.

La novedad fundamental que se encuentra en el enfoque que da el debate gandhiano a esta cuestión es que abandona la sempiterna noción de que las decisiones políticas derivan de la primacía de lo político para adoptar la idea de la superioridad de lo ético, hasta tal punto que la búsqueda de una vida moral le da a Gandhi un argumento en favor de la responsabilidad de los ciudadanos. De manera que lo que Gandhi cuestiona del Estado moderno no es solo la base de su legitimidad, sino su misma razón de existir.

 

El principio gandhiano de no violencia constituye, pues, una forma de poner en tela de juicio la violencia intrínsecamente asociada a los fundamentos de un orden soberano. La crítica que hace Gandhi de la política moderna le empuja a elaborar una concepción de lo político que no encuentra su máxima expresión ni en la “secularización de la política” ni en la “politización de la religión”, sino en la “ética de la solidaridad, que se enmarca en un contexto triangular de ética, política y religión. Este momento gandhiano en la política lleva sin duda a la posibilidad de una síntesis entre los dos conceptos de autonomía individual y acción no violenta. Y en ella podemos ver el auténtico giro a una nueva teoría democrática.

 

Durante el último medio siglo, la no violencia y la negociación han sido las características que han distinguido a las transiciones políticas a la democracia y los movimientos democráticos que han triunfado en todo el mundo.

 

Por eso la democracia no es nunca algo hecho. Es una tarea. Por eso la democracia no es ni la urna ni el partido en el poder. Es la capacidad política de la gente de ir a las urnas y pedir responsabilidades a los partidos políticos y a sus dirigentes. Solo si estamos convencidos de esta realidad podremos cambiar la democracia para que deje de ser una palabra hueca en nuestro discurso público y se convierta en el marco en el que sea posible consumar una vida política completa, capaz de sacar el máximo fruto de nuestro potencial y nuestra creatividad como seres humanos.

Ramin Jahanbegloo, filósofo iraní, es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto.

 Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

 

Fuente: Diario El País. 06 de marzo del 2014.

La época postdemocrática. Participación cívica sin organización política.

Democracia sin política

Los que critican o protestan no tienen necesariamente razón ni el espacio público se reduce a una agregación apolítica de preferencias. Alguien tiene que ordenar y gestionar las demandas de la sociedad abierta.

Daniel Innerarity (Catedrático de Filosofía Política y Social)

La narrativa dominante asegura que vivimos en una época postdemocrática. Esta denuncia se declina de diversas maneras: como primacía de los Ejecutivos frente a los Parlamentos, como distanciamiento de las élites respecto de los gobernados, como desplazamiento de los partidos hacia un centro que hace imposible las alternativas, como desconsideración de lo que realmente quiere la sociedad... Yo no lo veo así, ya lo siento. ¿No será que tenemos, más bien, una democracia abierta y una política endeble? La democracia es un espacio abierto donde, en principio, cualquiera puede hacer valer su opinión, que posibilita mil formas de presión, e incluso tenemos la posibilidad de echar a los Gobiernos. Esto funciona relativamente bien. En nuestras sociedades democráticas no faltan espacios abiertos de influencia y movilización, redes sociales, movimientos de protesta, manifestaciones, posibilidades de intervención y bloqueo.

 

Lo que no va tan bien es la política, es decir, la posibilidad de convertir esa amalgama plural de fuerzas en proyectos y transformaciones políticas, dar cauce y coherencia política a esas expresiones populares y configurar el espacio público de calidad donde todo ello se discuta, pondere y sintetice. Algo tiene que ver con esto el hecho de que para quienes actúan políticamente cada vez sea más difícil formular agendas alternativas. Estamos en una era postpolítica, de democracia sin política. Tenemos una sociedad irritada y un sistema político agitado, cuya interacción apenas produce nada nuevo, como tendríamos derecho a esperar dada la naturaleza de los problemas con los que tenemos que enfrentarnos.

 

Dicen los expertos que el retroceso de la participación electoral no viene acompañado por una falta de desinterés hacia el espacio público. La ciudadanía huye de las formas clásicas de organización, lo que es compatible con crecientes modalidades de compromiso individual, un activismo que no está ideológicamente articulado en un marco ideológico que le proporcione coherencia y totalidad, como podía ser el caso de las tradicionales ideologías omnicomprensivas.

Tenemos una sociedad irritada y un sistema agitado, cuya interacción apenas produce algo.

El espacio digital ha abierto nuevas posibilidades de activismo político. Plataformas de movilización en torno a causas concretas —como Change o Avaaz— permiten ejercer un clicktivism concreto a favor de buenas causas que contrasta con las adscripciones ideológicas abstractas, objeto de una general incredulidad. Para amplios sectores de la población, la realidad representada por los partidos jerárquicos ya no resulta atractiva, mientras que la cultura virtual de la Red les permite articular cómodamente sus disposiciones políticas fluidas e intermitentes, e incluso situarse off line en cualquier momento.

