lunes, 31 de enero de 2011

Pedro Pablo Kuczynski, Wikileaks y los intereses mineros.

Wikileaks: EE.UU. consideró a Kuczynski un aliado fundamental en temas de minería

El embajador de EE.UU. en Lima, James Curtis Struble, envía un informe secreto en 2005 en el que expresa su satisfacción con el nombramiento de Pedro Pablo Kuczynski como primer ministro, tras los hechos acontecidos en Majaz.

“Con el nombramiento de Pedro Pablo Kuczynski, tenemos un aliado influyente del gobierno, en una posición que está dispuesto a abordar la cuestión de ilegalidad en las comunidades mineras”, señala el cable diplomático publicado por el diario británico The Guardian.

Asimismo, Curtis Struble afirma que las recientes declaraciones de PPK acerca de “poner la casa en orden”, les permitirá establecer el control de los caminos donde transita el comercio. “Eso es alentador”, indica el documento del 19 de agosto de 2005.

La reunión de las mineras

Esto después que los embajadores de EE.UU. y Canadá organizarán una reunión el 11 de agosto de 2005 para los representantes de las empresas mineras internacionales que revisen sus dificultades de funcionamiento en el Perú y para coordinar los esfuerzos para mejorar el clima de inversión.

En la reunión, que tuvo lugar poco después de la violencia contra la exploración de la firma británica Majaz, participaron las empresas mineras internacionales en el Perú como Antamina, Newmont (Minera Yanacocha), Minera Quellaveco, Barrick, BHP Billiton (mina Tintaya).

“El consenso entre las empresas es que las fuerzas radicales (Partido Comunista-Patria Roja, los traficantes de drogas y de los comités rurales de defensa - ronderos) son cada vez más activo en las comunidades rurales, buscando orientar las operaciones mineras en todo el país”, detalla el informe del embajador estadounidense.

Culpan a ONG’s

El funcionario de la Minera Quellaveco, culpó a las ONG’s Oxfam y América y Amigos de la Tierra, señalando las dos organizaciones internacionales están fomentando actitudes contra de la minería.

En tanto, Felipe Cantuarias, vicepresidente de Comercial y de Asuntos Corporativos de Minera Antamina (cobre y productora de zinc), señaló que las empresas tratan con un fenómeno nuevo: los políticos locales que promueven la violencia tienen vínculos con ronderos y los cultivadores de coca.

Presiones al Gobierno

Mientras que el mismo embajador Struble recomendó que las embajadas en conjunto le hagan recordar al gobierno peruano, los beneficios de la minería moderna como los sueldos más altos que reciben todos aquellos que trabajan con minería.

El ejecutivo de Antamina fue más allá y recomendó que” los diplomáticos se reúnan como grupo con el Ministerio de Educación para promover una rotación de profesores - a menudo los miembros de la unión radical del SUTEP profesores y Patria Roja - en las comunidades mineras conflictiva”.

También sugirió a las embajadas instar a la Iglesia Católica para girar obispos que operan en estas regiones. Los embajadores acordaron considerar esto, pero pidieron ejemplos específicos de los profesores contra la minería y los sacerdotes, que se dedican a actividades inapropiadas.

Fuente: Diario La República (Perú). Lun, 31/01/2011.

domingo, 16 de enero de 2011

EE.UU-China, teoría de la transición de poder. Política económica exterior y complementariedad de mercados.

China, EE.UU. y los agoreros

Por: Farid Kahhat (Analista Internacional y catedrático de la PUCP).

Según la teoría de la transición de poder, cuando una mayor tasa de crecimiento en la economía de una potencia emergente le permite colocarse a tiro de piedra del poderío militar de la potencia dominante, y ambas no eran aliadas antes de producirse esa evolución, lo más probable es que los conflictos de interés entre ellas se diriman por la vía de las armas. Lo cual augura un futuro sombrío para las relaciones entre China y Estados Unidos.

Existen, sin embargo, razones para dudar de esas previsiones. Por ejemplo, cuando se define la guerra como un medio para lograr fines políticos, se asume que su utilidad relativa depende de un cálculo costo-beneficio.

De ser así, una guerra entre estados dotados, tanto de armas nucleares como de misiles balísticos intercontinentales, es el medio más costoso que se pueda imaginar. Tan costoso, que es virtualmente imposible concebir un fin que amerite su empleo. Y si bien es teóricamente posible que una guerra entre potencias nucleares se mantenga en el plano convencional, la razón por la que nadie se atrevió a iniciar una es que no hay forma de establecer con certeza el umbral que habría que atravesar antes de que alguna de las partes decida usar bombas atómicas.

Pero incluso una guerra convencional podría implicar un costo prohibitivo entre países altamente interdependientes, dado que al costo del uso de la fuerza se sumaría la pérdida de los beneficios que proporciona la cooperación económica. China es, por ejemplo, el segundo socio comercial de Estados Unidos, mientras este país es el primer socio comercial de China. Las empresas de matriz estadounidense son la principal fuente de inversión extranjera en la economía china, mientras que los fondos soberanos del Estado Chino son una fuente creciente de inversión extranjera en Estados Unidos.

