Democracia peruana, entre los Insider y los Outsider.

¿Una Democracia de los Insider?

Por: Steven Levitsky (Politólogo y profesor de la Universidad de Harvard)

Hace 25 años que reina la política de los “outsider” en el Perú. Con el colapso de los partidos, el juego electoral se abrió, permitiendo la elección de novatos políticos a la presidencia (Fujimori, Toledo, Humala), al Congreso (empresarios, voleibolistas, pastores, comentaristas deportivos, vendedores de fotocopiadoras) y a un gran número de alcaldías y gobiernos regionales. 

Nos acostumbramos a esperar el nuevo outsider en cada elección. Ya empezó la especulación para 2016. ¿Será Antauro? ¿Gregorio Santos? ¿El padre de Ciro Castillo? 

Pero en realidad, las elecciones presidenciales ya no son juegos de outsiders. Al contrario: como observa Mauricio Zavaleta, son dominados cada vez más por los “viejos conocidos de la política”. En 2001, compitió un ex presidente (García) con Alejandro Toledo y Lourdes Flores. En 2006, compitieron dos ex presidentes (García y Paniagua), Flores de nuevo, y un outsider (Humala). En 2011, no hubo outsider entre los candidatos mayores: solo un ex presidente (Toledo), la hija de un ex presidente (Keiko), dos ex candidatos presidenciales (Castañeda y Humala) y un ex premier (PPK). Y si los precandidatos no se matan entre ellos antes de tiempo, 2016 sería muy parecido: dos ex presidentes (Toledo, García), la hija del ex presidente y quizás la esposa del presidente. Lejos de la política de los “outsider,” las elecciones presidenciales peruanas se han convertido en un juego de los “insider.” 

¿Qué pasa? Creo que la creciente sensación de déjà vu en las elecciones presidenciales se debe a una combinación de dos factores. Primero, con el colapso de los partidos desaparecieron las carreras políticas en el Perú. En las democracias establecidas, casi todos los políticos nacionales siguen una carrera política. Ascienden por las filas de su partido y ocupan varios cargos electivos antes de convertirse en “presidenciables”. Han sido líderes partidarios (Lula, Lagos, Calderón), gobernadores (Néstor Kirchner, Peña Nieto, Uribe) o congresistas (Cardoso, Mujica). Estas carreras institucionales garantizan un flujo más o menos constante de nuevos políticos nacionales.

En el Perú, estos caminos institucionales no existen. Los partidos ya no generan nuevos políticos nacionales, como alguna vez hicieron con políticos como García, Flores y Paniagua. Gracias, en parte, a la debilidad de los partidos, el Congreso tampoco sirve para hacer una carrera política. En 2006 y 2011, solo 18% de los congresistas fueron re-elegidos. Es un Congreso lleno de novatos, no de políticos profesionales. 

Ningún presidente regional ha saltado con éxito a las grandes ligas. Intentaron algunos (Yehude Simon, Vladimiro Huaroc), pero sin demasiado éxito. 

Con la excepción de Lima, las alcaldías tampoco sirven para lanzar una carrera política nacional. De hecho, la alcaldía de Lima es el único cargo electo que sí sirve como trampolín a la política nacional. 

No existen, entonces, caminos institucionales a la presidencia en el Perú. Ni los partidos ni el Congreso ni los gobiernos locales generan un flujo de nuevos políticos nacionales. Como consecuencia, la puerta queda abierta para los outsiders.

Pero –y este es el segundo factor– ya no estamos en el Perú de 1990. Hace 25 años, debido a la profunda crisis que vivía el país, muchos peruanos estaban dispuestos a apostar por un “outsider”, un desconocido total. La elección de 1990 fue un verdadero salto al vacío. Mucha gente que votó por el desconocido Fujimori lo hizo porque creía que cualquier cosa sería mejor que el statu quo. Si el statu quo es el colapso económico, la hiperinflación y la creciente violencia senderista, y si la clase política parece incapaz de cambiarlo, un salto al vacío no es una locura. Para una gran parte del electorado, no había mucho que perder. 

Veintitrés años después, la situación es distinta. Ya no hay crisis. Después de una década de boom económico el electorado se ha vuelto más conservador, no (solo) en términos ideológicos sino también en su comportamiento político. Hoy, muchos peruanos consideran que sí tienen algo que perder, y como consecuencia, pocos quieren la incertidumbre de un desconocido total. Los votantes no son tontos. Como escribe Mauricio Zavaleta, quieren información sobre los candidatos. En la mayoría de las democracias, los partidos son la fuente principal de esta información. Donde no hay partidos, la información sobre los candidatos es escasa y mucha gente termina optando entre los “viejos conocidos.”

Si la ausencia de partidos y carreras políticas dificulta la generación de nuevos políticos nacionales, y al mismo tiempo el electorado ya no está tan dispuesto a apostar por los outsider, el universo de presidenciables se reduce a un grupo pequeño de figuras conocidas: ex presidentes; hijos de los presidentes; esposas de los presidentes; burgomaestres limeños (Castañeda); y algunos ex premier (PPK). César Acuña intenta unirse al club a través de una extraordinaria inversión de su propio dinero, pero hasta ahora no ha logrado hacerlo.

Sin la renovación política generada por partidos institucionalizados, pero sin ganas de apostar por los desconocidos, el electorado peruano enfrenta, cada cinco años, una especie de déjà vu electoral. Si se mantiene esta tendencia, es probable que se profundice el descontento político en un país que ya sufre demasiado descontento político. La gente se quejará de los “mismos políticos de siempre.” Eventualmente, la percepción de una clase política atrincherada en el poder podría favorecer el surgimiento de un outsider populista que promete tumbarla. 

