viernes, 31 de diciembre de 2010

Las relaciones entre la ética y la política. Tensión entre fines y medios en el campo de la política.

Ética y política

Por: Sinesio López Jiménez (Sociólogo)

Las relaciones entre la ética y la política son difíciles, pero debieran ser armoniosas. El logro de fines buenos en la política no siempre va acompañado por medios igualmente buenos. Esta tensión entre fines y medios en el campo de la política plantea la necesidad de la ética, según Maquiavelo y Max Weber. Estos autores concentraron sus observaciones en el manejo del uso de la violencia (monopolizada por el Estado en el caso de Weber) para conseguir fines legítimos: la conquista, la expansión y la conservación del poder. Maquiavelo aconsejaba economizar la violencia cuando no se podía suprimirla, esto es, colocaba el valor de la vida entre los fines buenos y los medios violentos. No es cierto, por consiguiente, que Maquiavelo haya sido maquiavélico (negador de la ética), como pensaba Croce entre otros. Weber aconsejaba algo parecido: la ética de responsabilidad, esto es, desplegar las políticas (de uso de la fuerza) pensando en sus consecuencias.

La ética, sin embargo, no se plantea solo con respecto a la política del uso de la violencia, sino también en el manejo de las políticas públicas, esto es, las políticas económicas y las políticas sociales. Me permito formular al respecto un conjunto de preguntas incómodas pero necesarias que los políticos, especialmente los gobernantes y exgobernantes (algunos de los cuales son candidatos), deben responder. ¿Es ético gobernar para los ricos?, ¿las políticas económicas que favorecen abiertamente a las grandes corporaciones son limpios actos de generosidad de los gobernantes?, ¿los convenios de estabilidad tributaria son gratuitos?, ¿y su terca mantención por los diversos gobiernos es gratuita?, ¿la política del óbolo minero es gratuita?, ¿las privatizaciones se manejaron y se manejan con transparencia?, ¿las concesiones que se hacen a diario están libres de toda sospecha?, ¿las exoneraciones tributarias al capital en la bolsa de valores son gratuitas? Etc.

Las preguntas aluden evidentemente a las relaciones turbias entre los políticos y los grandes empresarios. Estos quieren hacer dinero fácil y en grande comprando a los políticos y estos buscan enriquecerse gobernando para los ricos. En estas turbias relaciones existe una perversa confusión entre fines y medios. Los ricos buscan lograr sus fines legítimos de enriquecerse (así es el capitalismo) apelando a la corrupción de los políticos y éstos dejan de lado sus fines legítimos (la búsqueda del interés general o del bien común) para enriquecerse (como los empresarios) gobernando para éstos. ¿Pueden ser diferentes las relaciones entre políticos y grandes empresarios? Me parece que es difícil cambiar esas relaciones porque los políticos tienden a encubrir su corrupción en relación con los grandes empresarios con discursos grandilocuentes: el progreso del país, el desarrollo, el empleo.

Pese a ello, es necesario que la ética rija las políticas económicas y sociales de los gobernantes por el bien de todos. Hay varias maneras de lograrlo, pero dos son las principales. En primer lugar, es necesario diferenciar claramente entre los fines (el bien público) y los medios (lícitos) de los políticos en el manejo de las políticas públicas y los fines de los empresarios (acumulación de la riqueza) y sus medios legítimos (explotación de los recursos naturales y de los trabajadores respetando derechos). En segundo lugar, es necesario fortalecer y coordinar las políticas autónomas de control horizontal de las instituciones, de control vertical de los ciudadanos y de control social de las organizaciones de la sociedad civil.

Además de la corrupción existe también la perversión política y social. Gobernar para los ricos con el apoyo de los pobres es una perversión política y social que Odría y Fujimori alcanzaron y que García envidia. El mayor acto de perversión política y social al que ha llegado García es amenazar con un golpe de Estado si se ponen en cuestión los intereses de los ricos.

Fuente: Diario La República (Perú). Vie, 31/12/2010.

miércoles, 29 de diciembre de 2010

Reedición del libro "Ciencia, política y cientificismo", de Oscar Varsavsky. Estudio preliminar a cargo de Pablo Kreimer.

Ciencia, política y cientificismo

El libro Ciencia, política y cientificismo, de Oscar Varsavsky, fue fuente de polémicas y discusiones en los años ’60. Su reedición renueva las discusiones: el estudio preliminar a cargo de Pablo Kreimer, principal especialista en sociología de la ciencia del país, es un adelanto.

Por: Leonardo Moledo

La editorial Capital Intelectual decidió reeditar un clásico que hizo mucho ruido en su momento. Pablo Kreimer, especialista en sociología de la ciencia, escribió el estudio preliminar de esta nueva edición y nos cuenta aquí por qué es tan importante este libro y cómo es que, de alguna manera, su estudio preliminar es una continuación de este libro.

–Ante todo –dice Kreimer– creo que la idea de la editorial fue buena, porque justamente forma parte de una colección de pensamiento crítico latinoamericano y no una colección específicamente de ciencia. Si se fija, va a encontrar clásicos latinoamericanos como los de Mariátegui, Echeverría, José Martí... Que se haya pensado que un libro sobre ciencia es un clásico latinoamericano es ya una buena idea. Una de las cuestiones que a mí me preocupa bastante es que hoy las ciencias sociales en general ignoran la ciencia, o la piensan de un modo completamente acrítico: como si la ciencia fuera algo bueno per se sin saber bien en qué consiste eso. Entonces, en una colección sobre intelectuales, en general progresistas, que se incluya el trabajo más importante sobre ciencia en los ’60 y los ’70, es muy relevante.

–¿Por qué fue tan importante en su momento?

–Por tres cuestiones. La primera, porque es una de las primeras intervenciones públicas sistematizadas en un libro que pretende intervenir en el debate acerca de la ciencia. Los debates estaban, hasta entonces, hegemonizados por una postura más tradicional, que era la que representaba la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia y cuyo referente indudable era Houssay. Había ya algunas expresiones más críticas, pero no tenían mucha repercusión más allá de los círculos de investigadores de algunos institutos del Conicet. Entonces, este libro lo que hace es abrir un debate público. Y quien lo promueve es alguien que, además, proviene de esta tradición importante de la ciencia argentina: participó de aquello que se llamó “la época dorada de la ciencia argentina”, entre el ‘55 y el ‘66. La segunda cuestión es que se trata de una intervención fuertemente política, en la que se pone en cuestión cuál es el papel de la ciencia en la sociedad. Eso tiene una fuerte marca de época: ya en los ‘60 se está discutiendo en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, la cuestión de los efectos negativos...

–Hiroshima, Nagasaki...

–En realidad, esos episodios son el efecto deseado: son la movilización de la ciencia para lograr un objetivo. Los riesgos de la ciencia son los efectos colaterales, como los daños ambientales, los riesgos para la salud... Empieza a ponerse en cuestión el paradigma que relacionaba el desarrollo capitalista con ciencia exitosa, que es el paradigma de la modernidad. Es un llamado de atención político: la ciencia no puede seguir su camino sola, sin estar sometida al control social. Claro, dentro de esta segunda cuestión está la perspectiva particular de Varsavsky, que era muy radical. Varsavsky era claramente un revolucionario.

–Era un revolucionario en una época en que se era revolucionario... No había fracasado todavía la revolución.

–Y evidentemente ahí están las consecuencias de la Revolución Cubana. En América latina, todo el mundo pensaba que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. En ese sentido, el discurso de Varsavsky está metido en una contradicción, que es la contradicción de la izquierda en su relación con la ciencia. Porque el pensamiento tradicional marxista era muy positivista en relación con la ciencia: el materialismo histórico se propone como modo científico de abordar la cuestión histórica y la revolución. Se podría decir que de alguna manera la visión de la ciencia del marxismo es conservadora. Varsavsky va a cuestionar esta objetividad. Y éste es el tercer punto, que yo llamaría “las intuiciones de Varsavsky”. Porque él no tenía grandes lecturas epistemológicas, no conocía debates que ya estaban en el aire (ya se había publicado el libro de Kuhn, algunas cosas de Feyerabend). Varsavsky rompe con la idea de neutralidad, de objetividad y de universalidad de un modo instintivo. No tiene un pensamiento sistemático sobre por qué la ciencia no es neutral, objetiva o universal.

–Bueno, mucha gente cree que la ciencia no es neutral, objetiva o universal...

–No tanta. Yo creo que Varsavsky expresa algo que provoca malestar en mucha gente. Porque la verdad es que para un científico de laboratorio, que trata todo el día con ADN, microbios, partículas, no hay “construcciones”: un gen es un gen, una molécula es una molécula... Varsavsky expresa un pensamiento muy molesto. Porque lo que dice es que la ciencia que tenemos no es adecuada para lo que decimos que sirve. Decimos que queremos tener una ciencia nacional que sirva al contexto en que está inserta, pero lo que hacemos es una ciencia internacionalizada que genera conocimiento que no se va a aprovechar acá. Lo que propone, entonces, es que no hay que estudiar los temas de acuerdo con lo que define la agenda internacional sino que hay que seleccionar los temas importantes. Pero no da ninguna pista de lo que es lo importante. Y ahí interviene su dimensión política: lo importante es lo que nosotros vamos a determinar. Esta crítica epistemológica es indisociable de la política.

–¿Y por qué lo eligen como prologuista? En fin, yo creo que, de alguna manera, usted es una continuación de esa postura. Digamos, ¿por qué cree que se le pide que haga una relectura de Varsavsky, 40 años después?

–Yo leí a Varsavsky a comienzos de los ’80. Después fui desarrollando un programa de investigaciones sociológicas o históricas. Pero en realidad mi lectura de Varsavsky la metía adentro de un paquete con otros especialistas de la época: Amílcar Herrera, Jorge Sabato. Después me olvidé de Varsavsky, y quise hacer un programa de investigaciones sociológicas e históricas sobre la ciencia argentina. Uno de los temas que siempre me preocupó fue la posición particular de América latina en relación con los centros hegemónicos de producción de conocimiento a nivel mundial.

–Creo que, de alguna manera, lo que usted hizo fue darle a esa intuición de Varsavsky el carácter de programa.

–Sí, ahora se podría decir que sí. Pero en su momento lo que quería hacer era un programa de estudios similar al de mis colegas europeos, para ver cómo se produce conocimiento en la Argentina. Y me di cuenta, releyendo a Varsavsky, de que algunas cuestiones que yo estudié de un modo sistemático (como las trayectorias de los investigadores o la discusión de cuál es el conocimiento legítimo, controversias en torno del uso de conocimiento) en realidad responden a intuiciones que Varsavsky ya había planteado en su momento. Posiblemente a mí me llamaron de la editorial porque encontraron una cierta familiaridad entre aquellas ideas de Varsavsky y algunos de mis textos.