 

No faltan tampoco ejemplos de activismo y “soberanía negativa” en el espacio físico, ahora también vinculados a la movilización digital: manifestaciones y performances que obtuvieron una cierta celebridad, como los foros alternativos con motivo de las cumbres mundiales; Occupy Wall Street, todo el movimiento en torno al 15-M, las plataformas contra los deshaucios, la paralización de la privatización de la sanidad en Madrid, la intervención de las acusaciones particulares en los procesos judiciales, la resistencia exitosa contra ciertas obras públicas e infraestructuras: desde Burgos hasta Stuttgart pasando por Nantes…

 

No pongo en cuestión la bondad de estas actuaciones de resistencia cívica o campañas on line; me limito a señalar que al no inscribirse en ningún marco político que les dé coherencia, pueden dar a entender que la buena política es una mera adición de conquistas sociales. No funciona la articulación de las demandas sociales en programas coherentes que compitan en una esfera pública de calidad; en definitiva, falla la construcción política e institucional de la democracia más allá de la emoción del momento, de la presión inmediata y la atención mediática.

 

A quien reivindica algo que le parece justo no tenemos por qué exigirle que lo acompañe de un programa político completo y una memoria económica, por supuesto. Pero el espacio público no se reduce a la mera agregación apolítica de preferencias incoherentes, agrupadas como si no hubiera ninguna prioridad entre ellas e incluso ciertas incompatibilidades. Alguien se debería ocupar de ordenar esas reivindicaciones con criterios políticos y gestionar democráticamente su posible incompatibilidad. Pero, ¿hay alguien ahí? Si la política (y los tan denostados partidos) sirve para algo es precisamente para integrar con una cierta coherencia y autorización democrática las múltiples demandas que surgen continuamente en el espacio de una sociedad abierta. Se bloquea la construcción de infraestructuras, que seguramente no deberían hacerse, o no de ese modo, pero seguimos sin saber qué debería hacerse en materia de infraestructuras; detenemos los desahucios —porque podíamos y debíamos hacerlo— pero eso no sirve sin más para incentivar el crédito y hacer una política de vivienda más justa; podemos parar la privatización de los hospitales públicos, pero eso no determina qué tipo de política sanitaria debe hacerse. La política cuya presencia echo en falta es la que comienza cuando se terminan las buenas razones de la sociedad, donde se acaba la tarea del soberano negativo y comienza la responsabilidad del soberano positivo.

Los sectores duros de los partidos dificultan reformas que requieren pactos con adversarios.

Al hecho de que las demandas sociales estén desarticuladas se añade la circunstancia de que tales reivindicaciones son plurales, lógicamente, y en ocasiones incompatibles o contradictorias: unos quieren más impuestos y otros menos, unos software libre y otros protección de la intimidad y la propiedad, a unos les preocupa que haya menos libertades y a otros que haya demasiados emigrantes… Sin una valoración política es difícil saber cuándo se trata del bloqueo de reformas necesarias o de una protesta frente al abuso de los representantes. La protesta contra ciertas infraestructuras puede estar motivada por razones ecológicas, pero también por otras menos confesables como el célebre Not In My Back Yard (no en mi patio trasero) o por sentimientos xenófobos si lo que se va a construir es una mezquita. En cualquier caso, a quienes tienden a celebrar la espontaneidad social conviene recordarles que la sociedad no es el reino de las buenas intenciones. La legitimidad de la sociedad para criticar a sus representantes no quiere decir que quienes critican o protestan tengan necesariamente razón. El estatus de indignado, crítico o víctima no le convierte a uno en políticamente infalible.

 

Existe además otro fenómeno de resistencia social antipolítica que merecería una especial atención. Me refiero al hecho de que alrededor o en los extremos de los partidos se han configurado tea parties que se erigen como protectores de los valores, representantes de las víctimas, portavoces de la multitud o de alguna revolución pendiente. Desde estas trincheras apolíticas parecen dominarse las cosas con una claridad de la que no disponen quienes tratan habitualmente con el principio de realidad. La ira de esos grupos no se dirige tanto a los adversarios como a los propios cuando amagan con rebajar el nivel de lo políticamente innegociable. Extienden una mentalidad antipolítica porque no han entendido que la política comporta siempre ciertos compromisos y concesiones. Los sectores duros de los partidos marcan el paso de una manera que probablemente no les corresponde con criterios de representatividad y dificultan ciertas reformas para las que se requiere el acuerdo político con los adversarios.