Pero si surge el populismo de nuevo, no será culpa de los partidos. No es la partidocracia la que mantiene a los “viejos conocidos de la política”. Es la ausencia de los partidos.

Nota aparte: la denuncia de Fernando Rospigliosi de que el gobierno está espiando a políticos y periodistas a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) es preocupante. ¿Quién la va a investigar? En el Perú, el Congreso, el Poder Judicial y los medios siempre investigan con más entusiasmo a los ex gobernantes que a los gobernantes actuales. Eso no está bien.

Fuente: Diario La República. 26 de mayo del 2013.

El pensamiento de Maquiavelo aplicado a la actualidad.

Maquiavelo, nuestro contemporáneo

Hace quinientos años, terminó un pequeño tratado, ‘El Príncipe’, que sigue conservando su influencia intacta: nadie supo distinguir con tanta nitidez cómo funciona de hecho la política y cómo nos gustaría que lo hiciera.

Por: Fernando Vallespín

Hace 500 años, en el otoño-invierno de 1513, un apesadumbrado Maquiavelo, exiliado en su finca de Sant’Andrea tras la caída de la república florentina, consiguió escribir lo que acabaría siendo uno de los más grandes libros de la historia de la teoría política, El príncipe. Era un pequeño tratado de no más de 30.000 palabras en el que se hablaba de los diferentes tipos de principados y de los atributos que deben acompañar a los hombres de Estado. A los ojos de hoy, tanto el estilo como la continua sucesión de ejemplos históricos no ofrecen una lectura fácil. Esto contrasta, sin embargo, con la vigencia que desde entonces siguen teniendo sus principales mensajes. Ya se sabe, un clásico es un autor del pasado con el que dialogamos como si fuese un contemporáneo, alguien que sigue presente entre nosotros a pesar de la distancia temporal que se abre entre su tiempo y el nuestro. Seguramente porque todavía tiene algo que decirnos y sigue siendo escuchado cuando abordamos ciertos temas o nos adentramos en algunos problemas o discusiones.

Las cuestiones centrales del libro giran todas en torno al poder. Es un perfecto manual de las técnicas de poder, y de cómo toda acción política debe ser evaluada en función de su capacidad para obtenerlo y mantenerlo, no de su ajuste más o menos cabal a los imperativos de la moralidad. Lo que importa es el éxito a la hora de buscar este objetivo, y aquel condiciona la naturaleza de los medios que sean necesarios para alcanzarlo. “El que quiere el fin debe querer los medios”, que diría Nietzsche. Y los medios que se requieren para el sustento y la protección del Estado —o la conservación del poder por parte del príncipe— no siempre se prestan a los dictados de la acción moral. Es más, si un gobernante no está dispuesto a renunciar a la moral cuando las circunstancias así lo exijan, más vale que se dedique a otra cosa. “Un príncipe que quiera mantenerse como tal debe aprender a no ser necesariamente bueno, y usar esto o no según lo precise”. Vicio y virtud serían así categorías de la moral, no de la política. Porque la política exige mancharse las manos, es irreconciliable con una visión de la realidad en la que la acción moral siempre nos ofrece una alternativa a lo que se impone como necesario, que haya algo así como una armonía entre principios éticos y las consecuencias específicas derivadas de aplicarlos .

A la vista de esto, no es de extrañar que Maquiavelo fuera visto desde siempre como el “maestro del mal” (L.Strauss), como un a-moralista a quien había que combatir por todos los medios. El cardenal Pole llegó incluso a decir que su libro había sido escrito “por la mano de Satanás”. Otros lo absuelven, porque en sus Discursos, el tratado sobre las repúblicas que comenzara a escribir en ese mismo año de 1513, cambia de perspectiva y traslada el fin de la acción política desde la conservación del poder del príncipe al vivere civile y libero republicano, y subraya la necesidad del apoyo del pueblo como fundamento de la fuerza del gobernante. Aunque, todo sea dicho, con ello no cambia lo más sustancial de su enfoque. La razón de Estado sigue presente —si está en peligro la patria deja de constreñirnos la moral y el derecho—, y, sobre todo, sigue manteniendo que la política, aun bajo condiciones republicanas, no nos enfrenta a un mundo reconciliado. La maldad del hombre es inextricable —“un hombre olvida antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”— y nunca podremos liberarnos del engaño y la mentira como medios fundamentales de la acción política.

Maquiavelo nos ofrece, en efecto, una política exenta de moralina, que diría Nietzsche, y ha pasado a la historia, como el primer realista político. Nadie supo distinguir con tanta nitidez la distancia que se abre entre cómo funciona de hecho la política y cómo nos gustaría que lo hiciera. Su mensaje no puede ser más meridiano, la política siempre es estratégica, siempre ha de vérselas con actores que tratan de maximizar sus intereses con todos los medios a su alcance, y ninguno de ellos hace aspavientos a los instrumentos que sean necesarios para alcanzarlos. Es preciso observar, sin embargo, que al presentarnos este dato fundamental de lo político, nuestro autor contribuye a desvelarnos la naturaleza profunda del poder, desprovista ya de mitos e ideologías legitimadoras, su rostro desnudo. Y, como ya observaba Gramsci, esto es lo que nos permite actuar para eludir sus peores consecuencias y buscar “otra política”.