–Pero, además, creo que usted extendió el concepto de “ciencia periférica”, que es de alguna manera la continuación de lo que Varsavsky dice. Porque esa idea que plantea una y otra vez es la idea de vanguardia en sociología o epistemología de la ciencia.

–Dos cosas diría. Una es una diferencia que puede parecer sutil: yo no hablo de centro y periferia sino de centros y periferias, en la medida en que hay centro y periferia incluso al interior de los países centrales. Un laboratorio en Dresden, Alemania, puede ser tan periférico respecto de Berlín como uno de Buenos Aires. Esas nociones de centro y periferia son las nociones de la época con las que Varsavsky trabajaba, pero creo que ahora son mucho más dinámicas. Eso lo hace más interesante, porque ya no se analiza “la ciencia” sino “los campos científicos”. La segunda cuestión es que hoy la revolución no está a la vuelta de la esquina. Para la generación que tiene mi edad, que es la misma que tenía Varsavsky cuando escribió el libro, es otro el contexto. El estaba pensando en qué hacer con la ciencia cuando llegara la revolución, cosa que ahora no estamos haciendo. Pero esos debates siguen teniendo una veta muy interesante, porque Varsavsky piensa que la ciencia tiene que estar al servicio de la revolución. Y otros, que también creían en la revolución, decían que el científico no es el sujeto histórico; el sujeto histórico es el pueblo, y el científico tiene que intervenir como sujeto histórico, no como científico con un saber privilegiado. Entonces lo acusaban a Varsavsky de tecnócrata. Nosotros ya no nos planteamos qué tiene que hacer la ciencia antes o después de la revolución. Pero el hecho de que no haya revolución no implica que tengamos que abandonar la pregunta por la función de la ciencia en las transformaciones sociales.

www.leonardomoledo.blogspot.com

Fuente: Diario Página 12 (Argentina). Miércoles, 29 de diciembre de 2010.

sábado, 25 de diciembre de 2010

Libro, Cultura Política en el Perú : tradición autoritaria y democratización anómica.

¡TODOS TIENEN SU CULTURITA!

A propósito del libro Cultura política en el Perú


Reseña por Rocío Silva Santisteban*

Portocarrero, Gonzalo, Ubilluz, Juan Carlos y Vich, Victor (Eds). Cultura Política en el Perú : tradición autoritaria y democratización anómica. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, 2009. 323 páginas.

En un mundo donde la mendacidad es en realidad la gran apuesta para salir victorioso según las reglas del cinismo criollo —el mundo de la política peruana—, la pretensión de los editores de este libro es verdaderamente ambiciosa y desafiante, sobre todo en medio de las diversas crisis de representación política en la actualidad: “Los editores de este libro pretendemos ante todo la veracidad” (p. 7). El objetivo es demasiado alto. ¿Se logra? Vayamos por partes.

Uno de las apuestas importantes del texto y de los editores es la persistencia en una metodología fundamental para entender los nudos políticos contemporáneos: la interdisciplinariedad, con todos los problemas que esto conlleva. Como los seminarios organizados por Gonzalo Portocarrero en ocasiones anteriores, con diferentes colaboradores, aunque siempre con Víctor Vich, Juan Carlos Ubilluz y Santiago López Maguiña, entre otros, este libro fue antecedido por un seminario previo y constante, cuyo propósito fue plantear diálogos entre áreas, generaciones y diferentes experiencias académicas de Lima y otras ciudades del Perú. Creo que los conversatorios previos, las discusiones y hasta las polémicas —alzadas de voz y lo demás— fueron un gran alimento para pensar al Perú como se debe: escuchando al otro académico en su insobornable alteridad.

El libro propone que la cultura política peruana se basa en tres pilares muy problemáticos: autoritarismo, corrupción y hegemonía del discurso neoliberal. Sostienen los autores que esta hegemonía ha exacerbado las dos características anteriores, en lugar de ayudar a desaparecerlas. La capitalización de un sector de la economía peruana ha implicado injusticia, subordinación a la acumulación (recordemos la fallida metáfora del chorreo durante el gobierno de Alejandro Toledo) y postergación del desarrollo humano. Es precisamente a partir de estas tres características que se le atribuyen a la cultura política peruana que se separan los ensayos del libro. Aunque considero que también hubieran podido tener otra clasificación: análisis de los medios, análisis de los conflictos sociales y análisis de los discursos políticos.

Desde mi área, uno de los elementos que más me llama la atención es la presencia de los medios de comunicaciones en casi todas las ponencias como el espacio donde se juegan los imaginarios políticos contemporáneos. El texto de García Llorens, por ejemplo, sobre el perro del hortelano, ese paradigma reactualizado por el presidente de la república en uno de sus acercamientos “intelectuales” a la opinión pública, pone de manifiesto una nueva manera de hacer política inusual en nuestros foros públicos, tan dados a la oralidad. Asimismo, Talía Chlimper analiza la blogósfera peruana como un lugar para ejercer la política y el análisis político con diversas y novedosas estrategias que permiten a voces singulares plantear sus opiniones con mucha mayor libertad que si lo hicieran desde un medio tradicional.

Incluso en la primera ponencia, “Los fantasmas del patrón y del siervo como desestabilizadores de la autoridad legal en la sociedad peruana”, cuya hipótesis principal es que los ciudadanos y las autoridades tienen una percepción cruzada de sí mismos como siervos y patrones, Gonzalo Portocarrero sostiene que la lógica autoritaria no es solo heredera de un autoritarismo histórico, sino sobre todo producto de una visión falseada de esta percepción cruzada que se acrecienta en la imagen que propagan los medios, tanto de las reacciones de los ciudadanos ante la injusticias del Estado —las tomas de carreteras son representadas en todos los noticieros como “pulsiones de la barbarie”— como ante la corrupción de los funcionarios —la descalificación de los políticos es homogénea, no hay matices, se les considera a casi todos unos ladrones que suben al poder para lucrar o llevarse los beneficios, como patrones contemporáneos, abusivos siempre—. Portocarrero matiza estas percepciones y sostiene que mientras el imaginario como estructura siga alimentando la idea de que las autoridades son abusivas, permaneceremos en esta lógica, la cual, según mi opinión, coadyuva a autovictimizarnos. Considero que es muy peligroso persistir en el tema de la victimización para hablar de amplios sectores sociales, sobre todo de aquellos que han sido afectados por el conflicto armado y muchas veces son congelados en identidades subalternas. Como sostiene Portocarrero: “Si nos vemos como víctimas, el otro tendrá que ser el déspota; y si percibimos al otro como déspota, entonces nosotros tendremos que ser las víctimas [...]” (p. 21). Pero a su vez el subalterno, aquel que se piensa desintegrado de la nación, organiza la mirada del otro como “déspota”, “patrón”, y son los medios, la prensa y la televisión quienes persisten en mantener una imagen del político como un sinvergüenza y la política como “el reino del cinismo y la inmundicia” (p. 22). Esta tendencia a degradar a los “hombres” públicos —seres humanos públicos debería decirse, siempre hay un toque de género excluyente inconsciente que se perdona— “lleva a legitimizar la transgresión”. Por eso mismo, sostiene Portocarrero, al final el dilema es el mismo en su condición perversa: o nos meten la yuca o metemos la yuca, no se puede ser “inocentón” (p. 25). Extrañamente hay políticos veteranos que vinculan la inocencia con la mujer soltera. Recordemos lo dicho por Bedoya Reyes sobre Lourdes Flores Nano: “Como es solterona es inocentona [...]” (y en realidad se supone que la estaba defendiendo). Precisamente el último punto de Portocarrero, un cabo suelto que quizás merecería una reflexión mayor, es que en la base del autoritarismo encontramos como elemento importante “el pánico al homosexual” (p. 27) o al espacio feminizado de lo público, representado por la pasividad del hombre subalterno. Sostiene Portocarrero: “La homofobia en los sectores populares no impide el regreso del homoerotismo bajo formas inesperadas. Por ejemplo, el hombre ‘activo’ en su relación sexual con otro hombre no es considerado homosexual sino que puede ser —incluso— valorado como ‘más hombre’. Así se legitima un cierto homoerotismo [...]” (pp. 27-28). No creo que esto se dé de esta manera: la relación sexual de un hombre activo con otro pasivo se legitima porque uno es el que penetra y no el penetrado: el tema álgido no es tanto el sexo de quien se encuentra en la relación sexual, sino el asunto de la penetración. Un “penetrado” es siempre abiertamente feminizado.

Esta reflexión nos lleva a la ponencia de Giancarlo Cornejo sobre otro tipo de construcciones políticas relacionadas con el poder sobre los cuerpos: “Sacando a la bestia del clóset: autoritarismo y homofobia”. Cornejo sostiene que la homofobia es una variedad del autoritarismo, en tanto que los gestos que lo definen son siempre la negación de la alteridad y del reconocimiento del otro. En este sentido, Cornejo aquí califica, un poco peligrosamente, la reacción del régimen de Fujimori al despedir a decenas de diplomáticos considerados “homosexuales” como un acto totalmente homofóbico-autoritario. Considero, en efecto, que el régimen fujimorista tenía demasiadas aristas autoritarias en todo el orden de lo social —recuérdese la forma como se esterilizaron a 300 mil mujeres bajo la careta de la protección de sus derechos—, pero este despido fue parte de una performance autoritaria mayor. Por otro lado, Cornejo también transita por los medios de comunicación para mostrar y demostrar las relaciones entre los imaginarios que alimentan la idea del homosexual vinculado a lo perverso, la muerte y lo abyecto. Para eso analiza varias noticias policiales sobre asesinatos de jóvenes homosexuales en diarios como El Trome u otros pasquines, y llega a la conclusión de que hay un imperativo detrás de estas noticias: todo hombre debe matar a su marica en tanto que la homosexualidad es una condición invivible (p. 71). La represión del deseo homoerótico, pero sobre todo, de lo femenino que podría escaparse en la actuación del rol de un hombre, con mayor énfasis en el espacio de lo público (el amor paternal, el cariño demostrado en público, la cercanía entre dos amigos), debe ser canalizado en función de que lo heterosexual es lo “natural”. El ejemplo de Chiquito Flores, intentando salir infructuosamente de esa imagen en la cual Magaly TV lo había atrapado —con toda la barra del estadio coreando “maricón” ante la televisión—, muestra de manera más uniforme esta relación entre autoritarismo y heterosexualidad normativa, entre lo queer (raro/maricón) como una forma de nominación que incluye una injuria en sí misma y el mandato de la virilidad; en este caso, como en otros, se podría decir, parafraseando un poema de Adrianne Rich, que “la fuente de mis heridas es la fuente de mi identidad”. Por eso mismo, Cornejo propone “sacarle la vuelta” a esta injuria del nombre (maricón) resignificando los nombres, y él mismo. En las páginas posteriores del libro, donde salen las notas “Sobre los autores”, se autodenomina “activista marica”. Esa nominación es algo más que un guiño; es la puesta en práctica de lo que propone en su texto desde una perspectiva teórica: es simplemente ser consecuente.