 

Dicen las encuestas que la política se ha convertido en uno de nuestros principales problemas y yo me pregunto, para terminar, si en esta opinión se expresa una nostalgia por la política desaparecida, una crítica ante su mediocridad o más bien un desprecio antipolítico hacia algo cuya lógica no se acaba de entender. En cualquier caso, los ciudadanos tendríamos más autoridad con nuestras críticas si pusiéramos el mismo empeño en formarnos y comprometernos. Y tal vez entonces caigamos en la cuenta de que nos encontramos en la paradoja de que nadie confía a la política lo que solo la política podría resolver.

 

Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y profesor visitante en la London School of Economics.

 

Fuente: Diario El País. 28 de febrero del 2014.

Estado de Bienestar y los planteamientos anti-Estado.

 

Hambrear a la bestia

Humberto Campodónico (economista)

El planteamiento liberal, en esencia, nos dice que el crecimiento económico y el bienestar solo se logran con la iniciativa privada, que debe ejercerse sin cortapisas. Toda interferencia del Estado es negativa porque, por definición, atenta contra el mercado y los derechos individuales.

 

 Pero en EEUU existe un Estado del Bienestar que viene del “Nuevo Trato” (New Deal) del Presidente Roosevelt y que consiste en una serie de instituciones, regulaciones y transferencias estatales que garantizan un mínimo de subsistencia para millones de personas.

 

 En otras palabras, un contrato social de coexistencia entre mercado y Estado. Lo que no gusta a los libertarios y que sintetizó en los 90 Grover Norquist: “No quiero abolir al gobierno. Solo quiero reducir su tamaño de tal manera que me sea fácil arrastrarlo al baño y ahogarlo en la tina”.

 

 Otra variante es la frase “Hambrear a la bestia”, hecha célebre bajo Ronald Reagan. Si al Estado no se le dan impuestos, no aumentará el gasto público (que reduce el crédito a los empresarios y aumenta la tasa de interés). Pero, ojo, la reducción de impuestos no lleva necesariamente a la reducción del gasto, porque este puede aumentar por otras vías, como el endeudamiento público.

 

 La crisis financiera del 2008 quebró la “tregua” de 50 años (que nunca fue total). La culpa de la explosión de la burbuja inmobiliaria se debió a la absoluta desregulación de los mercados financieros. Y el salvataje del sistema le costó mucho dinero al Estado (ayudas directas a los bancos, enorme impulso fiscal y, también monetario), lo que aumentó el déficit fiscal y la deuda pública.

 

 Allí entra el “Tea Party” planteando dejar de lado los argumentos económicos (“hambrear a la bestia”) para ir a los principios: se alaba el egoísmo del individuo para ir al tema esencial: la lucha del individualismo empresarial contra el colectivismo estatal.

 

 En ese contexto las novelas de la escritora Ayn Rand (en los años 40 y 50, en momentos de auge de la URSS, siendo ella una inmigrante rusa) vienen como anillo al dedo: plantea que hay que luchar contra un gobierno colectivista, que ha acumulado un inmenso poder contra los emprendedores, a quienes no les queda más remedio que ir a la huelga para defender sus principios y, por tanto, a la sociedad entera.

 

 Si a esto se agrega la elección de Obama, los programas sociales (food stamps y la ampliación del seguro de salud a la mayoría de la población (Obamacare), la receta está lista: el gobierno nos lleva al socialismo, lo que hay que impedir como sea. Vale todo, desde los no-acuerdos sobre el presupuesto hasta el cierre total del gobierno para impedir nuevos impuestos y que se aplique el Obamacare.

 

 Los planteamientos anti-Estado en la región y en el Perú tienen también larga data y se asientan, en lo central, en los hechos económicos: el mercado es ampliamente superior a todo lo que venga del Estado, que es ineficiente per se: una rémora. Como lo expresó hace unos años PPK: “el Perú crece de noche, cuando los burócratas duermen”.

 

 Pero aquí no se trata de desmontar un Estado del Bienestar que desplazaría a los empresarios, pues utiliza enormes recursos (crowding out) para ayudar a los pobres (convirtiéndolos en parásitos). De lo que se trata es de crear las condiciones que permitan –a partir de lo que le compete al Estado– niveles dignos de educación, salud, transporte y seguridad ciudadana.

 

 Pero sucede que los diferentes gobiernos se han preocupado bastante más de impulsar y fortalecer las instituciones y reformas que empujan el modelo económico (“islas de excelencia” como Sunat, Indecopi, Conasev, BCRP, Osinergmin, Osiptel), así como el MEF, MEM, Produce y MTC.