La constatación de que Maquiavelo en eso tiene razón es, en definitiva, lo que nos ha llevado a diseñar todos los diques posibles para evitar que la razón de Estado o la persecución del interés propio, tanto por parte de los gobernantes como de los grupos de interés, traspase ciertos límites. Esa ha sido la labor tradicional de la democracia y de las instituciones del Estado de derecho. Hoy, junto con la exigencia de ética pública, funcionan como algunos de los condicionantes externos de la acción política. Exactamente igual que eso que teorizaba en su libro cuando se refería a la necessitá o la fortuna.

La virtú del gobernante no solo consiste en saber operar bajo esos condicionantes, sino en tener conciencia también de cuál es la qualità de’ tempi, las peculiaridades de cada contexto y el estilo de gobierno que encaja con ellas. En este sentido, la política de los drones de Obama sería más maquiavélica que la de Guantánamo o de las empresas bélicas de Bush. En ambos casos, el fin, la seguridad, condiciona los medios, pero una es mucho más aceptable para la moralidad pública de un país como Estados Unidos que otra y, por tanto, más eficaz. El fin se impone a pesar de su inmoralidad, pero unos son más digeribles para las “circunstancias del tiempo” que otros. Como se ve, lo importante es el éxito de la acción, no su adecuación a principios. O, desde otra perspectiva y por quedarnos en nuestro país, las nuevas medidas dirigidas a evitar la corrupción, que son una respuesta a la tendencia de un sector de la clase política a perseguir sus propios intereses a expensas del interés público, responden a una clara presión ciudadana para imponer un nuevo dique a los políticos. Maquiavelo diría que lo hacen más por ser reelegidos que porque crean en ellos, pero lo que importa a la postre es que existan y constriñan su acción.

Sea como fuere, el mensaje fundamental de Maquiavelo es que el punto de partida de lo político debe ser siempre la necesidad de atender a las consecuencias de las decisiones políticas, una variante, mucho más cruda, de la ética de la responsabilidad weberiana. El problema estriba en que —sin caer en el hipermoralismo— seamos capaces de escoger los medios, que aun permitiéndonos la consecución de un fin concreto, no atenten contra lo que deben ser los objetivos fundamentales de nuestra vida en común y dotan de identidad y sentido a la vida democrática, el vivere civile e libero adecuado a nuestra época. Es algo que no podemos ignorar en estos momentos en los que casi todo vale con tal de salir de la crisis económica, el fin hipostasiado, o en el que los presupuestos básicos de la ética pública aparecen hechos jirones. Puede que el mal no pueda ser erradicado de la política, pero lo que está claro es que el mejor antídoto contra el burdo maquiavelismo es una ciudadanía vigilante con capacidad para la reflexión y la crítica. No podemos olvidar que, como decía el profesor Del Águila, uno de nuestros mayores expertos sobre Maquiavelo, al final “somos nosotros quienes trazamos la línea de lo intolerable”.

Fuente: Diario El País (España). 03 de marzo del 2013.

Recomendado:

Quinientos años manipulando los hilos del poder.

Mecanismo de revocatoria de autoridades. Democracia directa, participativa o deliberativa.

       

Revocatoria y democracia directa

Por: Martín Tanaka (Politólogo)

El pedido de revocatoria de la alcaldesa de Lima ha puesto en discusión la conveniencia o no de este mecanismo de democracia directa y de todos en general, en tanto podría dar lugar a prácticas que “desnaturalizarían” su esencia y debilitarían a la democracia representativa.

Existen múltiples críticas a la democracia representativa y al hecho de que en ella el juego político parece restringirse a los partidos y a las élites políticas; los ciudadanos no se sentirían representados o partícipes de las decisiones que se toman en su nombre, por lo que el remedio para algunos consiste en ampliar la arena política a la acción directa de los ciudadanos ya sea en ocasiones específicas (referéndums, plebiscitos) o de manera regular mediante mecanismos de consulta y participación. No se trataría de construir una forma alternativa de régimen político, sino de fortalecer la democracia representativa complementándola con mecanismos de democracia directa, participativa o deliberativa.

El saldo que deja la adopción de estos mecanismos en general es muy ambigua: en ocasiones cumplen efectivamente funciones de legitimación de sistemas políticos democráticos, en otras los debilitan; pueden legitimar gobiernos con tendencias autoritarias, como pueden debilitarlos; son alternativamente propuestos y repudiados por sectores tanto de izquierda como de derecha. Perú es una ilustración muy elocuente de estas ambigüedades.

En la Constitución de 1979, tomada por muchos como el estándar democrático por excelencia, los mecanismos de democracia directa y participativa no existían; ellos fueron introducidos en la Constitución de 1993, después del golpe de Estado de 1992. En esto coincidieron sectores liberales como el Instituto Libertad y Democracia de Hernando de Soto, para quienes estos mecanismos acotaban el poder del Estado; sectores de izquierda, para quienes se abría espacio para la movilización y acción directa del pueblo organizado; así como el propio fujimorismo, para el cual se denunciaba la ineficiencia de una democracia partidocrática y elitista. Más adelante, fue la oposición al fujimorismo la que se benefició de la existencia de un mecanismo como el referéndum para cuestionar el intento de segunda reelección del presidente. En los últimos años, desde la izquierda se promovió con entusiasmo la implementación de mecanismos participativos en el contexto del proceso de descentralización, que incluyó el mecanismo de revocatoria de autoridades, y algunos propusieron ampliarlo para afectar también a congresistas, por ejemplo. Pero ahora que el mecanismo afecta a una alcaldesa como Susana Villarán se llama con razón a la cautela.

