sábado, 30 de octubre de 2010

Néstor Kirchner y el distanciamiento del monetarismo económico y el seguimiento a Washington.

Kirchnerismo

Por: Isaac Bigio (Internacionalista)

Kirchner, pese a haber llegado en el 2003-2007 al poder con pocos votos, se tornó popular queriéndose convertir en el factor que una a los oponentes de Menem. Se alineó con los nuevos gobiernos izquierdizantes electos en la región para aplicar nuevas medidas económicas heterodoxas que sacaron a Argentina de su prolongada depresión de 1998-2002 e incentivaron el consumo, gracias a lo cual su país creciera con cifras cercanas a los dos dígitos anuales.

Al concluir su cuatrienio, él no quiso postular a la reelección (que bien pudo haber ganado, al igual que otros nacionalistas latinoamericanos como Chávez, Correa, Lula o Morales) para poder apoyar a que su esposa le releve en el cargo ganando la siguiente elección, cosa que él fue el primero en hacer a nivel mundial.

Kirchner era un hombre que buscaba una vía intermedia entre el pasado "antiimperialista" del primer peronismo y el "pro imperialista" del segundo peronismo.

Él se distanció del monetarismo económico y el seguimiento a Washington por parte del ex jefe de su partido (Menem), pero no se integró al ALBA ni se autotituló "socialista".

Él hizo que Argentina fuera el primer país de cierta estatura en hacer un temporal "default" al FMI, tomó medidas populistas y se convirtió en uno de los paladines del nuevo nacionalismo pan-latinoamericano que fue chocando contra Bush.

Sus críticos por la derecha le cuestionaban haber deteriorado relaciones con el FMI, Uruguay, EE.UU., Gran Bretaña y varias corporaciones y haber desalentado a los exportadores agropecuarios. La izquierda le cuestionaba ser moderado en cuanto a los temas de derechos humanos y nacionalizaciones, mientras que una semana antes de su fallecimiento uno de sus activistas (Mariano Ferreira) fue asesinado por matones sindicales peronistas.

Con sus medidas iniciales, él pudo torear una fuerte crisis social, aunque su régimen ha venido confrontando con las presiones de quienes piden un curso más ortodoxo en la economía.

Los Kirchner implantaron un modelo único en el mundo. Mientras que otros partidos se preservan en el poder con nuevos delfines del presidente saliente (Brasil), reeligiendo a sus mandatarios (Venezuela, Ecuador, Guyana o Bolivia) o haciendo ambas cosas (Colombia), el kirchnerismo buscaba alterar a uno u otro esposo al mando de la Casa Rosada.

Hoy Néstor ya no podrá querer reemplazar a su señora, la cual podría apuntar a querer ser la primera presidenta que quiera ser reelecta por voto directo en las Américas.

Fuente: Diario Correo (Perú). 30 de Octubre del 2010.

Recomendado:

Néstor Kirchner y la Izquierda latinoamericana: juntar lo que une y discutir las diferencias.

Kirchner: ¿moderno o tradicional?

Por: Alberto Adrianzén M. (Sociólogo)

Quien haya visto y seguido el entierro del expresidente Néstor Kirchner bien se puede preguntar si aquella división entre una izquierda moderna y otra tradicional tiene sentido. Kirchner fue un mandatario calificado por la derecha y por algunos izquierdistas modernos, como de “autoritario”. A esta visión contribuyó también un sector académico –que está más cerca de los libros que de la realidad– que le sumó el mote de “populista”. Kirchner fue ubicado así en ese grupo de líderes “autoritarios y populistas”, como Chávez, Morales y Correa, por su política confrontacional, antineoliberal, sin dejar de mencionar las acusaciones de corrupción y de tener un proyecto familiar. Sin embargo, cuando uno observa el llanto de Lula, de Chávez o de Correa durante este entierro histórico y multitudinario, uno se vuelve a preguntar si estos mismos líderes de izquierda se sienten tan distantes uno del otro. ¿Existe realmente una izquierda moderna y otra tradicional?

Es cierto que entre ellos existen diferencias que obedecen a diversos factores que van desde el temperamento personal hasta los contextos nacionales y las tradiciones políticas, que imponen talantes y carismas distintos. Hacer política (y ello incluye dirigir la economía) en Bolivia, como hace Evo Morales, es muy distinto que hacer política en Argentina o Perú. Sin embargo, creo que todos ellos, unos más que otros, han logrado algo que los propios argentinos reconocían: el regreso de la política, de la militancia, de la juventud y la construcción de nueva identidad popular que ha permitido que las izquierdas, con sus matices y diferencias, se instalen una vez más en el imaginario latinoamericano.