El tema de los medios también está presente en el texto de Gonzalo Gamio, que trata sobre la configuración malinterpretada de la idea de “reconciliación” que dieron muchos medios de comunicación, sobre todo los relacionados estrechamente con el régimen fujimontesinista. Precisamente, el autor sostiene que Federico Prieto Celi, uno de los periodistas más conservadores e involucrado con sectores corruptos de la prensa peruana, utiliza ciertas premisas cristianas y católicas para justificar el olvido: la memoria no sería en sí un trabajo de los ciudadanos, sino de los historiadores, de un grupo de profesionales, y además no sería tampoco una posibilidad viable desde el cristianismo. Gamio recuerda que la reconciliación no es perdón simplemente, sino interacción. A su vez, también comenta un artículo de Hugo Neira en su faceta de columnista para concluir que, precisamente, por una suerte de frivolidad de ciertos intelectuales en el uso del espacio letrado público —como son las columnas de opinión—, sostienen algunas ideas que quizás en otros espacios podrían profundizar con mayor fundamento, pero que al hacerlo a vuela pluma no terminan de organizar, y pueden ser demasiado polémicas, específicamente sobre el tema de la reconciliación más como un resultado que como un proceso.

El artículo centrado de manera más enfática en el tema de los medios como espacio donde se construye la cultura política es sin duda el que Juan Carlos Ubilluz le ha dedicado a Jaime Bayly: “El Francotirador: sobre humor y la tolerancia como arsenal político”. En él plantea algunas ideas que me parecen sumamente importantes para reconsiderar las formas como se organiza lo popular, las identidades políticas populares y los imaginarios en el Perú contemporáneo. En principio, las supuestas rupturas y transgresiones televisivas de Bayly para Ubilluz son en realidad simulacros, en el sentido que lo plantea Badiou, es decir, no generan un cambio como un “acontecimiento”, sino que se asemejan al cambio solo como estrategia para mantener el statu quo. Para Ubilluz, el populismo de Bayly es jerárquico, esto es, él se presenta ante sus “amigos populares” como Tongo desde una perspectiva del patrón, y el otro, su alteridad radical, Tongo por cierto, sería una especie de siervo-bufón: esta relación le sirve a Bayly para dejar en claro que si Tongo se sobreidentifica con su imagen televisiva, él mismo se distancia irónicamente (p. 157). La subjetividad que promueve Bayly es la del súbdito posmoderno criollo: su anhelo de ascenso se mantiene enlazado a la servidumbre frente al patrón burgués: “Dicho de otro modo, este sujeto persiste en creer que el Patrón es quien da, quien otorga, quien concede, no ya dádivas como en otras épocas, sino mayor remuneración, información privilegiada y también, por supuesto, la fama mediática [...]” (p. 158). En realidad, más que ironía se trataría de una especie de cinismo —el de Bayly—, que finalmente es el que revela los límites de su propia tolerancia, que sirven, según Ubilluz, para suturar la apertura a lo político desde una perspectiva más plural. En otras palabras, lo que hace Bayly “domingo a domingo”, como dice el autor del ensayo, es precisamente crear un “sujeto pueblo” que se vincula con la burguesía que representa Bayly desde esta lógica falsaria del doliente, siervo, humillado, tutelado en suma.

No he podido sino comentar un puñado de textos que me han motivado especialmente a partir del análisis de los medios, pero creo que sin duda alguna el libro llega a acercarse a su horizonte, aunque la veracidad siempre esté “más allá”, como el goce lacaniano, y siempre nos exija, entre la niebla y aunque parezca paradójico, una acción constante para reinventarla permanentemente. Hay una hipótesis final del libro que comparto plenamente: la reinvención de lo político/la política debe darse desde la politización de los márgenes, y así surgirán nuevos espacios de discusión de lo público, y por supuesto, búsquedas de salidas creativas y atípicas al malestar social que nos deja la hegemonía de un discurso neoliberal panamericano que, hoy por hoy, es solo un discurso político aburrido, pernicioso, pendejo, cínico y torpemente obsecuente.

*Doctora en Literatura, es profesora asociada de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Este artículo debe citarse de la siguiente manera:

Silva Santisteban, Rocío. “¡Todos tienen su culturita! A propósito del libro Cultura política en el Perú”. En Revista Argumentos, año 4, n° 3. Julio 2010. Disponible en http://www.revistargumentos.org.pe/index.php?fp_verpub=true&idpub=363 ISSN 2076-7722

Fuente: Revista Argumentos (IEP). Año 4, edición N°3 Julio 2010.

jueves, 23 de diciembre de 2010

El modelo corporativista, la esfera de los intereses particulares y el interés público y el rol "social" del capitalismo.

El retorno del corporativismo

Por: Mario Trinidad (Ex diputado socialista y escritor)

Del mismo modo que se dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios podríamos definir la política como una especie de guerra incruenta. Por eso los interesados se esmeran en aprender sus reglas. En particular aquella máxima del viejo maestro chino Sun Tzu que consideraba el engaño como el fundamento del arte de la guerra. O las de un compatriota suyo, el anónimo compilador de Las 36 estratagemas, que, ahondando en la misma idea, mostraba las ventajas que podían obtenerse en la batalla fingiendo atacar en un punto para golpear en el opuesto.

¿Por qué traemos estas sabias máximas a colación? Pues porque, preocupados por la ofensiva neoliberal de las últimas décadas, los ciudadanos no hemos prestado suficiente atención al devastador ataque que nos llegaba desde las filas de un neocorporativismo que, al menos en ciertos aspectos, es casi lo opuesto al liberalismo.

Porque si bien es cierto que las sucesivas oleadas privatizadoras se amparan todas en la ideología liberal del Estado-gendarme, únicamente preocupado por el mantenimiento de la ley y el orden, sería injusto reducir a esa fórmula el credo liberal. Uno de los mejores legados del liberalismo clásico es la tajante distinción que estableció, al menos en el plano doctrinal, entre la esfera de los intereses particulares y el interés público. Los primeros son asunto de los individuos o de lo que se denomina la sociedad civil, mientras que la defensa del segundo atañe al Estado.

Fue justamente esa distinción la que se esforzaron en borrar los regímenes corporativos que cambiaron el mapa político europeo a partir de la década de 1920, con el fascismo italiano como iniciador de una trayectoria que no se cerraría hasta el final de las dictaduras portuguesa y española a mediados de los setenta. Los regímenes corporativos auspiciaban una nueva doctrina sobre los fines del Estado, que asumía como propios los intereses de los distintos sectores económicos e integraba a los representantes de estos en el aparato estatal, en funciones consultoras, reguladoras, de arbitraje, etcétera. Es para referirnos a ese modelo político para lo que utilizamos el término corporativismo; no en el más habitual de defensa cerrada de los intereses de un grupo profesional.

El corporativismo nunca desapareció del todo de una cultura política como la española, tan influida por la Iglesia católica, para la que en un cierto momento el ideal corporativo fue algo así como la doctrina política oficial. Pero su retorno al primer plano se ha visto impulsado por los dos cambios institucionales más importantes que ha experimentado nuestro país en el último cuarto de siglo: el ingreso en la Unión Europea y el desarrollo de las Comunidades Autónomas.

La primera ha legitimado una idea que figuró siempre entre las más queridas por los teóricos y los políticos del corporati-vismo: la del gobierno de los técnicos.

Sin que ninguna de las fuerzas políticas europeas con capacidad de decisión lo haya puesto nunca seriamente en tela de juicio, salvo los euroescépticos británicos, la Unión Europea ha supuesto la entronización de un supergobierno, formado por la Comisión y las reuniones de ministros sectoriales, que pretende situarse al margen de la política (normalmente una coartada para esconder opciones conservadoras) y que es prácticamente irresponsable: el sueño de todos los gobernantes autoritarios.

En cuanto a esa seña de identidad del modelo corporativo que es la desaparición de la frontera entre lo privado y lo público, ahí está la legitimación de los grupos de interés en los mecanismos de toma de decisiones en Bruselas, o el ejemplo de la Política Agraria Común, el corazón de la política comunitaria, que es un verdadero jardín en el que florecen los intereses de una categoría particular de ciudadanos, y en especial de los más pudientes entre ellos, elevados a la categoría de interés general.

Por lo que se refiere a nuestras Comunidades Autónomas, su entusiasmo, digamos, identitario, no se ha quedado en puras proclamas románticas, sino que está inspirando políticas en el terreno económico cuyo norte es primar, siempre que se pueda, a las empresas locales, mimetizando así el nacionalismo económico que era otra de las señas de identidad del viejo corporativismo. Con la ventaja de que lo que podía ser mirado con sospecha cuando se hacía en nombre del nacionalismo español, queda santificado si la inspiración es el andalucismo, el catalanismo, etcétera.

Por ejemplo, en el caso que tengo más cerca, la Junta de Extremadura vive un permanente idilio con las empresas extremeñas, sobre todo cuando estas se integran en asociaciones (llamadas clusters en algunos casos, sin duda porque el nombre resulta más moderno dicho en inglés) que pueden ser tuteladas por el Gobierno regional. Naturalmente la contrapartida de todo ello son las subvenciones con fondos públicos, que se han convertido en un instrumento privilegiado de la acción de gobierno.

El último paso en esta dirección, y aparentemente el más ambicioso desde el punto de vista político, es el proyecto de ley de Responsabilidad Social Empresarial presentado por el Gobierno regional al Parlamento extremeño. Según el resumen que ofrecía el suplemento de Negocios de este periódico (EL PAÍS, 10-10-2010), el proyecto de ley tiene por objeto promover la responsabilidad social de las empresas extremeñas. Estas pueden alcanzar la calificación de "empresa socialmente responsable" cumpliendo una serie de requisitos e inscribiéndose en un registro; lo que en su momento les dará derecho a subvenciones, beneficios fiscales y prioridad en la contratación pública. El proyecto también prevé la creación de un Consejo autonómico para el fomento de la responsabilidad empresarial. Ningún teórico del corporativismo hubiera soñado con algo mejor.