¿Qué hacer? En términos generales, pienso que deberíamos seguir con la lógica que trató de establecer la ley de partidos: dada la fragmentación y volatilidad de la arena política, de lo que se trata es de elevar las barreras de acceso a la competencia política y al ejercicio de mecanismos de participación.

Fuente: Diario La República (Perú). 03 de marzo del 2013.

Recomendado. 

La revocatoria de Villarán. Martín Tanaka.

Debate sobre la definición de democracia. Steven Levistky y Nelson Manrique.

                       

Politólogos, alineamientos políticos y la Democracia liberal

Por: Steven Levistky (Politólogo, profesor de la universidad de Harvad)

En su última columna en La República (19/02), Nelson Manrique criticó a “un grupo de politólogos, por lo general alineados políticamente con los EEUU,” por caracterizar a Ecuador y Venezuela como regímenes no democráticos (en mi opinión, los dos son casos de autoritarismo competitivo, parecido al régimen de Fujimori en los 90). Dejaré que otros critiquen el argumento central de la columna que, para mí, es la receta perfecta para legitimar el régimen fujimorista. Quiero enfocarme en algo más importante, y personal. 

La mayoría de los politólogos que estudiamos los regímenes utilizamos una definición liberal y procedimental de la democracia.  En ese sentido, una plena democracia cumple con cuatro requisitos básicos: (1) elecciones libres y justas; (2) pleno sufragio; (3) amplia protección de las libertades básicas (de asociación, expresión, prensa); y (4) control civil sobre las fuerzas armadas.  Obviamente no es la única definición posible, pero, en mi opinión, sirve para distinguir las democracias de las no democracias en el mundo contemporáneo.

Bajo mi definición, por ejemplo, el Perú de Alberto Fujimori no fue una democracia, pero el Perú pos-Fujimori, con todos sus problemas, probablemente lo sea. En los casos de Venezuela (cierre de RCTV, arresto o exilio de varios periodistas, políticos, y activistas), Ecuador (varios ataques contra le prensa), y Bolivia (varios políticos exiliados), me parece que la violación de las libertades básicas (requisito 3) ha sido suficientemente serio para decir que no son plenas democracias.  Se puede discrepar, sobre todo en los casos de Ecuador y Bolivia, que se encuentran cerca de la frontera entre democracia y autoritarismo competitivo, pero es una definición clara, transparente, y ampliamente usada en las ciencias sociales.

¿Esta definición de la democracia, que insiste no solo en elecciones sino también en la protección las libertades básicas, es norteamericana?  ¿Tan norteamericana que se puede caracterizar a los que adherimos a esa definición como “aliados políticos” de los EEUU?  Manrique sugiere que sí.  Wow.  

Voy a responder de una manera personal, pero con el fin de hacer un punto general.  He pasado la gran parte de mi vida cuestionando la política exterior de mi gobierno.  Empecé a estudiar América Latina en los años 80, como activista universitario luchando contra las políticas de Reagan en América Central.  Rechazaba siempre el embargo norteamericano contra Cuba y apoyaba el establecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Fidel Castro.  No me gustaban mucho las recetas económicas promovidas por Washington en América Latina en los 80 y 90. Me opuse al gobierno de Fujimori mientras mi gobierno lo apoyó.  Salí a la calle a protestar contra la guerra en Iraq.  Me horrorizó el apoyo de George W. Bush al golpe contra Hugo Chávez y la campaña gringa contra Evo Morales en 2002.  Lloré (de felicidad) cuando ganó Evo en 2005.  Hace dos años, discutí con la embajadora norteamericana en el Perú porque me parecía que ella apoyaba a una candidata autoritaria.  No sé si eso es alineamiento político con los EEUU.  Pero mi punto es otro.

Mi compromiso con la democracia liberal no surge de los EEUU.  Surge de mi alineamiento político con la izquierda latinoamericana. 

Mi formación política es de izquierda.  Mi primer amor latinoamericano fue la Revolución Sandinista.   Como muchos “Sandalistas” de aquella época, no me preocupaba mucho por la democracia liberal, me atraía más la democracia participativa.   Pero en mis estudios universitarios y de pos-grado, conocí a una generación de intelectuales y políticos latinoamericanos que me impactó muchísimo.  Marcelo Cavarozzi y Guillermo O’Donnell de Argentina; Fernando Henrique Cardoso, Bolivar Lamounier, y Francisco Weffort de Brasil; Sergio Bitar, Manuel Antonio Garretón, y Arturo Valenzuela de Chile; Guillermo Ungo de El Salvador; Julio Cotler de Perú. 

Todos eran de izquierda o centro-izquierda.  Algunos habían cuestionado (o minimizado la importancia de) la democracia liberal en los años 60 y 70.  Pero luego vivieron el colapso de la democracia y, en varios países, el surgimiento del autoritarismo burocrático. Fue la noche más oscura en América Latina.  Muchos intelectuales de izquierda sufrieron, en carne propia, el costo de perder la democracia liberal.  Esa experiencia, la tremenda violencia del Estado contra sus propios ciudadanos, los marcó fuertemente,   generó en muchos un nuevo compromiso con la democracia liberal.  Seguían siendo de izquierda (algunos más moderados que otros), pero a partir de la experiencia del autoritarismo burocrático, se transformaron en demócratas liberales de verdad.  