Claro que podría haberse dicho algo similar respecto al comercio y la inversión entre Alemania y Gran Bretaña en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Pero existen grandes diferencias entre ambos casos, comenzando por una ya mencionada: ni Alemania ni Gran Bretaña eran potencias nucleares. Existen además formas de interdependencia económica entre China y Estados Unidos que no existían entre Alemania y Gran Bretaña. Por ejemplo, las reservas internacionales de China contienen una gran cantidad de bonos del tesoro estadounidense: es decir, el Estado Chino es uno de los principales acreedores de la deuda contraída por el Estado norteamericano.

Lo anterior no implica que no existan conflictos de intereses entre ambos países, pero sí que ambos tienen un interés común en mantener esos conflictos bajo control. Y para ese fin cuentan con instituciones multilaterales que no existían antes de la Primera Guerra Mundial. Estas han contribuido a crear reglas de juegos compartidas, mecanismos de resolución de conflictos y una economía internacional abierta.

La historia del siglo XX muestra la relevancia de este último punto: allí donde las fronteras económicas coincidían con las fronteras políticas, la expansión territorial podía ser un medio necesario para garantizar el acceso a recursos naturales. En una economía internacional abierta se puede acceder a ellos a través del comercio y la inversión (regla que admite excepciones: los materiales fisibles y los combustibles fósiles). Eso contribuye a explicar la diferencia entre la conducta exterior del Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y después de esta. Para no mencionar la conducta de la propia China, cuya política exterior fuera de su región es en lo esencial una política económica exterior.

De cualquier modo, los estudios cuantitativos realizados en las últimas décadas no encontraron una relación necesaria entre las variables que proponía la teoría de la transición de poder: la diferencia en las tasas de crecimiento entre dos estados no parece tener mayor influencia sobre la probabilidad de que ocurra una guerra entre ellos.

Fuente: Diario El Comercio (Perú). 16 de Enero del 2011.

Recomendado:

Del "Consenso de Washington" a "El Consenso de Pekín". El desarrollo económico sin libertades políticas.

miércoles, 12 de enero de 2011

Crítica al discurso israelí sobre la ocupación de territorios palestinos. Campaña BDS (Boicot, Sanciones y Desinversiones) contra el Estado de Israel.

Israel toca de nuevo los tambores de guerra

Por: Ilan Pappé. Historiador israelí, ha sido profesor en las universidades de Haifa y en Exeter.

En Israel se escuchan de nuevo los tambores de guerra. Y la única razón de que los toquen es que, de nuevo, la imbatibilidad de Israel ha vuelto a ponerse en duda. Y eso, a pesar de la triunfante retórica de los medios afines al Gobierno que dos años después siguen conmemorando exaltados las victorias de la Operación Plomo Fundido sobre Gaza por más que la susodicha campaña tuviera de éxito más bien poco o, al menos, tanto como el que obtuvo la segunda guerra del Líbano en 2006, cuando el Ejército israelí salió de allí más bien escaldado.

Y es que podría decirse que, aquí, en Israel, políticos, militares y público en general solo conocen una forma de enfrentarse a la debacle militar. Y esa forma-no-forma es emprender una nueva guerra, a ser posible más cruel, más sangrienta y con más medios que la anterior para, además, ganarla.

Poder y fuerza. Solo de eso se trata si vamos a dar crédito a los principales comentaristas de la prensa nacional israelí (que, por otra parte, se limitan a repetir como cotorras las consignas dadas por los militares). Ambas "cualidades", poder y fuerza, resultan imprescindibles para "disuadir", "dar una lección" y "debilitar al enemigo". Pero ni políticos ni militares tienen la más mínima idea de qué hacer con Gaza y, si a eso vamos, tampoco la tienen sobre nada en absoluto. ¡Ni siquiera desean anexionar Gaza! Lo único que pretenden, por decirlo de alguna manera, es machacarla más todavía y, a ser posible, en menos tiempo.

Pero ¿qué podrían conseguir con esta salvajada que no hubieran conseguido la vez anterior? No sabría decirles. Creo además que tampoco es "esta" la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿qué otra cosa -a parte de esta- sabrían o podrían hacer las actuales elites israelíes (Gobierno y principales partidos de la oposición incluidos)?

Cierto es que en la Cisjordania ocupada lo han tenido bastante claro o, por lo menos, eso es lo que parece si uno se fija en el arduo trabajo de colonización, limpieza étnica y metódica parcelación y segregación de los territorios ocupados, que ha acabado prácticamente con ellos a la par que, públicamente, los supuestos representantes del pueblo de Israel prosiguen con su fútil discurso acerca del famoso "proceso de paz" cuya única, reconocida intención, sería conseguir una Autonomía Palestina lo suficientemente dócil como para vivir agachada dentro de un territorio cisjordano para siempre ocupado y altamente colonizado.