¿En qué sentido este renacimiento del corporativismo, en un contexto afortunadamente muy diferente de sus orígenes en la Europa de 1920, constituye una amenaza?

La amenaza más directa procede de sus tendencias antidemocráticas, como ponen de manifiesto los mecanismos de gobierno de la Unión Europea. Es un tema al que nuestros políticos suelen referirse, en tono compungido, con el eufemismo del "déficit democrático" de las instituciones europeas. Aunque pese a esos lamentos, el mentado déficit tiene todos los visos de durar, por lo funcional que resulta para los Gobiernos nacionales, que con frecuencia usan a Europa como coartada para tomar decisiones impopulares. Además, frente al darwinismo económico de los liberales, que apuesta por la supervivencia de los más aptos, o el afán reformista o revolucionario de la izquierda, el corporativismo es una doctrina defensiva de los intereses establecidos. Y una mentalidad defensiva no parece lo más adecuado en tiempos de cambio acelerado.

Pero hay más. El corporativismo supone una visión idealizada del mundo de las relaciones económicas, que pretende que los agentes económicos, gracias a su integración en las instituciones públicas, o a su conversión a la ideología de la responsabilidad social, como veíamos en la ley extremeña, se convertirán automáticamente en impulsores del bien común y no en esos potenciales corruptores de los agentes públicos que los liberales temían, y de ahí su insistencia en la tajante separación de lo público y lo privado.

Los abundantes casos de corrupción de políticos que la actualidad nos sirve día tras día muestran sin embargo que el pesimismo de los liberales tiene más base que el, llamémoslo así, optimismo de los corporativistas. Y que los recelos respecto al papel social de los capitalistas, característicos del periodo obrerista de la izquierda, no estaban del todo desprovistos de fundamento.


Fuente: Diario El País (España). 23/12/2010.

lunes, 20 de diciembre de 2010

Encuentro internacional progresista sobre los retos políticos de la próxima década (Nueva York). Fundación IDEAS y el Center for American Progress.

Progreso global para todos

Por: Jesús Caldera (Vicepresidente de la Fundación IDEAS) y John Podesta (Presidente del Center for American Progress).

A punto de cerrar 2010, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre los retos de la próxima década y la forma en la que los progresistas queremos abordarlos. Por eso, la Fundación IDEAS y el Center for American Progress organizaron recientemente un encuentro internacional en Nueva York al que asistieron líderes de primer nivel como Clinton, Blair, González o Rasmussen. Los reunidos establecieron un diálogo intergeneracional fructífero del que ya pueden extraerse algunas conclusiones.

En primer lugar, compartimos que el origen de la crisis se debe al reciente periodo de políticas conservadoras y neoliberales. Los líderes reunidos fueron protagonistas de las mejores políticas progresistas durante los años noventa. Obtuvieron logros ampliamente reconocidos en términos de crecimiento económico, empleo, equilibrio de las finanzas públicas y cohesión social. El camino para conseguirlo fue la promoción de los mercados inclusivos, de la responsabilidad social de las empresas, la profundización en la calidad democrática y el desarrollo de un Estado generador de nuevas oportunidades y mejores garantías sociales. Como resultado, una mayoría de ciudadanos comenzó a vivir mejor y a mirar de forma más optimista al futuro.

Sin embargo, tras los atentados del 11-S, las fuerzas neoconservadoras encontraron la posibilidad de desarrollar una agenda mucho menos ambiciosa para las aspiraciones de la mayoría y concentrada en el populismo político, el proteccionismo económico y la desconfianza social entre los seres humanos. En términos políticos, se amplió la desregulación financiera, proliferaron los intereses corporativos y se redujo el apoyo a los más débiles, mientras se construía una nueva ilusión financiera. Y en términos anímicos la sensación de riesgo y temor aumentó. Allí se incubó la crisis que hoy vivimos, no solo en su dimensión económica, sino también en su fuerte dimensión social y medioambiental.

En segundo lugar, nuestros debates coincidieron en otra importante conclusión. Hoy vivimos en un contexto mucho más complicado, porque a los problemas descritos se unen transformaciones estructurales asociadas a la catástrofe climática, los movimientos demográficos y los cambios tecnológicos. Además, el tablero de juego para encontrar nuevas soluciones ya no es local sino global. El reto de los progresistas hoy consiste en contrarrestar las políticas conservadoras de recortes dañinos e injustificados con una agenda de reformas innovadora que ofrezca un futuro mejor. Y, mientras aprendemos de las experiencias de nuestros éxitos pasados, no debemos sucumbir al deseo nostálgico de proponer las políticas que tuvieron éxito en un mundo que ya no volverá.

Nuestro encuentro no quedó en la resignación. Ante las dificultades no podemos esconder la cabeza o reducir nuestra acción a la defensa de conquistas pasadas. La salida no está en el proteccionismo, ni en el miedo a las economías emergentes, ni en el desprecio a la diversidad cultural, ni en los recortes hacia los más débiles. Esa es la agenda del inmovilismo conservador, y los progresistas nos caracterizamos por la mirada audaz y responsable hacia adelante. Nuestras respuestas siempre han tenido éxito cuando han ofrecido una visión optimista de un futuro basado en los valores de la libertad, la justicia social, las oportunidades y la convivencia. Esos valores siguen siendo fundamentales y por ello nuestra tarea más urgente es encontrar los nuevos instrumentos que hagan posible su plena realización.

En primer lugar, coincidimos en que la austeridad fiscal es bienvenida siempre que los esfuerzos estén repartidos entre todas las capas sociales, y siempre que generen espacio fiscal para acometer las inversiones económicas y sociales del futuro.

En segundo lugar, esa austeridad no es un fin en sí mismo, sino que debe ir acompañada de reformas en una economía más sostenible y en una nueva sociedad que conceda oportunidades a todos. Las nuevas industrias verdes, la expansión de los sectores dedicados a la cohesión social, y el apoyo a todas las innovaciones tecnológicas son políticas muy rentables económicamente si están diseñadas con un enfoque dinamizador. Es la clave para recuperar el empleo y aumentar la calidad de vida de la clase media.

Y por último, si queremos que los cambios tengan un carácter progresista y mejoren la seguridad de todos, precisaremos una cooperación institucional, una mejor gobernanza global y una mayor solidaridad internacional.

Los progresistas ya se han enfrentado muchas veces en la historia al reto de restaurar la esperanza y las oportunidades y volveremos a hacerlo. En esta ocasión, no lo haremos de forma aislada, sino en asociación con los demás. Porque, aunque aún las decisiones políticas sean locales, todos los problemas y las soluciones son globales. Queremos que esta nueva iniciativa de Progreso Global, que volverá a reunirse en Madrid en la próxima primavera, sea el foro adecuado para articular todas esas respuestas de futuro de forma compartida. Y haciendo honor a la mejor tradición progresista, invitamos a todos a aportar su esfuerzo y sus mejores ideas en este proceso que ahora comienza.


Jesús Caldera es vicepresidente de la Fundación IDEAS. John Podesta es presidente del Center for American Progress. También lo firman Carlos Mulas, director ejecutivo de la fundación, y Matt Browne, investigador del centro. Este artículo marca el lanzamiento de la nueva Iniciativa de Progreso Global, organizada por ambas instituciones.

Fuente. Diario El País (España). 20/12/2010.

viernes, 17 de diciembre de 2010

La diferenciación de campos entre la derecha y la izquierda. La combinación entre la justicia y la libertad.

Alianzas y planchas

Por: Sinesio López Jiménez (Sociólogo)

Antes los partidos se unían o se separaban de acuerdo a las ideologías. Cuando se desideologizaron un poco, la unidad o la diferenciación dependía de los programas. Contaba también la organización. Con el colapso de los partidos, la unidad y la separación de estos dependen de criterios pragmáticos. Lo que se mantiene, sin embargo, es la diferenciación de campos entre la derecha y la izquierda. ¿Cuál es el criterio que los diferencia? De acuerdo a Norberto Bobbio, la separación de los campos entre la derecha y la izquierda es la justicia. Bobbio pensaba también que la ubicación precisa dentro de esos campos depende de la combinación entre la justicia y la libertad. El creía que “no hay libertad sin justicia social ni justicia social sin libertad”. A la ultraderecha no le interesan ni la libertad ni la justicia: sólo el orden a palos. La centroderecha enfatiza la libertad sobre la justicia.

A la ultraizquierda sólo le interesa la justicia aún a costa de la libertad. La izquierda enfatiza la justicia respetando la libertad. Se supone que la centroizquierda equilibra ambos valores. Los que niegan la diferenciación de estos campos son generalmente de derecha.

¿De qué dependen actualmente las alianzas? Mi hipótesis es que las actuales alianzas (en la derecha y en la izquierda) dependen de la valla según la cual los partidos que sobreviven, luego del proceso electoral, son aquellos que superan el 5%. Las alianzas son las combis que permiten a los partidos pasar el puente y llegar al Congreso. La valla cuenta porque ayuda a superar la fragmentación de las organizaciones políticas. Mi hipótesis es que cuenta poco porque, pasado el proceso electoral, se produce de nuevo el rompanfilas. Pero algo es algo: la valla reduce temporalmente la fragmentación, baja los costos del elector, pero no ayuda a la gobernabilidad como esperaban sus diseñadores. Además de la valla, cuenta la calidad del líder que encabeza la alianza: capacidad de comunicación, carisma, experiencia exitosa de gobierno o de oposición a gobiernos corruptos, la confianza y la credibilidad. El buen líder es la locomotora que lleva a los vagones hasta el paradero del gobierno y el Parlamento. En la nueva forma de representación personalizada de estos tiempos cuenta mucho la confianza que el candidato inspira a los electores.

La valla y la calidad del líder cuentan más para alianzas horizontales de los mal llamados partidos nacionales, pero cuentan menos para las alianzas verticales (líder nacional y movimientos regionales) en las que importa la calidad del líder, pero no la valla. ¿La formación de las planchas presidenciales se guía por algún criterio? Se supone que la plancha perfila mejor el rostro del candidato para los electores y mejora, por tanto, su calidad frente a ellos. Eso depende de criterios subjetivos de los integrantes de la alianza y del candidato a la presidencia. Los integrantes de la plancha presidencial son símbolos, avisos e indicaciones que las alianzas quieren transmitir a los electores. La plancha de García en el 2006 que integraba a dos fujimoristas (un marino y una mujer), por ejemplo, era una invitación a los fujimoristas a votar por él y un anuncio de su futuro cogobierno. ¿Cuál es el significado de la actual plancha fujimorista? ¿Qué significa Rey en esa plancha? Un personaje tan controvertido como él puede transmitir los sentidos más opuestos a los electores.