Pero también este hecho plantea otro problema. En el Perú, tanto la derecha como un sector de izquierda hacen hincapié más en las diferencias entre estos líderes que en sus similitudes. Incluso Lula o Bachelet son usados como una suerte de escudo protector frente a las acusaciones de la derecha de pertenecer a la izquierda a la que pertenece Chávez y pertenecen, por ejemplo, Evo Morales o Rafael Correa.

Es cierto que la muerte une, como ha sucedido con la desaparición temprana de Néstor Kirchner. Pero, vuelvo a preguntar: ¿todos los presidentes que asistieron a este entierro se sienten tan diferentes como para no poder impulsar un proyecto común en A. Latina? Y creo que la respuesta es no. Todos ellos –insisto, con sus diferencias y similitudes– venían trabajando por un proyecto común. Y eso, creo también, es hacer política: juntar lo que une y discutir las diferencias. El límite en la izquierda, disculpen mi populismo, es si estamos cerca o no del pueblo. La multitud doliente que acompañó por última vez a Néstor Kirchner, pero sobre todo a Cristina Fernández para darle la fuerza que requiere en estos momentos para seguir cambiando su país, nos dice cuán cerca estaban de un pueblo que ellos mismos ayudaron a recrear.

Por eso es bueno recordar las palabras de Fernando Krakowiak en el artículo titulado ‘Sobre utopías y conflictos’, publicado en Página 12 (29/10/10): “Su empeño por marcar las diferencias puso al ex presidente Néstor Kirchner mucho más cerca de esa corriente que apuesta a construir a partir del reconocimiento del conflicto que de las tendencias totalitarias que le endilgaron algunos opositores y analistas políticos. Es justamente al revés: muchos de los que durante todos estos años le pidieron a Kirchner que no confrontara son los que no soportan que se expongan esas diferencias y buscan disimularlas con discursos que apelan a una igualdad sólo retórica, capaz de legitimar y garantizar su poder. La multitudinaria movilización popular y las muestras de dolor que motivó la muerte del ex presidente evidencian que no son pocos los que se dieron cuenta”. Eso creo que es ser de izquierda, más allá de que uno sea moderno o tradicional.

(*) albertoadrianzen.lamula.com

Fuente: Diario La República (Perú). Sáb, 30/10/2010.

Recomendado:
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viernes, 15 de octubre de 2010

Libro: "Elecciones y sistemas electorales", Dieter Nohlen.

Elecciones y sistemas electorales

Dieter Nohlen
Nueva Sociedad, Caracas, 1995, 166 PP.

Este libro, versión actualizada de la primera edición, publicada en 1984, brinda al lector elementos de análisis y evaluación imprescindibles en una materia tan controvertida, subrayando la importancia de ciertas variables societales e introduciendo el factor político como instancia fundamental en relación con los sistemas electorales. En diez capítulos se presenta una comparación de la evolución del sufragio y del proceso de democratización política en los países industrializados y en los países en vías de desarrollo; se pregunta acerca del concepto mismo de sistema electoral y de los enfoques existentes en la materia, con énfasis en distinguir entre sistemas electorales, principios de respresentación y fórmulas de decisión, así como en determinar los efectos políticos de esos principios y criterios que sirven para evaluarlos. Se subraya además la importancia de ciertas variables societales para el estudio de los sistemas electorales presidenciales y municipales, cuestiones institucionales que en países del Tercer Mundo suelen relacionarse con la profundización y consolidación de la democracia. El libro concluye con diez recomendaciones orientadoras para la discusión sobre la reforma electoral.

ÍNDICE

Introducción

Importancia y función de las elecciones
El concepto de elección
Importancia de las elecciones
Formas de participación política en la democracia pluralista
Funciones de las elecciones
Democracia defensiva y elecciones de apertura

El derecho de sufragio y el proceso de democratización política
El derecho de sufragio
El proceso de extensión del sufragio democrático
Causas y consecuencias de la extensión del sufragio

Sistemas electorales: cuestiones claves
¿Qué concepto de sistema electoral?
¿Qué importancia tienen los sistemas electorales?
¿Qué efectos tienen los distintos sistemas electorales?
¿Qué interpretación se hace de los efectos de los sistemas electorales?
¿Qué enfodues se emplean para estudiar los sistemas electorales?
¿Qué terminología existe para comparar los sistemas electorales?