 

 Y bastante menos de los avance educativos (no llegamos al 6% del PBI y somos últimos en PISA); la cobertura de salud es insuficiente, lo mismo que las remuneraciones; el transporte público se ha dejado al libre albedrío del capitalismo combi y la seguridad ciudadana –donde interviene la policía– es percibida por la población como el área de mayor problema.

 

 Como los estratos más altos de la población –y también los crecientes sectores de clase media– ahora tienen salud privada, educación privada, transporte privado y seguridad privada, se corre el riesgo de que se instale un nuevo sentido común: “para qué voy a pagar impuestos si el Estado me da poco y lo poco que me da es de mala calidad”.

 

 Claro, aquí funciona la profecía autocumplida: “traté mal las funciones elementales del Estado durante décadas, ‘a lo Norquist’, ahogándolo en la tina. Y ahora que no funciona, es él quien tiene la culpa”.

 

 Digamos que no es exactamente “hambrear a la bestia” ni la lucha contra el “colectivismo estatal” de Ayn Rand. Pero vaya que se le parece.

Fuente: Diario La República. 27 de enero del 2014.

Comentario al libro ¿Qué es nación? de Hugo Neira. Martín Tanaka.

¿Qué es nación?

Martín Tanaka (Politólogo)

Hugo Neira vuelve a sorprendernos con un libro desmesurado,¿Qué es nación? (Lima, Universidad de San Martín de Porres, 2013), continuación de una saga iniciada con ¿Qué es República? (2012) y que sin duda seguirá dándonos más sorpresas en el futuro. El libro puede verse como un ambicioso manual de enseñanza universitaria, que combina discusiones teóricas y conceptuales con una reconstrucción histórica de los procesos de formación nacional “occidentales” (Francia, Gran Bretaña, Alemania) y “no occidentales” (Japón, India, México); sin embargo, no es un manual en sentido estricto, porque en el libro el autor interviene permanentemente con reflexiones que amplían, complejizan, establecen relaciones con otros asuntos, desde su punto de vista y experiencias personales. Digamos que es como asistir a un curso de Hugo Neira sobre el tema de la nación, en el que se exploran “los fundamentos”, “ajenos a la inmediatez y a la politiquería”.

La opción de Neira por centrarse en los fundamentos hace que la pregunta por el Perú esté presente en todo el libro, pero nunca de manera explícita, salvo en unas breves páginas en las que el autor compara Apatzingán de la Constitución en Michoacán, pueblo ubicado en el epicentro de las luchas agrarias y revolucionarias de la segunda década del siglo XX en México, con San Lorenzo de Quinti y Huayopampa, en la sierra de Lima, estudiadas por Julio Cotler y Fernando Fuenzalida, respectivamente, en el marco de un ambicioso proyecto de investigación liderado por José Matos Mar en la década de los años sesenta, en los orígenes del Instituto de Estudios Peruanos. La comparación entre estos pueblos, siguiendo su evolución hasta la situación actual, le permite a Neira esbozar los límites de la modernidad y de los procesos de integración social en el Perú.

A pesar de esto, la apuesta por centrarse en los fundamentos resulta muy pertinente. En nuestra cultura política, mucha gente tiende a manejar un discurso en el que la idea de nación podría llamarse “primordialista”, donde lo que definiría “lo auténticamente peruano” sería una mezcla de elementos “raciales” de raíz andina prehispánica, en donde tendería a buscarse la homogeneidad, y en donde lo percibido como “foráneo”, “extranjero”, tiende a verse con desconfianza y como una pérdida de “autenticidad”. Resulta muy instructivo llamar la atención sobre el hecho de que esta manera de ver lo nacional resulta perniciosa, y que hay muchas otras maneras de entender lo nacional: la pertenencia a una comunidad articulada por un gran acuerdo político colectivo, en donde puede haber una enorme diversidad (la India, por ejemplo), y en donde lo “tradicional” para nada está reñido con lo “moderno”, donde lo autóctono y lo foráneo se mezclan para dar lugar a un “sincretismo” particular (Japón, por ejemplo). Vistas así las cosas, el libro de Neira es también un aporte importante al debate que debemos sostener de cara al bicentenario de nuestra república.

Fuente: Diario La República. 17 de noviembre del 2013.

¿Qué es nación? (2)

Martín Tanaka (Politólogo)

Hace tres semanas comenté sobre el último libro de Hugo Neira, ¿Qué es nación? Quería seguir con el tema, pero temas de la “coyuntura” se interpusieron. El libro de Neira es muy bienvenido porque, me parece, solemos manejar nociones muy desencaminadas de la idea de nación y de la identidad nacional peruana, que debemos poner en discusión, y para esto el libro ofrece herramientas útiles.