Por declaraciones de su coordinador general Gustavo Guerra-García, nos enteramos que Fuerza Social ha añadido un tercer criterio para formar su alianza con el MNI y con los fonavistas: aislar a Ollanta. Susana comparte el mismo objetivo, pero no está de acuerdo con la alianza con el MNI. Todo eso ha generado una crisis en la Alianza Fuerza Social. ¿En que terminará? Mi hipótesis es que la alianza se va a mantener por criterios pragmáticos de la valla, pese a la discrepancia en el objetivo de aislar a Ollanta por parte del MNI. Me sorprende que FS comparta el mismo objetivo de la derecha. Ya sabemos, por tanto, lo que va a pasar en la segunda vuelta.


Fuente: Diario La República (Perú). Vie, 17/12/2010.

viernes, 10 de diciembre de 2010

La aplicación de la jurisdicción universal y la lucha del juez Garzón.


Garzón y la universalidad del derecho a la verdad

Por: Leandro Despouy
Auditor general de la República Argentina y fue relator especial de la ONU sobre la independencia de la justicia. Premio Justicia en el Mundo 2008.

Es desconcertante que el magistrado sea juzgado por lo mismo que, de su mano, España exportó a América Latina: perseguir hasta el final a quienes habían cometido los mismos crímenes que perpetró el franquismo

Aunque previsible, resulta asombroso el impacto que ha tenido en la opinión pública internacional la suspensión y el enjuiciamiento posterior del magistrado andaluz Baltasar Garzón. Pero lo más llamativo continúan siendo las múltiples y desconcertantes acusaciones que se le formulan aunque, claro está, todas se enlazan con aquella originaria presentada por los grupos de ultraderecha, que marcó con nitidez la impronta ideológica de las sucesivas denuncias.

Lo cierto es que juristas, políticos, intelectuales, numerosas víctimas y ciudadanos del mundo entero siguen con creciente inquietud las noticias procedentes de España a la espera de un veredicto que defina la situación de quien supo darnos tan buenas y alentadoras noticias como fueron el pedido de extradición de Pinochet o el impulso de las causas contra los argentinos Ricardo Cavallo, Adolfo Scilingo y otros. Además lo hizo, en todos los casos, avalado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional español que, por ejemplo, declaró competente la jurisdicción española para el juzgamiento de masacres cometidas en Guatemala hace décadas. En su coherente aplicación de la jurisdicción universal, Garzón y España aportaron al mundo valiosos precedentes en el campo de los derechos humanos y en particular en la realización del derecho a la verdad en tanto que derecho inalienable e imprescriptible cuya exigibilidad jurídica alcanza a todos los Estados.

Como relator especial de la ONU tuve a mi cargo, en 2006, la redacción del informe en el que el derecho a la verdad fue formalmente reconocido (E/CN.4/2006/52). Dos párrafos de ese informe (30 y 34) destacan con interés la situación de España. Todavía recuerdo el entusiasmo con que muchos diplomáticos en Ginebra, entre ellos algunos españoles, celebraron su aprobación en la Comisión de Derechos Humanos -hoy Consejo- de las Naciones Unidas.

Un nuevo clima se vivía en el mundo. Teníamos la sensación de haber hecho retroceder las murallas de la impunidad hasta lograr el derrumbe del negacionismo. La verdad comenzaba a recorrer los mismos senderos de exigibilidad que el derecho a la justicia, y la memoria se transformaba en uno de los motores más genuinos de la reconstrucción histórica.

Cuando se aprobó mi informe, en España se había encomendado a la entonces vicepresidenta de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la tarea de articular la comisión encargada de restablecer la memoria sobre los crímenes del franquismo. No obstante los importantes avances producidos, ese loable propósito valorado por las víctimas ha ido encontrando graves dificultades, crecientes obstáculos sembrados para silenciarlo. En este contexto, las acciones contra Garzón representan, para muchos, una suerte de contragolpe de la historia y la valiente trayectoria del magistrado agiganta aún más los enigmas que envuelven su enjuiciamiento.

Injusta, sorprendente e ingrata paradoja del destino. España construyó prestigio en el campo de los derechos humanos enarbolando los principios de la jurisdicción universal de los que Baltasar Garzón es un noble exponente, pero al obrar de esta manera se presenta ante el mundo como todo lo opuesto, olvidando que uno de los relatos míticos que más la identifica pondera la hazaña de quien ganó una batalla decisiva solo con su leyenda. Hoy, más que los valores de El Cid, lo que muestra ese relato es que las causas trascienden a los hombres y que de poco sirve aniquilarlos física o moralmente porque quienes han hecho historia perduran en ella.

Si la ONU reconoció en 1985 el terrible Genocidio de los armenios entre 1915 y 1923 a pesar de la tenaz oposición de la diplomacia de Turquía, y más recientemente la Comisión Europea (2007) y el Parlamento Europeo (2010) condenaron la subsistencia del artículo 301 del Código Penal turco que castiga su mención y por el que centenares de intelectuales -tal el caso del premio Nobel Orham Pamuk- son reprimidos en ese país, ¿cómo no considerar válida y legítima la reconstrucción histórica de los crímenes del franquismo en un país europeo y democrático como España?

Es un tanto sugestivo y desconcertante que Garzón sea juzgado por lo mismo que, de su mano, España exportó a nuestra América Latina no hace tanto tiempo: el noble servicio de perseguir hasta el final a quienes habían cometido los mismos crímenes que perpetró el franquismo. Ironías aparte, parece un revival de la historia, en el que los espejitos de colores solo se pueden vender en las colonias, pero se prohíben y castigan severamente en la metrópoli.

Resulta llamativa esta férrea resistencia a incursionar en la memoria desde el mundo del derecho. ¿Abarca la negativa al conjunto del pueblo español o se ha incrustado en un sector retrógrado de la sociedad? ¿Teme la justicia española el impacto moral de reconocer la aberración jurídica propia de hechos que muchos califican de genocidio? ¿O acaso teme que se desvele que aquella sangrienta contienda fue, más que una guerra civil, una auténtica cacería que se prolongó por décadas? Cada día resulta más difícil imaginar que una sociedad pueda considerarse madura si desconoce aspectos trascendentales de su propia historia. El carácter inexorable del conocimiento de la verdad nos permite afirmar, desde una perspectiva histórica, que verdad, justicia y reparación son componentes inescindibles de una sociedad democrática, y que, lejos de debilitarla, la nutren y la consolidan.

En la Argentina se juzgó a los principales responsables del plan de exterminio organizado por el terrorismo de Estado en el célebre e inédito juicio a las tres primeras juntas militares que ocuparon el poder entre 1976 y 1983, y aunque más tarde se establecieron límites a la persecución penal con las leyes de "punto final" y de "obediencia debida" y el presidente Carlos Menem indultó a todos los que habían sido condenados o estaban por serlo, nada impidió que 30 años más tarde la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara la nulidad de esas medidas legales y reencauzara el juzgamiento de esos crímenes. Incluso bajo la vigencia de los decretos de indulto y amnistía, los jueces siguieron adelante con los famosos "juicios de la verdad", que permitieron profundizar las investigaciones aun cuando el Estado había renunciado transitoriamente a la pretensión punitiva. Jamás, en democracia, un juez fue acusado de prevaricar cuando reclamaba esta apertura o declaraba la inaplicabilidad de las leyes, o exigía que la investigación sobre la suerte de los desaparecidos siguiera su curso. Tampoco se le imputó tamaño improperio a la Corte Suprema de Justicia que reabrió las causas y posibilitó el castigo irrestricto de todos los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

España por la aplicación progresiva de la jurisdicción universal y Argentina por el reconocimiento absoluto del derecho a la verdad conforman los principales precedentes internacionales y nacionales, respectivamente, de un juzgamiento ejemplar de los crímenes contra la humanidad. Recientemente, a partir de una querella de las víctimas, la justicia argentina ha formulado un requerimiento para juzgar los crímenes del franquismo en aplicación de la jurisdicción universal. ¿Cómo responderá España? ¿Va a investigar a pesar de la amnistía de 1977 o dirá que esta última le impide hacerlo y, de esa manera -en un acto de involuntaria reciprocidad- abrirá los cauces de la jurisdicción argentina?

Inspirada en la aplicación de una doctrina universal, España ha sido el país que con mayor fuerza y coherencia ha solicitado a otros Estados el esclarecimiento de la suerte corrida por los españoles víctimas de estos crímenes fuera de sus fronteras. Cada año, en Argentina, la Embajada de España recibe la cálida y conmovedora visita de los familiares de españoles allí desaparecidos. La pregunta es si seguirá haciéndolo. ¿Tendrá España la autoridad moral y la misma fuerza que ahora para reclamar ante los gobiernos? ¿Serán sus reclamos tan eficaces e imperativos como lo han sido hasta el presente?

El impúdico strip tease informático con que Wikileaks desnuda las frivolidades de la diplomacia internacional, confirma con crudeza que las lacerantes comprobaciones que realizáramos cinco expertos de la ONU (E/CN.4/2006/120 ) sobre la situación de los detenidos en la Bahía de Guantánamo eran el resultado de una planificación estatal que comprometía y compromete a individuos determinados como responsables de violaciones gravísimas de los derechos humanos susceptibles de ser calificadas de "crímenes contra la humanidad". Ello explica las encarnizadas batallas de la diplomacia estadounidense contra la aplicación de la jurisdicción universal y la lucha de Garzón. Más aún, los cables confirman que en este combate los enemigos nacionales cuentan con poderosos aliados en el nivel internacional. Léase Bush, Rumsfeld y compañía

Los jueces españoles tienen el deber moral de evaluar las previsibles consecuencias que tendrá en el mundo tamaño retroceso, no solo en el campo de los derechos humanos, sino también en la imagen y credibilidad del país. Nadie entiende el espanto que despierta en algunos sectores del pueblo español revisar hechos mucho más lejanos que los nuestros, sobre todo, luego de haber estimulado y acompañado con éxito una experiencia como la argentina, donde el esclarecimiento del pasado fecundó y fortaleció nuestra transición democrática.

En cualquier caso, es legítimo preguntarse cuántos años más podrá la cultura española continuar cerrando las ventanas a su propia historia. Tal vez una década o dos. Mientras tanto, es importante para todos que en esta larga y postergada toma de conciencia no perdamos, por necedad o ingratitud, a nuestros principales baluartes.