Principios de representación y fórmulas de decisión
Principios de decisión: mayoría y proporcionalidad
Efcctos políticos de la fórmula mayoritaria
Efectos políticos de la fórmula proporcional
Comparación de los efectos políticos de las fórmulas mayoritaria y proporcional
Principios de representación
¿Cuáles son los elementos básicos dcl sistema electoral mayoritario
y del sistema proporcional?
Los efectos políticos de los dos principios de representación
Criterios para la evaluación de los dos principios de representación

Elementos particulares de los sistemas electorales y sus efectos
Distribución de las circunscripciones electorales
Candidatura, formas de votación y de boletas clectorales
Rcglas para realizar la conversión de votos en escaños

Tipos de sistemas electorales
Una tipología de sistemas electorales
Tipos de sistemas electorales y efectos políticos
Representación proporcional personalizada: el sistema alemán
Tipos de sistemas personalizados

Evaluación de los sistemas electorales
Reflexiones preliminares
Criterios de evaluación
Una comparación de los seis tipos de sistemas electorales
Una comparación binaria referida a un país concreto

Sociedad y sistemas electorales
La sociedad como una variable de importancia
Derechos políticos y representación colectiva
Democracia, etnicidad y sistemas electorales
Líneas de conflicto sociopolítico y sistemas electorales
Sistemas electorales y representación de mujeres

Política y sistemas electorales
La reforma electoral: requisitos estratégicos para el debate
Límites de la ingeniería política

Los sistemas electorales presidenciales
Sistemas electorales presidenciales: un campo descuidado
Los tipos de sistemas electorales presidenciales
Evaluación de los sistemas electorales presidenciales: criterios y resultados
Elecciones presidenciales y parlamentarias: su interrelación
El factor presidencialismo
Sistema electoral presidencial y etnicidad

Los sistemas electorales municipales
Niveles del sistema político y sistema electoral
Sistemas electorales para alcaldes
Sistemas electorales para concejos municipales

El debate sobre la reforma electoral: diez recomendaciones

Bibliografía

Enfoque institucionalista normativo y el institucionalismo histórico-empírico o contextualizado.



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Instituciones y democracia

Por: Sinesio López Jiménez (Sociólogo)

En unos países de AL más que en otros, la gente no está satisfecha con la democracia. A medida que se desciende en la escala social, la insatisfacción es mayor. Ello no obstante, la mayoría sigue creyendo que es la mejor forma de gobierno. Existe, por consiguiente, una tensión entre la democracia realmente existente y la ideal. ¿Puede esta tensión transformarse en contradicción? Es probable que sí a medida que la insatisfacción con la democracia crezca y la valoración de la ideal disminuya. En esa situación se abren las puertas a formas no democráticas de gobierno.

¿A qué factores obedece esta insatisfacción con la democracia? Las respuestas pueden ser diversas. Una de ellas coloca el origen de la insatisfacción en los diseños institucionales que la definen (el sistema electoral, el sistema de partidos y la forma de gobierno). En este terreno se ha desarrollado una interesante discusión académica entre los institucionalistas normativos y los institucionalistas histórico-empíricos o contextualistas. Los primeros sostienen que a la democracia le va bien si los diseños institucionales están correctamente elaborados y son coherentes entre sí. Los segundos afirman que, para que la democracia funcione, es necesario que los diseños institucionales tengan en cuenta el contexto en el que se aplican. Destacan la cultura política y los clivajes que funcionan como variables intervinientes en la relación causal entre los diseños institucionales y la democracia. El contexto puede modificar la relación causal. El sistema mayoritario en un país fragmentado, por ejemplo, multiplica el número de partidos en vez de reducirlos.

Es Dieter Nohlen, destacado politólogo de la U. de Heildelberg que acaba de recibir el doctorado honoris causa de la PUCP, quien ha elaborado con brillantez el enfoque del institucionalismo contextualizado. Sus propuestas académicas y técnicas buscan contribuir a mejorar el desempeño y la calidad de la democracia, especialmente en los países del tercer mundo. Otra respuesta a la pregunta sobre la insatisfacción de la democracia coloca la explicación, no en los diseños institucionales (normativo o contextualizado), sino en las condiciones en las que ellos se aplican. Las más importante de estas condiciones son el nivel de desarrollo económico (IPC), el nivel de desigualdad económica (GINI), el nivel de democraticidad del Estado, el nivel de ciudadanía efectiva y el tipo de multiculturalidad del país.