Esa generación de intelectuales latinoamericanos me formó. Fueron (y son) mis héroes.  Fueron ellos, que perdieron la democracia, pagaron un precio enorme, y aprendieron, quienes me enseñaron el valor de la democracia liberal.  Me enseñaron que si queremos instituciones democráticas fuertes, tenemos que defenderlas siempre,  y no solo cuando los autoritarios son del otro lado político.  Porque si nos callamos ante la violación de las normas y derechos democráticos por un gobierno de izquierda, estas normas y derechos no estarán para protegernos cuando (inevitablemente) vengan los gobiernos de derecha. Quizás fue la brillantez de O’Donnell; quizás fue la profundidad del mal que fue el autoritarismo burocrático, pero nunca olvidé esa lección, y no dejaré nunca de enseñarla a mis alumnos.   

Debo mi formación democrática liberal, entonces, a mi alineamiento político con la izquierda latinoamericana. Aprendí el valor de la democracia liberal gracias a las enseñanzas de Cardoso, Cavarozzi, Cotler, Garretón, Lamounier, O’Donnell, Ungo, Valenzuela, Weffort, e otros intelectuales y políticos latinoamericanos. Sugerir, entonces, que la democracia liberal es algo norteamericano es, primero, equivocado. O’Donnell y otros mentores míos eran demócratas liberales orgánicos de América Latina. Su liberalismo no surgió de las universidades (o embajadas) norteamericanas, sino de sus propias experiencias latinoamericanas.  No reconocer la existencia (y legitimidad) de este liberalismo político latinoamericano me parece un insulto.  Me molesta.   Y asociar el liberalismo político de los mejores politólogos peruanos con un “alineamiento político con los EEUU” me parece realmente lamentable.

* La Asociación Civil Politai agradece a Steven Levitsky (Universidad de Harvard) por publicar su comentario en este medio. La Asociación no comparte necesariamente las opiniones del autor.

Fuente: Revista Politai (Edición Electrónica). 23 de febrero de 2013

Respuesta a Levitsky

Por: Nelson Manrique (Historiador y sociólogo)

El artículo que publiqué la semana pasada (“Democracia: quién la califica”,http://bit.ly/13ik5EV) ha provocado reacciones que me gustaría comentar. Empiezo por el artículo publicado por Steven Levistsky en la edición electrónica de la revista Politai (“Politólogos, alineamientos políticos y la Democracia liberal”, 23 de febrero,http://t.co/4EaYxjl5YJ). Las citas que inserto a continuación provienen de este texto.

Steven ha reaccionado a mi comentario, relativo a “un grupo de politólogos, por lo general alineados políticamente con los EEUU” al caracterizar a Argentina, Ecuador y Venezuela como regímenes no democráticos (él los caracteriza como “autoritarismo competitivo, parecido al régimen de Fujimori en los 90”, aparentemente dejando fuera de esta definición a Argentina).

Steve ha sentido que le endilgo la defensa de la política imperialista norteamericana y ha documentado ampliamente los orígenes de su posición de liberal de izquierda. Entiendo su molestia y me disculpo. No fue mi intención sugerir semejante idea. Para zanjar el tema: considero a Steven un sincero liberal de izquierda a quien aprecio, con quien concuerdo en muchas cosas y con quien me alegra poder debatir nuestras diferencias. Cuando en las elecciones del 2011 circuló en las redes sociales la broma de proponerle a los EEUU entregarle cierto político peruano a cambio de que nos dieran a Levistky fui uno de los más entusiastas suscriptores de la iniciativa y él lo sabe, porque se lo conté.

Vamos con nuestras diferencias. A mi manera de ver estas giran en torno a cómo definir la democracia. Basándose en su aproximación teórica –liberal procedimental– Steve afirma: “Una plena democracia cumple con cuatro requisitos básicos: (1) elecciones libres y justas; (2) pleno sufragio; (3) amplia protección de las libertades básicas (de asociación, expresión, prensa); y (4) control civil sobre las fuerzas armadas”. Precisando que esta no es la única definición posible, Steve concluye, “en mi opinión, sirve para distinguir las democracias de las no democracias en el mundo contemporáneo”. Me sorprende que a partir de esa definición él no caracterice al Perú post-fujimori como una democracia plena, e inserte una reserva: “probablemente lo sea”.

A mi manera de ver, la insuficiencia de esta definición es quedarse precisamente en lo procedimental: en las formas sacrificando el contenido. Cuando los ciudadanos asisten a votar periódicamente en elecciones con pleno respeto de los procedimientos, pero los elegidos traicionan su programa cuando asumen el poder, y hacen precisamente lo contrario de lo que prometieron, queda comprometido un elemento que considero central en cualquier definición útil de democracia: el respeto de la voluntad ciudadana. Como el propio Steve ha escrito en otra oportunidad: “Con el tiempo, las promesas incumplidas socavan la confianza de la gente … en la propia democracia” (“Confianza y las instituciones democráticas”, Politai, 29 de julio de 2011).

Durante las dos últimas décadas en el Perú en las elecciones han triunfado las propuestas de izquierda, pero invariablemente quien gobierna es la derecha. Esto no sólo es aceptado, sino en ocasiones festejado por liberales (subrayo que no me refiero a Steve) que celebran la traición a lo prometido, porque concuerdan con el programa de los derrotados.