Fuente: Diario El País (España). 10/12/2010.

Recomendado:

El caso del genocidio / crímenes de lesa humanidad del franquismo y la persecusión al juez Garzón.

sábado, 20 de noviembre de 2010

Entrevista a Felipe González: "La democracia se ha convertido en mediocracia, en los dos sentidos: democracia mediática y mediocre".

Creo en la economía de mercado y no en la sociedad de mercado (...)

Habla Felipe

Por: Aldo Mariátegui (Periodista)

Presento algunos deliciosos pedazos de una reciente entrevista al brillante ex gobernante español Felipe González:

"Que se viven los primeros veinte años y se sobrevive el resto (...) Las memorias políticas suelen ser un ejercicio de exculpación de uno mismo y de culpabilización de los otros. Y también hay cosas que no puedes contar. En las luchas de poder, las relaciones son subterráneas: las cuatro quintas partes, como en el iceberg, no se ven. Hay excepciones como la del Vaticano, donde todo es subterráneo. (...) Ponte en la piel de Obama, con el aparato de seguridad que recibió de Bush... Ese hombre creía que podía resolver Guantánamo en 10 meses (...) Han habido demasiados vuelos clandestinos, demasiadas cárceles secretas y muchas de las personas que estuvieron en eso forman parte ahora de sus servicios de inteligencia. Incluso en las democracias más consolidadas ha habido siempre una lucha subterránea entre el poder civil y el militar, o el de los servicios (...) No creo en el fin de la historia, al contrario, estamos comenzando la historia. Hay dos interpretaciones, la de que estamos intentando anticipar futuro en medio de la bruma por los cambios rápidos y profundos que se están produciendo, y, otra, la de quienes dicen que hay una nueva era medieval desde el punto de vista de la estructura política y la distribución del poder (...) me produce muchísima más inquietud que consagremos el derecho a la propiedad como un derecho inviolable, y que menospreciemos que la propiedad más noble que existe -y que cuando te la quitan, para entendernos, es más alienante- es la propiedad intelectual (...) No digo que no pueda existir una organización de la sociedad sin mercado, pero no veo un sistema en el horizonte (...) algo que sea una sociedad en la que se elimine la libertad de iniciativa económica de los seres humanos, que es lo que produce el mercado. Me parece una libertad tan básica como la libertad de creación (...) Lo que pasa es que como nunca enfocamos el mercado así, siempre lo vemos como una abstracción que está fuera de nosotros. Creo en la economía de mercado y no en la sociedad de mercado (...) En lugar de dictar tú la norma para que el mercado funcione, el mercado te impone la norma para sobrevivir (que, por cierto, es la ausencia de norma). Y eso es lo peor, porque el mercado sin reglas te pide hoy lo contrario de lo que te va a pedir mañana (...) Y una vez que pongo ese dinero, puro erario público, puro endeudamiento, y usted ya está rescatado, ahora me exige que reduzca dramáticamente el déficit y el endeudamiento al que he llegado para rescatarlo. Me pide que me endeude y después me exige que me desendeude o me penaliza (...) los infiltrados que funcionaban para la policía, previo pago de su importe, en la lucha contra el terrorismo, tenían que firmar los recibos del dinero que les daban. ¡Hasta ese ridículo hemos llegado en nuestro país! (...) Tuve una sola oportunidad en mi vida de dar una orden para liquidar a toda la cúpula de ETA. (...) Nuestra gente había detectado -no digo quiénes- el lugar y el día de una reunión de la cúpula de ETA en el sur de Francia. (...) En aquel momento sólo cabía la posibilidad de volarlos a todos juntos en la casa en la que se iban a reunir. Ni te cuento las implicaciones que tenía actuar en territorio francés, no te explico toda la literatura, pero el hecho descarnado era: existe la posibilidad de volarlos a todos y descabezarlos. La decisión es sí o no. Lo simplifico, dije: no. Y añado a esto: todavía no sé si hice lo correcto. No te estoy planteando el problema de que yo nunca lo haría por razones morales. No, no es verdad. Una de las cosas que me torturó durante las 24 horas siguientes fue cuántos asesinatos de personas inocentes podría haber ahorrado en los próximos cuatro o cinco años (...) En España siempre hemos sido muy frágiles en información, en inteligencia, en la mayor parte de los casos nuestra inteligencia ha dependido de los militares (...) Nosotros no hemos tenido catedráticos de Universidad en inteligencia o altos funcionarios, como ha ocurrido siempre en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque los servicios de inteligencia, el espionaje, nos parece una tarea sucia. Y lo es. Eso está mucho más claro en el pensamiento de la izquierda. La izquierda comunista la considera una actividad repulsiva y vergonzosa, salvo cuando está en el poder (...) También por una cierta banalización de la política que sigue a la opinión pública y, por tanto, que contradice la consistencia de cualquier proyecto (...) Lo que quiere decir que si estás haciendo 'seguidismo' de la opinión pública, estás banalizando el debate político hasta el punto de que no puedes desarrollar proyectos políticos que a veces van contracorriente de la opinión pública (...) me encontré por casualidad en el aeropuerto de Washington con Henry Kissinger, y me dijo él: "Mira, Felipe, la política ya está en manos de gente que te hace discursos seudoreligiosos y simplistas y que son más bien ofertas de venta de electrodomésticos" (...) La democracia se ha convertido en mediocracia. En los dos sentidos: democracia mediática y mediocre. Personas que van a programas llamados del corazón, en los que confunden los asuntos de cama de no sé quién con un debate político serio, no me parece aceptable (...) pero a un programa que mezcla las historias de intimidad exhibida con el debate político, es peligroso. Es la servidumbre de creer que la opinión está ahí (...)".

Fuente: Diario Correo (Perú). 10 de Noviembre del 2010.
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sábado, 30 de octubre de 2010

Néstor Kirchner y el distanciamiento del monetarismo económico y el seguimiento a Washington.

Kirchnerismo

Por: Isaac Bigio (Internacionalista)

Kirchner, pese a haber llegado en el 2003-2007 al poder con pocos votos, se tornó popular queriéndose convertir en el factor que una a los oponentes de Menem. Se alineó con los nuevos gobiernos izquierdizantes electos en la región para aplicar nuevas medidas económicas heterodoxas que sacaron a Argentina de su prolongada depresión de 1998-2002 e incentivaron el consumo, gracias a lo cual su país creciera con cifras cercanas a los dos dígitos anuales.

Al concluir su cuatrienio, él no quiso postular a la reelección (que bien pudo haber ganado, al igual que otros nacionalistas latinoamericanos como Chávez, Correa, Lula o Morales) para poder apoyar a que su esposa le releve en el cargo ganando la siguiente elección, cosa que él fue el primero en hacer a nivel mundial.

Kirchner era un hombre que buscaba una vía intermedia entre el pasado "antiimperialista" del primer peronismo y el "pro imperialista" del segundo peronismo.

Él se distanció del monetarismo económico y el seguimiento a Washington por parte del ex jefe de su partido (Menem), pero no se integró al ALBA ni se autotituló "socialista".

Él hizo que Argentina fuera el primer país de cierta estatura en hacer un temporal "default" al FMI, tomó medidas populistas y se convirtió en uno de los paladines del nuevo nacionalismo pan-latinoamericano que fue chocando contra Bush.

Sus críticos por la derecha le cuestionaban haber deteriorado relaciones con el FMI, Uruguay, EE.UU., Gran Bretaña y varias corporaciones y haber desalentado a los exportadores agropecuarios. La izquierda le cuestionaba ser moderado en cuanto a los temas de derechos humanos y nacionalizaciones, mientras que una semana antes de su fallecimiento uno de sus activistas (Mariano Ferreira) fue asesinado por matones sindicales peronistas.

Con sus medidas iniciales, él pudo torear una fuerte crisis social, aunque su régimen ha venido confrontando con las presiones de quienes piden un curso más ortodoxo en la economía.

Los Kirchner implantaron un modelo único en el mundo. Mientras que otros partidos se preservan en el poder con nuevos delfines del presidente saliente (Brasil), reeligiendo a sus mandatarios (Venezuela, Ecuador, Guyana o Bolivia) o haciendo ambas cosas (Colombia), el kirchnerismo buscaba alterar a uno u otro esposo al mando de la Casa Rosada.

Hoy Néstor ya no podrá querer reemplazar a su señora, la cual podría apuntar a querer ser la primera presidenta que quiera ser reelecta por voto directo en las Américas.

Fuente: Diario Correo (Perú). 30 de Octubre del 2010.

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Néstor Kirchner y la Izquierda latinoamericana: juntar lo que une y discutir las diferencias.

Kirchner: ¿moderno o tradicional?

Por: Alberto Adrianzén M. (Sociólogo)

Quien haya visto y seguido el entierro del expresidente Néstor Kirchner bien se puede preguntar si aquella división entre una izquierda moderna y otra tradicional tiene sentido. Kirchner fue un mandatario calificado por la derecha y por algunos izquierdistas modernos, como de “autoritario”. A esta visión contribuyó también un sector académico –que está más cerca de los libros que de la realidad– que le sumó el mote de “populista”. Kirchner fue ubicado así en ese grupo de líderes “autoritarios y populistas”, como Chávez, Morales y Correa, por su política confrontacional, antineoliberal, sin dejar de mencionar las acusaciones de corrupción y de tener un proyecto familiar. Sin embargo, cuando uno observa el llanto de Lula, de Chávez o de Correa durante este entierro histórico y multitudinario, uno se vuelve a preguntar si estos mismos líderes de izquierda se sienten tan distantes uno del otro. ¿Existe realmente una izquierda moderna y otra tradicional?

Es cierto que entre ellos existen diferencias que obedecen a diversos factores que van desde el temperamento personal hasta los contextos nacionales y las tradiciones políticas, que imponen talantes y carismas distintos. Hacer política (y ello incluye dirigir la economía) en Bolivia, como hace Evo Morales, es muy distinto que hacer política en Argentina o Perú. Sin embargo, creo que todos ellos, unos más que otros, han logrado algo que los propios argentinos reconocían: el regreso de la política, de la militancia, de la juventud y la construcción de nueva identidad popular que ha permitido que las izquierdas, con sus matices y diferencias, se instalen una vez más en el imaginario latinoamericano.

Pero también este hecho plantea otro problema. En el Perú, tanto la derecha como un sector de izquierda hacen hincapié más en las diferencias entre estos líderes que en sus similitudes. Incluso Lula o Bachelet son usados como una suerte de escudo protector frente a las acusaciones de la derecha de pertenecer a la izquierda a la que pertenece Chávez y pertenecen, por ejemplo, Evo Morales o Rafael Correa.