Algunos teóricos de la democracia en los países avanzados asumen generalmente estas condiciones como algo ya dado y resuelto. Eso explica que ellos limiten la cuestión de la democracia al régimen político, esto es, a los procedimientos de acceso al gobierno y a las formas de ejercicio de la autoridad y dejen de lado las condiciones que contribuyen a mejorar el desempeño y la calidad de la democracia. Otros (Lipset, Przeworki, Linz, Stepan, Reuchemeyer) las toman en cuenta como factor explicativo del grado de democracia alcanzado por los países en una perspectiva comparada. Es Guillermo O´Donnell quien ha avanzado más en esa dirección, analizando en forma sistemática el impacto del Estado y de la ciudadanía en la relación de los diseños institucionales con la democracia, yendo más allá del régimen político democrático para hablar de la democratización del Estado. ¿Y por qué no de la economía y de la sociedad?

En esta perspectiva, el buen desempeño y la mejor calidad de la democracia requieren tomar en cuenta no sólo los diseños institucionales contextualizados de la misma, sino también las reformas económicas necesarias para lograr un crecimiento sostenido con baja inflación, la reforma tributaria orientada a reducir la profunda desigualdad económica de nuestros países y las reformas del Estado adecuadas para tener un Estado de derecho y para que las políticas sociales y la efectividad ley lleguen por igual a todos.

Fuente: Diario La República (Perú). Vie, 15/10/2010.

domingo, 10 de octubre de 2010

La Institucionalización como destierro de la anomia en la organización estatal.

El deber del Estado moderno: consolidar su institucionalidad

Por: Beatriz Merino. Defensora del Pueblo en el Perú y Presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).

Para la autora, el Estado debería enfrentar el deterioro del orden social y la crisis de gobernabilidad que comporta la anomia, mediante la decisiva consolidación de sus instituciones. Estas instituciones –así como los valores, principios y normas que las definen– constituyen los instrumentos que se requieren para garantizar el orden y la estabilidad social, en tanto reducen los márgenes de la arbitrariedad y, por consiguiente, de la incertidumbre.

Fortalecer la institucionalidad de las organizaciones del sector público peruano constituye una necesidad urgente y, a la vez, indiscutible si queremos alcanzar niveles progresivamente superiores de justicia, paz social, prosperidad y vigencia efectiva de los derechos de las personas y la comunidad.

Sin embargo, cabe señalar cuan importante es generar algunos consensos operacionales básicos en torno a qué significa “institucionalidad”. El propósito es guiar la estrategia y la acción dirigida, precisamente, a crear, consolidar y desplegar institucionalidad en el Perú.
En su acepción inicial, el concepto “institucionalidad” –propio de las ciencias sociales– aludía o trataba de describir fenómenos sociales. Según afirma Douglas North,1 las instituciones son formas de organización de las relaciones sociales que reducen la incertidumbre de los individuos en la toma de decisiones.

En ese sentido, una característica esencial de las instituciones es su predictibilidad, que se sustenta, en primer lugar, en la existencia de reglas y normas y, en segundo lugar, en la vigencia o cumplimiento de éstas. A su vez, este cumplimiento se apoya en múltiples factores, entre los cuales destacan la legitimidad y la capacidad de las organizaciones del Estado de hacer cumplir las leyes, en caso de que estas últimas revistan carácter obligatorio.

En vista de lo expuesto podemos concluir que las instituciones, así como las reglas que las definen, contribuyen decididamente con el orden y la estabilidad social, en tanto reducen los márgenes de la arbitrariedad y, por consiguiente, de la incertidumbre. Ambas situaciones propician y alientan la aparición del abuso, la arbitrariedad y la corrupción.

Pero, ¿cuál es el rol que le toca jugar a las instituciones en el marco de una comunidad política liberal y democrática como la nuestra? Recordemos que en este tipo de comunidades son hombres y mujeres los llamados a ser los protagonistas de su destino, de su comunidad y de sus organizaciones, incluidas, por cierto, las estatales. En conclusión, ese rol consiste en garantizar el desarrollo pleno de las capacidades de sus ciudadanos, a través del ejercicio de sus libertades.