Hay una manera de pensar el Perú que podríamos llamar “primordialista”: existiría algo así como lo “verdaderamente peruano”, anclado en una raíz andina prehispánica, en donde lo “foráneo” o “extranjero” tiende a verse con desconfianza y como una pérdida de “autenticidad”. No seríamos una nación porque estaríamos “sojuzgados” por elementos “extraños” (blancos, criollos, occidentales). Casi está demás decir que estas visiones esencialistas son la base de los nacionalismos más nefastos, que han generado guerras, autoritarismos, “limpiezas étnicas”. El “etnocacerismo” sería nuestra versión local de esto.

Otras visiones comunes, si bien se alejan de definiciones primordialistas también comparten ideas de nación basadas en alguna forma de homogeneidad: para ser nación no tendría que haber desigualdad, deberíamos contar con valores o intereses comunes, y dada la fragmentación y desigualdad del país, no seríamos “todavía” una nación. Al respecto es pertinente la discusión que plantea Neira en su “rescate” del austríaco Otto Bauer, sobre la influencia del marxismo convencional en cierto menosprecio del tema nacional, para privilegiar consideraciones clasistas o socioeconómicas.

Hace bien Neira en cuestionar estas ideas, y llamar la atención, siguiendo a Gellner, Hobsbawm y otros, que las naciones son en realidad construcciones modernas, en donde la voluntad política de las elites, los liderazgos, resultan fundamentales; así, los nacionalismos crean a las naciones, no al revés. También al apuntar que las naciones no tienen por qué ser homogéneas: pensar en el caso de la India, con su diversidad de idiomas, religiones y castas; y que es posible conciliar lo más “tradicional” con lo más “moderno”, como ocurrió en Japón. Para todo esto, es clave el papel que juega la escuela pública: tanto para generar igualdad de oportunidades, como para proponer una narrativa incluyente y veraz históricamente de lo que somos como nación.

Si los nacionalismos construyen la nación, ¿a qué tipo de nación deberíamos aspirar? A estas alturas, parece claro que cualquier definición debería aspirar a ser democrática, pluralista, incluyente, en donde nuestra diversidad sea vista con justicia como uno de nuestros más valiosos activos, en donde lo tradicional se articule con lo moderno, y lo nacional con lo global. Como dijera José María Arguedas, “no por gusto (…) se formaron aquí Pachacámac y Pachacútec, Huamán Poma, Cieza y el Inca Garcilaso, Túpac Amaru y Vallejo, Mariátegui y Eguren, la fiesta de Qoyllur Riti y la del Señor de los Milagros; los yungas de la costa y de la sierra…”.

Fuente: Diario La República. 08 de diciembre del 2013.

Entre el "idiotes" y el "polites". La democracia y los idiotas.

Disidencias. A propósito de los idiotas

Alberto Adrianzén Merino (Sociólogo)

Hoy la palabra idiota está de moda. Según el Diccionario de la Real Academia Española, idiota es aquella persona "tonta, carente de entendimiento". Sin embargo, hay otro significado de idiota e idiotez, que va más allá del simplismo y del insulto. Incluso, de los idiotas llamados "carnívoros" o "herbívoros".

Giovanni Sartori, en su obra más importante: Teoría de la democracia, define la idiotez como lo opuesto a la "polites": "para los griegos, hombre y ciudadano significaban exactamente lo mismo, de la misma forma que participar en la vida de la polis, de su ciudad, significaba vivir. Lo que no quiere decir que el polites no gozara de libertad individual en el sentido de un espacio privado existente de facto. Pero el significado y el valor de esta noción lo revelan el término latín privatus y su equivalente griego idion. En latín privatus, es decir, privado, significa privado (del verbo privare, privar de algo), y el término se empleaba para designar una existencia incompleta e imperfecta en relación con la comunidad. El vocablo griego idion (privado), en contraste con koinon (el elemento común), denota aún con mayor intensidad el sentido de privación. De acuerdo con ello, "idiotes" era un término peyorativo que designaba al que no era polites "un no ciudadano y, en consecuencia, un hombre vulgar, ignorante y sin valor, que solo se interesaba por sí mismo" (págs. 352-353). Se puede definir, por lo tanto, al idiota como aquella persona que no se ocupa de los asuntos públicos sino solo de sus intereses privados. 

Y si bien es cierto que ese debate fue planteado por los griegos hace ya muchos siglos, cierto es también que la teoría y la filosofía políticas modernas (llámese liberal), representan el triunfo de la "idiotes" (en sentido griego). Dicho en palabras simples: es el nacimiento del individuo disociado del ciudadano y de la pertenencia a una comunidad. El individuo tiene un valor en sí mismo. Por ello, el paradigma del hombre moderno es Robinson Crusoe, personaje que no requiere de otro individuo para reconocerse como tal, salvo su convivencia con un perro que le recuerda su condición de humano. Su humanidad está en él mismo y no en los otros. Fue el francés Benjamín Constant, crítico de la Revolución Francesa, en su famoso discurso en el Ateneo de París en 1819: "Sobre la libertad en los antiguos y en los modernos", el que le da, finalmente, la partida pública de nacimiento a este individuo moderno.