Es cierto que la muerte une, como ha sucedido con la desaparición temprana de Néstor Kirchner. Pero, vuelvo a preguntar: ¿todos los presidentes que asistieron a este entierro se sienten tan diferentes como para no poder impulsar un proyecto común en A. Latina? Y creo que la respuesta es no. Todos ellos –insisto, con sus diferencias y similitudes– venían trabajando por un proyecto común. Y eso, creo también, es hacer política: juntar lo que une y discutir las diferencias. El límite en la izquierda, disculpen mi populismo, es si estamos cerca o no del pueblo. La multitud doliente que acompañó por última vez a Néstor Kirchner, pero sobre todo a Cristina Fernández para darle la fuerza que requiere en estos momentos para seguir cambiando su país, nos dice cuán cerca estaban de un pueblo que ellos mismos ayudaron a recrear.

Por eso es bueno recordar las palabras de Fernando Krakowiak en el artículo titulado ‘Sobre utopías y conflictos’, publicado en Página 12 (29/10/10): “Su empeño por marcar las diferencias puso al ex presidente Néstor Kirchner mucho más cerca de esa corriente que apuesta a construir a partir del reconocimiento del conflicto que de las tendencias totalitarias que le endilgaron algunos opositores y analistas políticos. Es justamente al revés: muchos de los que durante todos estos años le pidieron a Kirchner que no confrontara son los que no soportan que se expongan esas diferencias y buscan disimularlas con discursos que apelan a una igualdad sólo retórica, capaz de legitimar y garantizar su poder. La multitudinaria movilización popular y las muestras de dolor que motivó la muerte del ex presidente evidencian que no son pocos los que se dieron cuenta”. Eso creo que es ser de izquierda, más allá de que uno sea moderno o tradicional.

(*) albertoadrianzen.lamula.com

Fuente: Diario La República (Perú). Sáb, 30/10/2010.

Recomendado:
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viernes, 15 de octubre de 2010

Libro: "Elecciones y sistemas electorales", Dieter Nohlen.

Elecciones y sistemas electorales

Dieter Nohlen
Nueva Sociedad, Caracas, 1995, 166 PP.

Este libro, versión actualizada de la primera edición, publicada en 1984, brinda al lector elementos de análisis y evaluación imprescindibles en una materia tan controvertida, subrayando la importancia de ciertas variables societales e introduciendo el factor político como instancia fundamental en relación con los sistemas electorales. En diez capítulos se presenta una comparación de la evolución del sufragio y del proceso de democratización política en los países industrializados y en los países en vías de desarrollo; se pregunta acerca del concepto mismo de sistema electoral y de los enfoques existentes en la materia, con énfasis en distinguir entre sistemas electorales, principios de respresentación y fórmulas de decisión, así como en determinar los efectos políticos de esos principios y criterios que sirven para evaluarlos. Se subraya además la importancia de ciertas variables societales para el estudio de los sistemas electorales presidenciales y municipales, cuestiones institucionales que en países del Tercer Mundo suelen relacionarse con la profundización y consolidación de la democracia. El libro concluye con diez recomendaciones orientadoras para la discusión sobre la reforma electoral.

ÍNDICE

Introducción

Importancia y función de las elecciones
El concepto de elección
Importancia de las elecciones
Formas de participación política en la democracia pluralista
Funciones de las elecciones
Democracia defensiva y elecciones de apertura

El derecho de sufragio y el proceso de democratización política
El derecho de sufragio
El proceso de extensión del sufragio democrático
Causas y consecuencias de la extensión del sufragio

Sistemas electorales: cuestiones claves
¿Qué concepto de sistema electoral?
¿Qué importancia tienen los sistemas electorales?
¿Qué efectos tienen los distintos sistemas electorales?
¿Qué interpretación se hace de los efectos de los sistemas electorales?
¿Qué enfodues se emplean para estudiar los sistemas electorales?
¿Qué terminología existe para comparar los sistemas electorales?

Principios de representación y fórmulas de decisión
Principios de decisión: mayoría y proporcionalidad
Efcctos políticos de la fórmula mayoritaria
Efectos políticos de la fórmula proporcional
Comparación de los efectos políticos de las fórmulas mayoritaria y proporcional
Principios de representación
¿Cuáles son los elementos básicos dcl sistema electoral mayoritario
y del sistema proporcional?
Los efectos políticos de los dos principios de representación
Criterios para la evaluación de los dos principios de representación

Elementos particulares de los sistemas electorales y sus efectos
Distribución de las circunscripciones electorales
Candidatura, formas de votación y de boletas clectorales
Rcglas para realizar la conversión de votos en escaños

Tipos de sistemas electorales
Una tipología de sistemas electorales
Tipos de sistemas electorales y efectos políticos
Representación proporcional personalizada: el sistema alemán
Tipos de sistemas personalizados

Evaluación de los sistemas electorales
Reflexiones preliminares
Criterios de evaluación
Una comparación de los seis tipos de sistemas electorales
Una comparación binaria referida a un país concreto

Sociedad y sistemas electorales
La sociedad como una variable de importancia
Derechos políticos y representación colectiva
Democracia, etnicidad y sistemas electorales
Líneas de conflicto sociopolítico y sistemas electorales
Sistemas electorales y representación de mujeres

Política y sistemas electorales
La reforma electoral: requisitos estratégicos para el debate
Límites de la ingeniería política

Los sistemas electorales presidenciales
Sistemas electorales presidenciales: un campo descuidado
Los tipos de sistemas electorales presidenciales
Evaluación de los sistemas electorales presidenciales: criterios y resultados
Elecciones presidenciales y parlamentarias: su interrelación
El factor presidencialismo
Sistema electoral presidencial y etnicidad

Los sistemas electorales municipales
Niveles del sistema político y sistema electoral
Sistemas electorales para alcaldes
Sistemas electorales para concejos municipales

El debate sobre la reforma electoral: diez recomendaciones

Bibliografía

Enfoque institucionalista normativo y el institucionalismo histórico-empírico o contextualizado.



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Instituciones y democracia

Por: Sinesio López Jiménez (Sociólogo)

En unos países de AL más que en otros, la gente no está satisfecha con la democracia. A medida que se desciende en la escala social, la insatisfacción es mayor. Ello no obstante, la mayoría sigue creyendo que es la mejor forma de gobierno. Existe, por consiguiente, una tensión entre la democracia realmente existente y la ideal. ¿Puede esta tensión transformarse en contradicción? Es probable que sí a medida que la insatisfacción con la democracia crezca y la valoración de la ideal disminuya. En esa situación se abren las puertas a formas no democráticas de gobierno.

¿A qué factores obedece esta insatisfacción con la democracia? Las respuestas pueden ser diversas. Una de ellas coloca el origen de la insatisfacción en los diseños institucionales que la definen (el sistema electoral, el sistema de partidos y la forma de gobierno). En este terreno se ha desarrollado una interesante discusión académica entre los institucionalistas normativos y los institucionalistas histórico-empíricos o contextualistas. Los primeros sostienen que a la democracia le va bien si los diseños institucionales están correctamente elaborados y son coherentes entre sí. Los segundos afirman que, para que la democracia funcione, es necesario que los diseños institucionales tengan en cuenta el contexto en el que se aplican. Destacan la cultura política y los clivajes que funcionan como variables intervinientes en la relación causal entre los diseños institucionales y la democracia. El contexto puede modificar la relación causal. El sistema mayoritario en un país fragmentado, por ejemplo, multiplica el número de partidos en vez de reducirlos.

Es Dieter Nohlen, destacado politólogo de la U. de Heildelberg que acaba de recibir el doctorado honoris causa de la PUCP, quien ha elaborado con brillantez el enfoque del institucionalismo contextualizado. Sus propuestas académicas y técnicas buscan contribuir a mejorar el desempeño y la calidad de la democracia, especialmente en los países del tercer mundo. Otra respuesta a la pregunta sobre la insatisfacción de la democracia coloca la explicación, no en los diseños institucionales (normativo o contextualizado), sino en las condiciones en las que ellos se aplican. Las más importante de estas condiciones son el nivel de desarrollo económico (IPC), el nivel de desigualdad económica (GINI), el nivel de democraticidad del Estado, el nivel de ciudadanía efectiva y el tipo de multiculturalidad del país.

Algunos teóricos de la democracia en los países avanzados asumen generalmente estas condiciones como algo ya dado y resuelto. Eso explica que ellos limiten la cuestión de la democracia al régimen político, esto es, a los procedimientos de acceso al gobierno y a las formas de ejercicio de la autoridad y dejen de lado las condiciones que contribuyen a mejorar el desempeño y la calidad de la democracia. Otros (Lipset, Przeworki, Linz, Stepan, Reuchemeyer) las toman en cuenta como factor explicativo del grado de democracia alcanzado por los países en una perspectiva comparada. Es Guillermo O´Donnell quien ha avanzado más en esa dirección, analizando en forma sistemática el impacto del Estado y de la ciudadanía en la relación de los diseños institucionales con la democracia, yendo más allá del régimen político democrático para hablar de la democratización del Estado. ¿Y por qué no de la economía y de la sociedad?

En esta perspectiva, el buen desempeño y la mejor calidad de la democracia requieren tomar en cuenta no sólo los diseños institucionales contextualizados de la misma, sino también las reformas económicas necesarias para lograr un crecimiento sostenido con baja inflación, la reforma tributaria orientada a reducir la profunda desigualdad económica de nuestros países y las reformas del Estado adecuadas para tener un Estado de derecho y para que las políticas sociales y la efectividad ley lleguen por igual a todos.

Fuente: Diario La República (Perú). Vie, 15/10/2010.

domingo, 10 de octubre de 2010

La Institucionalización como destierro de la anomia en la organización estatal.

El deber del Estado moderno: consolidar su institucionalidad

Por: Beatriz Merino. Defensora del Pueblo en el Perú y Presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).

Para la autora, el Estado debería enfrentar el deterioro del orden social y la crisis de gobernabilidad que comporta la anomia, mediante la decisiva consolidación de sus instituciones. Estas instituciones –así como los valores, principios y normas que las definen– constituyen los instrumentos que se requieren para garantizar el orden y la estabilidad social, en tanto reducen los márgenes de la arbitrariedad y, por consiguiente, de la incertidumbre.

Fortalecer la institucionalidad de las organizaciones del sector público peruano constituye una necesidad urgente y, a la vez, indiscutible si queremos alcanzar niveles progresivamente superiores de justicia, paz social, prosperidad y vigencia efectiva de los derechos de las personas y la comunidad.