Anteriormente, Amartya Sen y otros pensadores señalaron que el progreso de una comunidad tiene que ver con el desarrollo de las capacidades de sus ciudadanos, agregando que los ciudadanos podrán desarrollar dichas capacidades en la medida en que sus libertades se encuentren plenamente garantizadas por el sistema institucional.

Hace 200 años surgió en Suecia una institución estatal que carecía de poder coercitivo y cuyo papel principal consistía en velar por la buena administración en el sector público. Esta es la esencia primigenia del OMBUDSMAN o Defensor del Pueblo –como se le conoce en el Perú–, institución que asumió, en años más recientes, la defensa de los derechos de la persona y la comunidad. En tal sentido, el aparato estatal se encuentra en el centro mismo de las preocupaciones del OMBUDSMAN. Por ello, al juramentar el cargo como Defensora del Pueblo, sostuve –como sostengo ahora– que para que se reconozca a nuestro Estado como moderno, democrático y verdaderamente institucional debe consagrarse totalmente a un conjunto de valores y principios que garanticen el desarrollo y la dignidad de los ciudadanos a quienes se debe y de quienes ha recibido los poderes que ejerce.

Ese Estado debe impedir que algunos de sus organismos abusen del poder o no cumplan con las funciones que les son propias, en desmedro de las mujeres y hombres cuyos derechos tutelan.

Esta reflexión resume nuestra convicción respecto de institucionalizar el sector público peruano. A nuestro entender, esta institucionalidad se construye sobre valores y principios que inspiren reglas y normas que dirijan la acción de todo el aparato público hacia el progreso y la realización de los derechos.

Pero, ¿cuáles son estos valores y principios? En el marco de un Estado social y democrático de derecho, el valor por excelencia es la persona humana (el cual involucra el respeto de su dignidad), tal como lo reconoce el artículo primero de la Constitución Política. A su vez, los principios –o atributos esenciales– del buen gobierno son la participación, la transparencia, la responsabilidad, la rendición de cuentas y la sensibilidad a las necesidades y aspiraciones de la población.2

A estos valores y principios habría que agregar el planeamiento orientado hacia resultados y la búsqueda permanente de la excelencia en los servicios que presta el Estado a la ciudadanía.

¿Cuál es la realidad cotidiana del ciudadano que acude a una de nuestras 38 oficinas distribuidas en todo el país? Ciertamente, muy negativa. Para nadie es un secreto que nuestro aparato estatal presenta serias deficiencias en materia de prestación de servicios básicos, como justicia, salud, educación, seguridad y –en los casos que le corresponden–, en la prestación de los servicios públicos esenciales.
En este punto me parece pertinente aludir a la definición de corrupción que ensaya Akhil Gupta3, para quien este fenómeno es producto del intento de los ciudadanos por reinventar un Estado que no satisface sus expectativas básicas de desarrollo. Es decir, deseo referirme a la ineptitud estatal como motor de la anomia social y organizacional.

La anomia es no solo una situación signada por la carencia de normas legales, sino también de valores y principios que puedan darle un sentido de unidad y finalidad a las sociedades. Así entendida, la anomia se erige como la peor plaga de la institucionalidad que, como señalé anteriormente, representa precisamente lo contrario: una forma de organización estructurada sobre valores, principios y normas, que ordenan la vida social y conducen a las sociedades hacia el progreso y la vigencia de los derechos.

Institucionalizar significa, entonces, desterrar la anomia de la organización estatal. Es hacer predecible el comportamiento del Estado, sujetándolo a él mismo a la institucionalidad, concebida como un conjunto de valores, principios y normas. En razón de ello, el Estado es el primero que debe cumplir la ley, su propia ley.

Por consiguiente, resulta inadmisible que el Estado incumpla las normas laborales respecto de sus propios trabajadores, las ambientales en lo concerniente a sus proyectos e incluso las tributarias en lo tocante a sus actividades, entre otras. Esta situación socava su legitimidad y autoridad para hacer que los demás ajusten su conducta conforme a la ley.

Por otro lado, la reforma en el Estado debe considerar los ámbitos de discrecionalidad de los funcionarios públicos y evaluar cuidadosamente su necesidad y justificación. Debe tener presente que la posibilidad del abuso, la arbitrariedad e incluso la corrupción se incrementan cuando la organización pública permite que existan amplios espacios para la discrecionalidad en la administración del poder público. Por ejemplo, para el caso de los jueces, los precedentes obligatorios emitidos por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional deben jugar un rol cada vez más trascendental en la mejora del servicio de justicia.