Hoy pocos discuten la importancia de la "idiotes", es decir del individuo y del individualismo en la vida democrática y social. Ahí no radica el problema; más aún, cuando sabemos que la "polites", es decir, este esfuerzo por vivir en una comunidad imaginada, muchas veces, ha conducido a los hombres al terror y al totalitarismo al invadir la esfera privada. Otro es el problema.

Es que estos "idiotas" modernos, por llamarlos de algún modo, creen que la justicia (incluyendo la social), como un acto consciente de los hombres, es un error. La idea de que la justicia es un contrato (o pacto) para no hacer mal y evitar sufrirlo, como dirían los griegos y más adelante Hobbes, no es posible. Ello supondría "corregir" un orden social que es concebido, como dice Hayek, como "el resultado de las acciones de los hombres pero no de sus propósitos". La realidad, se convierte en una "externalidad" que los hombres no pueden controlar ni cambiar. No es posible una sociedad autorreflexiva capaz de reformar el orden social. 

La otra idea, como dice el propio Constant, es que los hombres modernos "no podemos gozar de la libertad de los antiguos, la cual se componía de la participación activa y constante del poder colectivo. Nuestra libertad debe componerse del goce pacífico y de la independencia privada". Por eso, siguiendo a Constant, el hombre moderno no puede dedicarle su tiempo y energía al ejercicio de los derechos políticos y sí más bien al de sus derechos privados, incluyendo la libertad. Todo esto fundamentado en unos supuestos "derechos naturales" (entre ellos el de la propiedad privada) preexistentes al hombre y no, como diría Leo Strauss, expresión del "deber civil" de los propios hombres.

Por ello, la propuesta de estos nuevos "idiotas" es simple: preocúpate de ti mismo y que el resto no te importe. Es el crepúsculo del deber cívico y político, bajo el supuesto, idiota por lo demás, que si a mí me va bien al resto también. 

www.albertoadrianzen.org

Fuente: Diario La República. 03 de marzo del 2007.

La trampa de el voto voluntario en el Perú.

¿Voto voluntario? Voto en contra

Hugo Neira (Sociólogo)

"Hay que ir a votar, y votar bien. Y aceptar al menos eso, el privilegio del error 
compartido, si volvemos, otra vez, a equivocarnos"

¿A quién le gusta la obligación? A nadie. Pero por imposición, cada día, acudimos a muchas cosas, al trabajo por ejemplo. Somos libres, pero, qué duda cabe, al vivir en sociedad, en nuestras pobladas ciudades o en la más modesta de nuestras aldeas, no lo somos del todo. No podemos salir desnudos por las calles, ni podemos aparcar –o cuadrar como decimos– el auto en medio de una plaza de armas. No podemos hacer lo que nos viene en gana. Ahora lo que no surge del íntimo querer es coerción y norma. Pagar impuestos, pararse ante la luz roja (para no matar a alguien) y, aunque discrepe de muchos, ir a votar aun no quiera hacerlo. Escribo estas líneas cuando el voto voluntario vuelve a la agenda del Congreso.  Reforma constitucional a la que me opongo. Con las armas de la razón. Dos son las tesis para adoptarlo.

Se argumenta, en primer lugar, la no obligación del voto en Estados Unidos. Ciertamente, los ciudadanos norteamericanos no están obligados a ir a urnas, pero lo que no se está diciendo, lo que se escamotea, es señalar que en realidad votan muchas veces entre una presidencial  y la siguiente, votan para elegir jueces, comisarios, sheriffs, para gobernadores, alcaldes; votan, votan, votan, van a las urnas unas 17 veces. Ninguna democracia exige mayor participación. Se entiende entonces el voto voluntario. Y he dejado fuera del debate el que en el Norte cuenten con instituciones que no tenemos, una tradición y costumbres democráticas desde el siglo XIX, como lo explica Tocqueville. Un poco, pues, de sinceridad. Aquí estamos en el comienzo de la construcción de Estado y ciudadanía y no para lujosas abstenciones. ¿A este país, al borde de la desobediencia, lo empujan además a no votar?