Sin embargo, cabe señalar cuan importante es generar algunos consensos operacionales básicos en torno a qué significa “institucionalidad”. El propósito es guiar la estrategia y la acción dirigida, precisamente, a crear, consolidar y desplegar institucionalidad en el Perú.
En su acepción inicial, el concepto “institucionalidad” –propio de las ciencias sociales– aludía o trataba de describir fenómenos sociales. Según afirma Douglas North,1 las instituciones son formas de organización de las relaciones sociales que reducen la incertidumbre de los individuos en la toma de decisiones.

En ese sentido, una característica esencial de las instituciones es su predictibilidad, que se sustenta, en primer lugar, en la existencia de reglas y normas y, en segundo lugar, en la vigencia o cumplimiento de éstas. A su vez, este cumplimiento se apoya en múltiples factores, entre los cuales destacan la legitimidad y la capacidad de las organizaciones del Estado de hacer cumplir las leyes, en caso de que estas últimas revistan carácter obligatorio.

En vista de lo expuesto podemos concluir que las instituciones, así como las reglas que las definen, contribuyen decididamente con el orden y la estabilidad social, en tanto reducen los márgenes de la arbitrariedad y, por consiguiente, de la incertidumbre. Ambas situaciones propician y alientan la aparición del abuso, la arbitrariedad y la corrupción.

Pero, ¿cuál es el rol que le toca jugar a las instituciones en el marco de una comunidad política liberal y democrática como la nuestra? Recordemos que en este tipo de comunidades son hombres y mujeres los llamados a ser los protagonistas de su destino, de su comunidad y de sus organizaciones, incluidas, por cierto, las estatales. En conclusión, ese rol consiste en garantizar el desarrollo pleno de las capacidades de sus ciudadanos, a través del ejercicio de sus libertades.

Anteriormente, Amartya Sen y otros pensadores señalaron que el progreso de una comunidad tiene que ver con el desarrollo de las capacidades de sus ciudadanos, agregando que los ciudadanos podrán desarrollar dichas capacidades en la medida en que sus libertades se encuentren plenamente garantizadas por el sistema institucional.

Hace 200 años surgió en Suecia una institución estatal que carecía de poder coercitivo y cuyo papel principal consistía en velar por la buena administración en el sector público. Esta es la esencia primigenia del OMBUDSMAN o Defensor del Pueblo –como se le conoce en el Perú–, institución que asumió, en años más recientes, la defensa de los derechos de la persona y la comunidad. En tal sentido, el aparato estatal se encuentra en el centro mismo de las preocupaciones del OMBUDSMAN. Por ello, al juramentar el cargo como Defensora del Pueblo, sostuve –como sostengo ahora– que para que se reconozca a nuestro Estado como moderno, democrático y verdaderamente institucional debe consagrarse totalmente a un conjunto de valores y principios que garanticen el desarrollo y la dignidad de los ciudadanos a quienes se debe y de quienes ha recibido los poderes que ejerce.

Ese Estado debe impedir que algunos de sus organismos abusen del poder o no cumplan con las funciones que les son propias, en desmedro de las mujeres y hombres cuyos derechos tutelan.

Esta reflexión resume nuestra convicción respecto de institucionalizar el sector público peruano. A nuestro entender, esta institucionalidad se construye sobre valores y principios que inspiren reglas y normas que dirijan la acción de todo el aparato público hacia el progreso y la realización de los derechos.

Pero, ¿cuáles son estos valores y principios? En el marco de un Estado social y democrático de derecho, el valor por excelencia es la persona humana (el cual involucra el respeto de su dignidad), tal como lo reconoce el artículo primero de la Constitución Política. A su vez, los principios –o atributos esenciales– del buen gobierno son la participación, la transparencia, la responsabilidad, la rendición de cuentas y la sensibilidad a las necesidades y aspiraciones de la población.2

A estos valores y principios habría que agregar el planeamiento orientado hacia resultados y la búsqueda permanente de la excelencia en los servicios que presta el Estado a la ciudadanía.

¿Cuál es la realidad cotidiana del ciudadano que acude a una de nuestras 38 oficinas distribuidas en todo el país? Ciertamente, muy negativa. Para nadie es un secreto que nuestro aparato estatal presenta serias deficiencias en materia de prestación de servicios básicos, como justicia, salud, educación, seguridad y –en los casos que le corresponden–, en la prestación de los servicios públicos esenciales.
En este punto me parece pertinente aludir a la definición de corrupción que ensaya Akhil Gupta3, para quien este fenómeno es producto del intento de los ciudadanos por reinventar un Estado que no satisface sus expectativas básicas de desarrollo. Es decir, deseo referirme a la ineptitud estatal como motor de la anomia social y organizacional.

La anomia es no solo una situación signada por la carencia de normas legales, sino también de valores y principios que puedan darle un sentido de unidad y finalidad a las sociedades. Así entendida, la anomia se erige como la peor plaga de la institucionalidad que, como señalé anteriormente, representa precisamente lo contrario: una forma de organización estructurada sobre valores, principios y normas, que ordenan la vida social y conducen a las sociedades hacia el progreso y la vigencia de los derechos.

Institucionalizar significa, entonces, desterrar la anomia de la organización estatal. Es hacer predecible el comportamiento del Estado, sujetándolo a él mismo a la institucionalidad, concebida como un conjunto de valores, principios y normas. En razón de ello, el Estado es el primero que debe cumplir la ley, su propia ley.

Por consiguiente, resulta inadmisible que el Estado incumpla las normas laborales respecto de sus propios trabajadores, las ambientales en lo concerniente a sus proyectos e incluso las tributarias en lo tocante a sus actividades, entre otras. Esta situación socava su legitimidad y autoridad para hacer que los demás ajusten su conducta conforme a la ley.

Por otro lado, la reforma en el Estado debe considerar los ámbitos de discrecionalidad de los funcionarios públicos y evaluar cuidadosamente su necesidad y justificación. Debe tener presente que la posibilidad del abuso, la arbitrariedad e incluso la corrupción se incrementan cuando la organización pública permite que existan amplios espacios para la discrecionalidad en la administración del poder público. Por ejemplo, para el caso de los jueces, los precedentes obligatorios emitidos por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional deben jugar un rol cada vez más trascendental en la mejora del servicio de justicia.

Además, es preciso recordar que la reforma del Estado debe considerar la necesidad de que se concentre todo el poder público en lograr el cumplimiento efectivo de las leyes –entendidas en sentido amplio– y en retirarlo o limitarlo en todos los supuestos donde el ciudadano puede actuar libremente. La sensación de impunidad y el beneficio derivado de violar la norma deben ser enfrentados frontalmente por el Estado, si no queremos ser arrastrados por la vorágine del caos y el desorden.

Por otro lado, deseo abordar una cuestión central. La batalla por la institucionalidad se lucha en las mentes de las personas. Son ellas las que deciden actuar ajustándose a valores, principios y normas, sacrificando en algunos casos el propio interés particular en beneficio de uno superior, el del grupo.

En tal sentido, los recursos humanos del sector público son –qué duda cabe– el factor clave en la lucha por la institucionalización de nuestro aparato estatal. Por ello, la gestión se debe enfocar en reconocerlos según sus méritos, capacitarlos de manera permanente y remunerarlos dignamente, acciones que son irrealizables en tanto persista el caos actual en los regímenes de contratación de personal y la ausencia de una ley de carrera pública.

Sin dejar de reconocer las acciones que ha emprendido el Gobierno en este campo, a través de SERVIR, resulta urgente posicionar a los recursos humanos como el tema más importante en la agenda pendiente para reformar al sector público peruano.

Sin embargo, y pese a todo, es posible encontrar en el Estado islas de excelencia, instituciones públicas que escapan a la regla general y presentan sobresalientes niveles de desempeño, instituciones cuyo trabajo es valorado año tras año positivamente por los ciudadanos.

Estas entidades, por alguna razón, han sido capaces de promover a su personal, mantener niveles importantes de autonomía respecto del poder político y dirigir su trabajo en torno a una misión y una visión claramente definidas y compartidas por toda la organización.
Estas islas de excelencia pueden ser vistas como la excepción que confirma la regla respecto del caos o la anomia organizacional dentro del Estado, o como la constatación concreta y verificable de que es posible contar con una administración pública enfocada en el servicio al ciudadano, profesional, institucional, eficaz, eficiente y descentralizada.

Como colaboradora crítica del Estado, la Defensoría del Pueblo seguirá contribuyendo a la construcción de un mejor aparato público, mediante el ejercicio intenso y autónomo de su mandato constitucional, consistente en ejercer la supervisión de los deberes del Estado, ya sea por encargo directo del ciudadano o de oficio.

En razón de ello, la institución continuará supervisando el proceso de descentralización de funciones, las prácticas de transparencia, los servicios educativos y de salud, el silencio administrativo, la posta, la escuela, el colegio y la municipalidad en zonas rurales, dando cuenta de los problemas, pero también de los progresos, con objetividad y honestidad.

En mi condición de Defensora del Pueblo he decidido ser tozudamente optimista respecto a la posibilidad de cambio del sector público. Veo en las islas de excelencia, no solo la prueba de que es posible hacer las cosas de manera diferente, sino el inicio mismo de la reforma. Considero que estos casos de éxito deben ser estudiados en profundidad y replicados en donde sea posible.

La lucha por la institucionalidad es, a fin de cuentas, la lucha por instalar en nuestros funcionarios públicos el espíritu que animó a nuestros mayores, cuando soñaron con una nación tolerante a las diferencias, libre y soberana, justa y solidaria. Este legado solo perdurará si todos los integrantes del aparato del Estado se identifican con este sueño y con los valores que lo inspiraron.

1 North, Douglas. “Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico” (1989)
2 V. Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. La función del buen gobierno en la promoción de los derechos humanos. Resoluciones 2000/64, 2001/72, 2002/76, 2003/65, 2004/70, 2005/68, y Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Resolución 7/11 L. 29 del 25 de marzo del 2008. La función del buen gobierno en la promoción de los derechos humanos.
3 GUPTA, Sanjeev. Corruption and military spending. Washington: IMF, 2000.
* La autora es Defensora del Pueblo en el Perú y Presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). Recientemente ha aceptado formar parte de la Red de Líderes Políticos Unidos por una Sociedad Inclusiva (NetPLUSS), en respuesta a la invitación extendida por el Club de Madrid, entidad integrada por más de 70 ex Jefes de Estado y de Gobierno de 50 países.

Fuente: Le Monde Diplomatique (Edición peruana); Año IV, Numero 38 Julio 2010.