Además, es preciso recordar que la reforma del Estado debe considerar la necesidad de que se concentre todo el poder público en lograr el cumplimiento efectivo de las leyes –entendidas en sentido amplio– y en retirarlo o limitarlo en todos los supuestos donde el ciudadano puede actuar libremente. La sensación de impunidad y el beneficio derivado de violar la norma deben ser enfrentados frontalmente por el Estado, si no queremos ser arrastrados por la vorágine del caos y el desorden.

Por otro lado, deseo abordar una cuestión central. La batalla por la institucionalidad se lucha en las mentes de las personas. Son ellas las que deciden actuar ajustándose a valores, principios y normas, sacrificando en algunos casos el propio interés particular en beneficio de uno superior, el del grupo.

En tal sentido, los recursos humanos del sector público son –qué duda cabe– el factor clave en la lucha por la institucionalización de nuestro aparato estatal. Por ello, la gestión se debe enfocar en reconocerlos según sus méritos, capacitarlos de manera permanente y remunerarlos dignamente, acciones que son irrealizables en tanto persista el caos actual en los regímenes de contratación de personal y la ausencia de una ley de carrera pública.

Sin dejar de reconocer las acciones que ha emprendido el Gobierno en este campo, a través de SERVIR, resulta urgente posicionar a los recursos humanos como el tema más importante en la agenda pendiente para reformar al sector público peruano.

Sin embargo, y pese a todo, es posible encontrar en el Estado islas de excelencia, instituciones públicas que escapan a la regla general y presentan sobresalientes niveles de desempeño, instituciones cuyo trabajo es valorado año tras año positivamente por los ciudadanos.

Estas entidades, por alguna razón, han sido capaces de promover a su personal, mantener niveles importantes de autonomía respecto del poder político y dirigir su trabajo en torno a una misión y una visión claramente definidas y compartidas por toda la organización.
Estas islas de excelencia pueden ser vistas como la excepción que confirma la regla respecto del caos o la anomia organizacional dentro del Estado, o como la constatación concreta y verificable de que es posible contar con una administración pública enfocada en el servicio al ciudadano, profesional, institucional, eficaz, eficiente y descentralizada.

Como colaboradora crítica del Estado, la Defensoría del Pueblo seguirá contribuyendo a la construcción de un mejor aparato público, mediante el ejercicio intenso y autónomo de su mandato constitucional, consistente en ejercer la supervisión de los deberes del Estado, ya sea por encargo directo del ciudadano o de oficio.

En razón de ello, la institución continuará supervisando el proceso de descentralización de funciones, las prácticas de transparencia, los servicios educativos y de salud, el silencio administrativo, la posta, la escuela, el colegio y la municipalidad en zonas rurales, dando cuenta de los problemas, pero también de los progresos, con objetividad y honestidad.

En mi condición de Defensora del Pueblo he decidido ser tozudamente optimista respecto a la posibilidad de cambio del sector público. Veo en las islas de excelencia, no solo la prueba de que es posible hacer las cosas de manera diferente, sino el inicio mismo de la reforma. Considero que estos casos de éxito deben ser estudiados en profundidad y replicados en donde sea posible.

La lucha por la institucionalidad es, a fin de cuentas, la lucha por instalar en nuestros funcionarios públicos el espíritu que animó a nuestros mayores, cuando soñaron con una nación tolerante a las diferencias, libre y soberana, justa y solidaria. Este legado solo perdurará si todos los integrantes del aparato del Estado se identifican con este sueño y con los valores que lo inspiraron.

1 North, Douglas. “Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico” (1989)
2 V. Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. La función del buen gobierno en la promoción de los derechos humanos. Resoluciones 2000/64, 2001/72, 2002/76, 2003/65, 2004/70, 2005/68, y Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Resolución 7/11 L. 29 del 25 de marzo del 2008. La función del buen gobierno en la promoción de los derechos humanos.
3 GUPTA, Sanjeev. Corruption and military spending. Washington: IMF, 2000.
* La autora es Defensora del Pueblo en el Perú y Presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). Recientemente ha aceptado formar parte de la Red de Líderes Políticos Unidos por una Sociedad Inclusiva (NetPLUSS), en respuesta a la invitación extendida por el Club de Madrid, entidad integrada por más de 70 ex Jefes de Estado y de Gobierno de 50 países.