¿Qué es votar?  No es solo darse mandatarios que luego nos traicionen, algo hay de cierto, y es eso que alimenta la desconfianza general. Pero señalo, el voto es un contrato, un acuerdo. Algo entre un Estado y quienes habitan un territorio y una sociedad, o sea, los ciudadanos. Ahora bien, un ciudadano no es un individuo, que puede aspirar a la felicidad de no tener obligaciones, sino el mismo individuo con derechos y deberes. En fin, no me alcanza el espacio para explicar, ahora, a Rousseau. Así las cosas, me preguntaba si el sentido común había emigrado del debate. Felizmente no. Hojeando diarios, hallé una carta de lector, muy cuerda. La firma Rolando Calderón, a quien no conozco personalmente. “¿Qué representatividad puede tener –pregunta– un gobernante elegido por una real minoría de ciudadanos?”. En el colofón a su carta añaden los editores: “En la encuesta de Apoyo, el 62 por ciento de los limeños está a favor del voto voluntario, pero tiene usted razón, el tema merece pensarse antes de una reforma definitiva”. Vaya, es lo que aquí hacemos.

El segundo argumento a favor del voto voluntario es una brillante falacia. ¿Cómo va a ser bueno algo que nos imponen? Lo usan algunos políticos; eso es coerción, dicen escandalizados. Pero mi querido Víctor Andrés, la práctica del Estado es eso mismo, “el uso de la violencia legítima” (Max Weber). Violencia real y simbólica, se entiende. Claro que puede obligarse a muchas cosas, a ir a la guerra por ejemplo, que es peor que votar, y en nombre del bien común. Sí, pues, ¿donde está la novedad? ¿No sustenta aquí y en todo lugar, juzgados, fronteras, y cobranzas coactivas? El Estado emergió como esa fuerza que impuso la ley en sociedades del tumulto, eso es Hobbes, el Leviatán, un mal necesario. Así nació el Estado liberal, ante el  desorden.  Pero claro, en este país en que hubo que esperar a Fujimori para aceptar la obligación del impuesto y donde nos pasamos la era republicana sin el servicio militar obligatorio, solo reclutaban a los pobres inditos, el argumento que estimula la dejadez cae a pelo. En fin, otros muy calculadores esperan sacar provecho de la tendencia al no-voto que llaman “facultativo” a sabiendas que, si se aprueba, los que acudan a urnas serán pocos. Es un pobre cálculo. Espero que no lo suscriban partidos y tendencias populares. Sería casi confesar desconfianza en el sentido común de esas mismas masas populares. No hay que creerlas irracionales. No lo son las 1,800 mesas de diálogo en este país. Hay que dejar de soñar que se pueden manejar los retrasos. En fin, pienso lo peor. El derecho al no voto, en las circunstancias peruanas, otorga legitimidad por entero al desapego, a la anomia. Sería una ley para separar y no integrar sociedad e instituciones. Un tiro a la sien de la República. Un truco de politiqueros. Una trampa. Cuidado, peruanos: los invitan a vivir como extraños en su propio país. Ya llegarán tiempos felices en que merezcamos, como decía Borges, no tener gobiernos. No en el Perú actual. Las condiciones históricas, anímicas, morales, que impusieron como sentido común el voto obligatorio en 1931 no han desaparecido. Hay que ir a votar, y votar bien. Y aceptar al menos eso, el privilegio del error compartido, si volvemos, otra vez, a equivocarnos.

Fuente: Diario La República. 30 de abril del 2005.

Neoliberalismo y su incompatibilidad con el republicanismo.

Neoliberalismo y republicanismo

Martín Tanaka (Politólogo)

Mi estimado colega Félix Jiménez, en su columna sabatina de hace dos semanas en el diario La Primera, critica tanto al reciente libro de Alberto Vergara, Ciudadanos sin república, como a la breve reseña que escribí del mismo en este espacio a inicios de este mes, por supuestamente compartir su diagnóstico, según el cual “Mientras que el neoliberalismo dio lugar a un inédito crecimiento económico, la precariedad del republicanismo pone en riesgo lo avanzado”. Creo que discutir sobre los temas que plantea Jiménez puede ser de interés para los lectores.

Primero, el balance sobre el neoliberalismo. Para Jiménez, sus supuestos “éxitos” no serían tales. Una mirada amplia vería que, por ejemplo, entre 1959 y 1967 (sin neoliberalismo, por supuesto) hubo tasas de crecimiento aún mayores a las de los últimos años; el crecimiento neoliberal siempre habría sido frágil, como lo demostraría la crisis del periodo 1998-2002. Finalmente, parte de sus supuestos “éxitos” serían consecuencia de iniciativas planteadas por “economistas críticos con el neoliberalismo” entre 2001 y 2003, con lo cual Jiménez reivindica su participación como funcionario dentro del gobierno de Alejandro Toledo.