La idea de castigar a los transgresores con el voto en la próxima elección no es un gran consuelo cuando la situación se vuelve a repetir una y otra vez, como viene sucediendo en el Perú. Es bueno recordar que Ollanta Humala fue elegido, entre otras cosas, porque prometió cambiar este estado de cosas. Este no es un entorno político que permita cimentar una cultura democrática (la democracia es también una cultura). Más bien termina convirtiendo al cinismo en el sello de la política, como bien lo ilustra un personaje como Marco Tulio Gutiérrez; precisamente el tipo de ambiente que creó a Chávez, Correa y los Kirchner (a propósito, busquen algún texto en que yo los haya defendido).

Vuelvo a la constatación inicial de mi primer artículo. Rafael Correa ha sido reelegido en Ecuador con cerca del 60% de los votos y, lo más importante, ganando cerca de un centenar de los 137 parlamentarios que tiene el Congreso ecuatoriano. Podemos refugiarnos complacientemente en la idea de que esto es expresión del atraso político de los ecuatorianos (¡tan por debajo de nuestros estándares democráticos!), o empezar a preguntarnos sobre los límites de la definición de democracia desde la que estamos enjuiciando la realidad.

Fuente: Diario La República. 26 de febrero del 2013.

Percepción ciudadana de la política y la democracia en el Perú y Latinoamérica. Revisión comparada del Latinobarómetro.

Democracia: quién la califica

Por: Nelson Manrique (Historiador y sociólogo)

La reelección de Rafael Correa a la presidencia del Ecuador, con un contundente 56% en primera vuelta,  vuelve a plantear una cuestión incómoda para los politólogos: cómo a pesar de su apetito reeleccionista Chávez, Kirchner y Correa gozan del apoyo mayoritario de sus ciudadanos. Esto suele atribuirse al atraso político, pero la evidencia empírica muestra otro panorama.

Revisemos el Latinobarómetro 2011, la fuente más importante de información acerca de las percepciones sobre la política y la democracia en América Latina, que permite comparar la conciencia democrática existente en Argentina, Venezuela, Ecuador y Perú.

La afirmación: “La democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno” es suscrita en Argentina, Venezuela y Ecuador por 88, 86 y 84% de los ciudadanos, respectivamente; sólo los supera Uruguay, con 90%. En el Perú la suscribe un 73%, por debajo del promedio regional (76%).

A la pregunta: “¿Cuán democrático es su país”, usando una escala en que el “1”quiere decir que “el país no es democrático” y el “10” que “es totalmente democrático”, en Venezuela, Argentina y Ecuador los ciudadanos sitúan a sus países con índices de 7.3, 6.8 y 6.5, respectivamente. Los peruanos situamos nuestra democracia en 6.1, por debajo del promedio de América Latina, que es de 6.4. Eso sí, estamos convencidos de que Venezuela no es democrática y le otorgamos apenas un 3.7.

También salen bastante malparadas nuestras convicciones democráticas cuando se pide tomar posición frente a la afirmación: “Bajo ninguna circunstancia apoyaría a un gobierno militar”. Mientras que en Venezuela, Argentina y Ecuador quienes la suscriben se sitúan por encima del 70%, en el Perú sólo lo hace un 54%;  muy por debajo del 66% del promedio regional.

Veamos ahora la confianza interpersonal: cuánto confiamos en nuestros conciudadanos. La afirmación: “Hablando en general, ¿diría Ud. que se puede confiar en la mayoría de las personas?” en Argentina, Venezuela y Ecuador la suscriben el 28, 25 y 24% de los ciudadanos; nuevamente por encima del promedio regional (22%) y por supuesto del Perú, que llega al 18%.

Algo similar sucede con relación a la confianza en las instituciones. En Ecuador, Venezuela y Argentina confía el 62, 51 y 48% respectivamente (promedio latinoamericano 40%), mientras en el Perú lo hace apenas un 34%.

El cumplimiento de la ley por los ciudadanos expresa la medida en que ellos se identifican con sus instituciones y su orden jurídico. En Ecuador, Venezuela y Argentina quienes consideran que los ciudadanos cumplen las leyes ascienden al 39, 32 y 28%, respectivamente (promedio regional, 31%). Aquí batimos el récord: el Perú se sitúa en el último lugar, con apenas un 12% que opina así. Ocupamos asimismo el final de la fila en lo que atañe a consciencia de nuestras obligaciones y deberes (17%) y tampoco estamos mejor en lo que a consciencia de nuestros derechos se refiere.

Resulta entonces que los ciudadanos de Argentina, Venezuela y Ecuador consideran sus países más democráticos que el promedio de América Latina y por supuesto del Perú (nosotros estamos en todo por debajo del promedio), muestran una mayor conciencia de sus deberes y derechos y una mayor identificación con sus instituciones. Asimismo, se sienten menos discriminados social y racialmente, confían más en la democracia para defender sus intereses y creen que ésta brinda las mejores condiciones para crecer económicamente, y un largo etecétera. Pero al parecer la opinión de los ciudadanos de esos países no cuenta a la hora de juzgar si viven una democracia o no; quienes lo dictaminan finalmente son los medios de comunicación y un grupo de politólogos, por lo general alineados políticamente con los EEUU, y al diablo con la opinión de los directamente interesados.