Fuente: Le Monde Diplomatique (Edición peruana); Año IV, Numero 38 Julio 2010.

viernes, 8 de octubre de 2010

Historia del APRA: de la clandestinidad, a la oposición legal y el gobierno.

80 años del APRA

Por: Alfredo Barnechea (Analista político)

El 20 de setiembre se cumplieron ochenta años de la fundación del APRA.

Si queremos ser exactos, de la sección peruana del APRA, que se había fundado, como se sabe, en 1924 en México.

Ha durado más que cualquier partido en la historia de la república. También más que casi todos los partidos latinoamericanos.

Más que el peronismo por ejemplo, fundado recién en 1947. O que el PRI mexicano, fundado técnicamente en 1946, aunque procedía del Partido Nacional Revolucionario de Plutarco Elías Calle, fundado en 1929. Son más viejos el radicalismo argentino, el partido liberal colombiano fundado en 1848, o los dos grandes partidos uruguayos.

Un testimonio de su influencia es que sirvió, sobre todo en el período comprendido entre la revolución mexicana y la cubana, de inspiración a muchos partidos latinoamericanos, como Acción Democrática en Venezuela o Liberación Nacional en Costa Rica, para no mencionar sino dos.

Gran parte de esa permanencia está conectada a la voluntad y visión de Haya de la Torre, quien propuso una interpretación original del proceso histórico latinoamericano. Basada en ella, propuso también un tipo de partido menos esquemático que los marxistas, un poderoso frente de clases. Intuyó, además, que del "nuevo y prodigioso poder del hombre sobre la naturaleza vendría la revolución que realmente transformaría al mundo", como escribió en memoria de Albert Einstein. En mis largas conversaciones con Haya, aprendí a admirarlo, y me identifiqué con su visión.

Fundado en la primera mitad del siglo XX, el APRA ha logrado pasar al siglo XXI. En otras palabras, pertenece al pasado pero también se proyecta al futuro. De pocos partidos puede decirse esto.

No hay democracia sin partidos. Ella gira en torno a éstos. Y quizá especialmente alrededor de grandes partidos populares. Como el único partido político verdadero del Perú de hoy (Acción Popular sería el otro, pero con menos implantación y menos relevo intergeneracional), es por tanto un partido-eje del sistema peruano.

Un partido que ha atravesado todas las etapas: clandestinidad, oposición legal, y gobierno.

Respecto al actual, cuando se mire con ecuanimidad el último medio siglo peruano, se encontrará dos gobiernos constructores: el primer gobierno de Fernando Belaunde, y este segundo de Alan García. En la década del 60 el producto bruto pudo crecer más globalmente, pero el gran crecimiento del producto per cápita ocurrió en esta primera década del siglo XXI, y sobre todo en el segundo gobierno de García.

Durante éste se han creado asimismo casi dos millones de empleos. La pobreza, que en la práctica no había variado en lo sustancial durante toda la década de Fujimori, bajó de 48,7 por ciento a menos de 35. Casi diez por ciento de peruanos tienen electricidad por primera vez. Otro diez por ciento por primera vez agua.

El debate central de las elecciones del 2011 será sobre si el país quiere seguir avanzando. Y lo hará en un momento en el que se le presenta una extraordinaria "ventana de oportunidad", acaso única en la historia peruana. Una ventana por un lado "externa", representada por la "tracción" de la reemergencia del Asia, y por otro lado "interna", representada por la estructura demográfica joven del país, y la estructura de su empleo, que puede absorber una población con una significativa porción todavía informal.

El 2021, es decir al final de los próximos dos gobiernos, el Perú podría haber pasado de un ingreso per cápita de cinco mil dólares a uno de diez mil, esa cifra que representaba para el Banco Mundial el umbral del desarrollo. El APRA estará ligado a esa transformación. Una transformación realizada, además, en democracia, con libertad de prensa, separación de poderes, derechos para las minorías.

Por supuesto, el APRA necesita seguir reinventándose. Para empezar, transformarse del vigoroso "partido-aparato" de su historia, en un "partido-red", moderno y abierto, que hable "urbi et orbi", y sepa conectarse a las grandes clases medias que son hoy la nota dominante de la sociedad peruana.