Segundo, cómo construir una alternativa al neoliberalismo. Para Jiménez, el crecimiento 1959-67 sería más “sano” porque fue liderado por el sector manufacturero y estuvo acompañado de mejoras en los ingresos de los trabajadores, mientras que el reciente se basa en sectores extractivos con ingresos laborales estancados. ¿Qué hacer? Cuando Jiménez se refiere a las decisiones implementadas entre 2001 y 2003 habla de reformas que, entre otras cosas, “recuperaron el papel del tipo de cambio como instrumento de diversificación productiva”. Más adelante, lamenta que durante el gobierno de García “se dejó caer el tipo de cambio real, afectando a la producción manufacturera”. En la línea de lo propuesto en el documento “La Gran Transformación”, se apunta a promover un crecimiento más diversificado en general y la industrialización en particular.

Tercero, la relación entre neoliberalismo y republicanismo. Para Jiménez, no sería cierto que el neoliberalismo haya “ampliado la ciudadanía”; más bien, durante los veinte años de gobiernos neoliberales habríamos visto impostura y corrupción, envilecimiento de la política, alianza entre poder político y poder económico en contra de la voluntad ciudadana; el neoliberalismo “ha sido y es responsable de la pérdida de la virtud cívica, de la pérdida de la conciencia civil de los electores que los ha llevado a aceptar prácticas clientelares y corruptas como forma de gobierno”. Desde este ángulo, pedir que el republicanismo acompañe al neoliberalismo es pedir “la cuadratura del círculo”. Para Jiménez, rescatar los valores republicanos implica necesariamente construir una alternativa al neoliberalismo.

Creo que Jiménez acierta en algunas cosas, confunde otras, pero plantea temas muy pertinentes. Seguiré la próxima semana.

Fuente: Diario La República. 29 de septiembre del 2013.

Neoliberalismo y republicanismo (2)

Martín Tanaka (Politólogo)

La semana pasada resumí los puntos de debate que planteó recientemente el colega Félix Jiménez: critica los supuestos logros del neoliberalismo, sostiene que el republicanismo es incompatible con aquel, y plantea la necesidad de un desarrollo más diversificado.

El término “neoliberalismo” se presta a malos entendidos. Por lo general, se le atribuyen sentidos intrínsecamente negativos, y esto tiene cierta razón de ser: muchos gobiernos neoliberales han sido muy corruptos e ineficientes, en particular el fujimorismo ha ayudado a crear la asociación neoliberalismo = autoritarismo = corrupción. Desde este ángulo, el neoliberalismo es incompatible con el desarrollo de la ciudadanía y los valores republicanos.

Sin embargo, hay muchos gobiernos que pueden considerarse ilustraciones emblemáticas del neoliberalismo que no han sido autoritarios ni particularmente corruptos (Chile en los últimos años, Brasil con Cardoso, Colombia con Gaviria, etc.). Más todavía, podría decirse que ellos implementaron reformas fundamentales para el logro de un crecimiento sostenido, reducciones importantes de pobreza, fortalecimiento de instituciones; incluso, de políticas de desarrollo que buscan la diversificación productiva y menor dependencia de recursos naturales.

Me parece que la mejor manera de entender el neoliberalismo es relacionarlo con el llamado “Consenso de Washington”, término acuñado por John Williamson para referirse a políticas que enfatizan la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial, el estímulo a la inversión privada y a la acción de las fuerzas del mercado. Williamson, Joseph Stiglitz y muchos han señalado que el problema no estaría tanto en esas políticas, sino en el “fundamentalismo” o irresponsabilidad en su implementación, siguiendo presiones o modelos importados sin considerar los intereses y contextos específicos de los países.

Vistas las cosas así, me parece que en Perú el neoliberalismo ha tenido éxitos evidentes (crecimiento, reducción de la pobreza sin aumento de la desigualdad) que han permitido que muchos peruanos sean más ciudadanos (conscientes de sus derechos y deberes), aunque su aplicación haya sido escamoteada por sus componentes autoritarios y corruptos, y ciertamente también por la debilidad de nuestras instituciones y valores republicanos. Esto implicaría, me parece, que la izquierda debería dejar de pelearse tanto con “el modelo” en abstracto (pedir la renuncia de Castilla), para concentrarse en hacer propuestas específicas en lo tributario, fiscal, monetario, institucional, en políticas sociales, etc.

Finalmente, es muy importante que desde la izquierda se reivindique el republicanismo. Si miramos alrededor (Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina) encontraremos que son los gobiernos de izquierda los que suelen atentar contra las instituciones republicanas (respecto a la ley, independencia de los poderes del Estado), en nombre de un mayoritarismo plebiscitario.

Fuente: Diario La República. 06 de octubre del 2013.