Es interesante reflexionar sobre estas disonancias cognitivas porque a buena parte de nuestros ciudadanos le es perfectamente indiferente que quienes impulsan la campaña por la revocatoria de Susana Villarán sean impresentables (por algo se esconden), reconocidamente corruptos y guiados por intereses éticamente repugnantes. Coincidencia: los nombres de Alan García, Hernán Garrido Lecca, Aurelio Pastor y Carlos Arana vuelven a ocupar las primeras planas por corrupción, y los fujimoristas acaban de impedir que se levante el secreto bancario y la reserva tributaria a Alan García. Seguiremos.

Fuente: Diario La República (Perú). 19 de febrero del 2013.

Cuestionamiento al factor intercultural en los conflictos sociales (recursos naturales) del Perú.

           

El Mito de la Interculturalidad

Por: Alfredo Barnechea (Periodista y analista)

Con ocasión de la transmisión de mando, un grupo de peruanos se reunió con uno de los dignatarios asistentes. En la conversación que se generó, uno de los asistentes le dijo que los conflictos sociales se producían porque no se respetaba la “interculturalidad” –y casi todo el resto apoyó esa opinión.

Como la “renta natural” ordena la economía peruana, los conflictos que la “traban” constituyen un debate crucial. Casi dos tercios de las exportaciones vienen de los metales. Si les agregamos todas las que salen de la tierra (incluidas las que se transforman en manufacturas), el grueso de lo que el país intercambia con el mundo viene del suelo. De hecho, históricamente, el Perú ha sido, básicamente, un país minero.

Discrepé de esa posición porque encuentro que refleja una confusión –si no un oportunismo intelectual (y político). Por tanto creo que es útil explicar por qué, sin revelar nombres de los protagonistas.

La palabra “interculturalidad” no aparece en el Diccionario de la Academia. Tampoco “culturalidad”. Aparecen, sí, “inter”, que viene del latín (“entre o en medio”), y por supuesto cultura (“conjunto de modos de vida y costumbres”). Debemos asumir que los conflictos se producirían por no respetar la “cultura” de los pueblos.

En el Perú, los conflictos sociales están atados principalmente a los recursos naturales. ¿Por qué se producen?

La democracia no es sino un sistema a través del cual se organizan las presiones económicas. Así, los conflictos se producen como una manera de presionar para obtener una parte de la “renta natural”. Por tanto, no es en primer término un tema “cultural” sino económico.

El problema es enseguida político: como hay una crisis de “representación”, no existiendo canales políticos, la protesta es la manera de “participar”.

Otra dimensión política de esa “crisis de representación” (otra de cuyas dimensiones es la ausencia o crisis de partidos) es que nadie confía en el Estado, ni en su competencia ni en su imparcialidad: “el Estado no va a defenderme”.

En tercer lugar, es un problema “legal”. ¿De quién son las cosas? ¿Cómo distinguimos la propiedad del suelo de la del subsuelo? El derecho heredado de España (y Roma) es diferente del derecho sajón. Asimismo, la propiedad ha sido siempre históricamente confusa en el Perú. Hay por tanto una competencia de “propiedades”. ¿A quién me dirijo? ¿Ante quién protesto?

La idea de la “interculturalidad” alude indirectamente a un país en dispersión, como si estuviera en una vía parecida a los países balcánicos. El Perú es por supuesto un país multicolor, probablemente como herencia desde las behetrías preincas, pero tiene una vocación unitaria.

Tres cuartas partes de su población es ya urbana. Acaso el 2021 dos tercios vivirán en menos de diez ciudades. Las ciudades no solo son gigantescas “aglomeraciones” sino vehículos de unificación cultural.

Todo esto no significa que no haya problemas culturales, ni de inclusión social, pero ellos enmascaran otra cosa. En su magnífico libro ‘Viajes con Herodoto’, Kapuscinski dice que en la India “conflictos con un fondo del todo diferentes –social, religioso, económico– podían tomar la forma de una guerra de lenguas”.

En el Perú podrían disfrazarse de conflictos “culturales” pero no son sino conflictos por el reparto de la “renta natural”. Si el derecho lo permitiera, y hubiera algo parecido a lo que tiene Alaska (un cheque neto entregado a los involucrados directamente, “físicamente” en un recurso natural), ¿cuántos conflictos sobrevivirían? Sería interesante comparar cómo resolvieron Australia, Canadá, o Noruega, estos problemas.

En suma, enfocar este problema crucial como un tema cultural es una falsificación. Aunque quizá “falsificación” no sea la palabra correcta. Al fin y al cabo, en arte una falsificación es una copia (real aunque no autenticada) de algo existente. Estamos más bien ante una “invención”, y una invención que, al confundir el problema, confunde (y dilata) las soluciones.

En suma, el problema que tenemos es cómo se reparte la renta natural (qué le toca, de verdad, a cada quien y cómo se distribuye equitativamente). Esto, a su vez, está conectado a cómo reorganizamos políticamente la sociedad peruana, empezando por la política, ya que, como no hay adecuada organización política, ni derecho, los conflictos se desbocan.

Zygmunt Bauman se hizo célebre con su concepto de la “modernidad líquida”. El Perú se transformó, en nuestras narices, en una sociedad “líquida”: una sociedad en estado fluido, por tanto volátil, sin valores sólidos, donde los lazos potentes del pasado (esto se ve sobre todo en la política) han sido reemplazados por lazos frágiles y provisionales.

El problema no es la “interculturalidad”: es político y económico.

Fuente: Revista Caretas (Perú). 01 de septiembre del 2011

Recomendado:

¿Descartar la interculturalidad?. José Ignacio López Soria.