Qué gran tarea, que hubiera fascinado, cómo no, a Haya de la Torre. En las manos (y las cabezas) de sus seguidores, está decidir si quieren ser sólo parte de las glorias de un pasado, o constructores, junto con muchos otros peruanos, del ancho futuro que se abre hoy a esta república a punto de cumplir doscientos años.

Fuente: Diario Correo (Perú). 26 de Setiembre del 2010.

La Crisis de los partidos políticos. Consolidación de los caudillos y los poderes fácticos.

Adiós partidos

Por: Sinesio López Jiménez (Sociólogo)

No me despido con alegría sino con pena y con cierta dosis de nostalgia. Es cierto que hoy aparecen como los malos de la película, pero no hay que olvidar que ellos jugaron papeles importantes en el proceso de democratización del país y en el de inclusión de amplios sectores sociales marginados. No hay que olvidar tampoco que la democracia requiere de los sistemas de partidos en las sociedades modernas. Con García I comenzó la crisis de los partidos y con García II concluye su agonía. En el intermedio hemos tenido un largo ciclo antipartidos (1990-2000) y otro semipartidario (2001-2010) en el que los partidos (APRA, PPC, AP) han competido con resultados desiguales con los nuevos caudillos nacionales y locales.

El rol de García en esta triste historia es más negativo que positivo. Ni siquiera a su partido le ha brindado un impulso innovador y revitalizador. En el intercambio de suma positiva que estableció con el Apra, él ha salido más beneficiado. En su segundo período, el Apra ni siquiera ha sido un partido de gobierno. En esta última etapa ha utilizado más bien todo su poder para bloquear a los dirigentes que no eran de su agrado y ha maltratado a uno de sus mejores y más honestos cuadros (Carlos Roca) impidiéndole la postulación a la municipalidad de Lima para apoyar a un candidato fujimontesinista. Las políticas desastrosas de su primer gobierno, el desperdicio de las oportunidades históricas de su segundo gobierno para impulsar un desarrollo sostenido, integrador y justo y su caudillismo en ambos gobiernos son factores importantes que subyacen a la historia de la crisis de los partidos. Estos, desde luego, han hecho también lo suyo para hundirse en la irrelevancia.

Con la casi desaparición de los partidos se consolidan los caudillos y los poderes fácticos como actores centrales de la política peruana. Entre ellos se establecen alianzas y conflictos. En el caso de las alianzas, los poderes fácticos canalizan sus intereses a través de sus caudillos favoritos (generalmente de derecha) y los imponen a través de las instituciones estatales a todo el país cuando éstos triunfan en las elecciones generales. Cuando aparece un caudillo díscolo e inconforme que choca con los intereses del establishment los poderes fácticos y los partidos de derecha le hacen cargamontón buscando destruirlo. Este es el caso Humala. Los poderes fácticos se asustan también con los caudillos cuestionadores que surgen en las regiones. Los llaman antimineros y antiinversión extranjera y amenazan con desinvertir.

Ante la debilidad y ausencia de los partidos, los caudillos se erigen como los nuevos representantes de los diversos grupos sociales de un país fragmentado. Ese es su activo y en eso consiste su poder. No tienen organización pero cuentan con la representación de amplios sectores sociales, lo que les permite negociar con los que tienen el dinero, la información, la fuerza o la fe. La mayor parte de esos caudillos regionales se ubican en el amplio espectro que va del centro hacia la izquierda. Esa es la nueva realidad política en la que tienen que moverse los poderes fácticos. En una situación de bonanza y de boyantes ganancias extraordinarias de las corporaciones, las presiones agresivas de los gobiernos regionales no los van a llevar a la desinversión sino a la negociación. La desinversión se concreta cuando hay mucha presión política y social y baja rentabilidad de las inversiones.

En ese panorama de caudillos y de poderes fácticos aparece Susana Villarán –canalizando la representación de los sectores sociales limeños que en su mejor momento representó Alfonso Barrantes– no sólo por sus propios méritos sino gracias a la ayudita que le brindó la ultraderecha al polarizar el escenario político entre la derecha y la izquierda. ¿Significa Susana un poco de aire fresco en un clima político enrarecido por polarizaciones agresivas, amenazas de exclusión y llegada del fin del mundo? ¿Vencerá la esperanza al miedo? Veremos.

Fuente: Diario La República. Vie, 08/10/2010.
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