Las manifestaciones públicas y la democracia participativa.

El ejercicio de la democracia

Las manifestaciones testimonian una situación extrema o la ruptura del diálogo.

Por: Nicole Muchnik (Periodista y escritora)

La manifestación de Moisés sacando a los judíos de Egipto no pudo haber complacido al faraón. La del gladiador Espártaco, tampoco a la República Romana. Ni tampoco la de la segunda mitad del siglo XVIII en Londres, cuando unas 50.000 personas tomaron la calle agitando la bandera negra contra una ley que los sumía en la miseria, y arrojaron adoquines contra los ventanales de la casa del duque de Bedford porque se oponía a cambiar la ley. La manifestación no fue del gusto del Gobierno y menos aún cuando fue seguida de huelgas y movimientos con participación de todas las categorías de trabajadores, ya fueran sastres, marinos y sombrereros, hasta que esta y otras leyes injustas fueron abrogadas. En Stuttgart, de 1995 a 2010, los habitantes se manifestaron enérgicamente contra el trazado absurdo de una línea ferroviaria hasta que el Gobierno les dio la razón.

Es que los Gobiernos son duros de oídos. En Atenas, la Ekklesía se reunía tres o cuatro veces por mes durante el año griego para debatir leyes y reformas. Sobre unos 40.000 ciudadanos, cinco o seis mil participaban regularmente mediante una indemnización por el tiempo sustraído al trabajo. Democracia perfectible si bien participativa.

¿Y hoy? Según las cifras de la Prefectura de Policía, hubo 3.655 manifestaciones en Francia en 2011, o sea un aumento del 25% con respecto a 2010, de las que 1.839 tuvieron algo que ver con conflictos iniciados en el extranjero: Túnez, Libia, Egipto. Las demás estuvieron relacionadas con los indocumentados, los sin techo, la escuela, la pérdida de poder adquisitivo… Más de cuatro millones de personas ya han desfilado desde primeros del año por las calzadas de París y sus alrededores. En España se ha protestado contra el Papa, la escuela, los recortes, los desahucios… y los indignados han hecho escuela en el mundo entero. El movimiento Occupy Wall Street de mayo de 2012 ha sido algo nuevo por la claridad de sus objetivos y también por su intransigencia en no querer negociar con un poder que consideran sin legitimidad. En América Latina, las caceroladas de las clases medias y ricas han protestado contra la disminución de su tren de vida. De un signo u otro, las manifestaciones no nacen por generación espontánea. Son testimonios de una situación extrema, insostenible, y de la inexistencia o de la ruptura de un diálogo.

“La cólera es una respuesta perfectamente racional hoy a la violencia de la geopolítica; al chantaje de los mercados financieros, cuya cínicas e incompetentes especulaciones minan la economía y llevan a los productores a la hambruna; a las Administraciones autoritarias, que se burlan del debate democrático e imponen sus decisiones desde arriba; a los dogmatismos reaccionarios y asesinos, tanto islámicos como cristianos”, escribe Hans Geisser en Sapere Aude, publicado recientemente en Alemania. Agreguemos a ello la codicia de una clase social que se beneficia hasta de una crisis de la que cabe preguntarse si su finalidad no será esclavizar a los ciudadanos, aplastándolos con el pago de una deuda que ellos nunca solicitaron. “¡Vivimos una época en la que el propio Goethe se habría encaramado sobre las barricadas!”, dijo hace poco John Le Carré en Weimar.

¿Es que los problemas no tienen solución? Algunos lo han intentado. El último 6 de octubre los islandeses votaron por la elaboración de una nueva Constitución, surgida de un ejercicio de democracia directa sin precedentes. Nada de ello habría tenido lugar sin las manifestaciones populares pacíficas de 2008 contra el pago de una deuda bancaria monstruosa que evidentemente no había sido contraída por los ciudadanos que se suponía habrían de pagarla.

Ante las actuales manifestaciones pacíficas españolas, griegas y europeas, ¿hay que hablar, como ha hecho José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura, en EL PAÍS de “griterío de la población”, de “una tempestad antipolítica que ensalza la multitud”, de “alianza entre antipolítica y culto a la multitud”, de “relato mesiánico”, y de referirse en una amalgama digna de mejor causa a “los que aplaudieron el incendio del Reichstag” y a las declaraciones nazis de Carl Schmitt contra la democracia liberal?

Pero cuando los gobernantes se niegan a la concertación, queda la salida de la ley, el palo. En Madrid, más de 300 participantes en los movimientos del 15-M serán sancionados a razón de 300 euros por cabeza. “Habrá actuación policial contundente contra quienes intenten convertir Madrid en Atenas”, declaró nuestra valiente delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

Sin embargo ninguna de estas manifestaciones amenazan directamente el poder. La última, la campaña y recogida de firmas para convocar un referéndum sobre los recortes, no es más que un ejercicio de democracia participativa. Lo “político” es la capacidad y el deber de imaginar el mundo de mañana. Cuando ese papel no lo llevan a cabo los gobernantes, la expresión pública de todos los “contrapoderes” —asociaciones, sindicatos, ONG, movimientos— se revela indispensable.

Para impedir drásticamente la intromisión intempestiva en la vida política de personas que no deberían sino ocuparse de sus propios asuntos, y mejor que la represión que complica las cosas, existe todavía la solución de Bertolt Brecht: “Sería probablemente más fácil disolver el pueblo y elegir otro”.

Fuente: El País (España). 28 de diciembre del 2012.