Pero por lo que se refiere a la Franja de Gaza, lo cierto es que siguen sin saber qué hacer y esto incluso mucho antes de que Ariel Sharon decidiera deshacerse de ella. La inamovible deci-sión de los gazawis de mantenerse unidos a sus hermanos de la Palestina ocupada y la opinión generalizada de los ciudadanos del mundo entero es, sin embargo, mucho más difícil de derrotar a pesar del enorme precio en vidas humanas que se cobró la Operación Plomo Fundido de diciembre del 2009.

El próximo asalto está a punto de comenzar; y todo lo que podemos decir es que, desgraciadamente, reúne los elementos más deprimentes de aquel otro que se celebró, hace dos años, justo antes de que diera comienzo la masacre de Gaza. A saber: un precalentamiento de bombardeos diarios y una política israelí que lo único que pretende es provocar a Hamás para encontrar así una justificación a la escalada, siempre en aumento, de violencia. Como no hace mucho tiempo decía uno de esos generales: "Que no se nos olvide el demoledor efecto del Informe Goldstone; nuestro próximo ataque tendrá que parecer mucho más justificado que el de 2009". (Pero después de todo un Gobierno como el actual podría pasar por alto, sin mucho esfuerzo, detalles como credibilidad o justificación que, en el fondo, no tienen gran importancia).

Sin embargo, y como sucede muy a menudo en esta parte del mundo, otros escenarios son posibles -opciones menos sangrientas, más esperanzadoras- y eso que, a primera vista, resulta difícil saber de dónde podrían venir: ¿del pérfido Gobierno de Obama? ¿de los inútiles Gobiernos árabes? ¿de la apocada Europa, de la inválida ONU?

La tenacidad del pueblo de Gaza y de los palestinos en general significa -para empezar- que la estrategia fundacional del Estado de Israel dirigida a borrarles del mapa por medio de una diligente y metódica limpieza étnica -preconizada ya por Theodore Herlz, padre del sionismo, en el siglo XIX- no va a funcionar. Hemos de decir, sin embargo, que el precio a pagar por la resistencia palestina puede seguir aumentando, por lo que va siendo hora de que aquellos que hicieron oír sus voces después de la masacre perpetrada en Gaza hace dos años vuelvan a alzarlas ahora para evitar que suceda de nuevo.

Estas voces constituyen, según Israel, uno de los intentos más serios de deslegitimizar al Estado judío y son las únicas que, en realidad, preocupan al Gobierno y a la élite intelectual de Israel (mucho más que la débil condena realizada por Hillary Clinton). Para contrarrestarlas, su primera reacción ha sido tacharlas de antisemitas. Pero la cosa se puso peor cuando Israel se propuso saber quiénes, en todo el mundo, apoyaban sus políticas. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que, como aliados, solo contaban con los partidos y organizaciones políticas derechistas más reaccionarios del mundo occidental, o lo que es igual, con aquellos que desde siempre habían militado en las filas del antisemitismo más rabioso.

La reacción número dos del Gobierno de Israel fue la de intentar demostrar urbi et orbi que iniciativas como la campaña BDS (Boicot, Sanciones y Desinversiones) no conseguirían sino reafirmarle en su inflexible trayectoria. Se trata, sin embargo, de una amenaza poco creíble; la campaña BDS es una de las pocas iniciativas capaces de contener la agresiva política israelí, además, quién sabe si en un futuro próximo los Gobiernos del mundo occidental no empezarán a apoyar también la campaña de boicot tomada por sus respectivas poblaciones civiles (como sucedió en Sudáfrica).

Y es que, en efecto, la campaña de boicot contra el Estado de Israel ha resultado ser una muy buena iniciativa que demuestra claramente el nexo que existe entre el carácter racista del Estado de Israel y la criminal naturaleza de su política con respecto a los palestinos. Esta iniciativa ha evolucionado hasta transformarse en una campaña muy organizada con un mensaje perfectamente claro: que Israel seguirá siendo un Estado paria mientras su Constitución, leyes y política violen los derechos humanos y civiles de la población palestina, entre los que, para empezar, se incluye su derecho a la vida. Ahora lo más útil sería que toda esa energía inútil, malgastada por Israel y sus adláteres en campañas propagandísticas que supuestamente defienden conceptos como coexistencia o diálogo, se aplicase, antes de que sea demasiado tarde, al esfuerzo de evitar que Israel escriba un capítulo más del genocidio contra el pueblo palestino.

Traducción de Pilar Salamanca.

Fuente: Diario El País (España). 12/01/2011.

lunes, 3 de enero de 2011

El Fiscal: defensa de la legalidad, derechos ciudadanos, interés público e independencia de los tribunales.

El oficio de fiscal

Por: Marc Carrillo
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra.


La Constitución establece que "el Ministerio Fiscal (...) tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, (...) así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social". Sobre esta institución y sobre el Poder Judicial, ámbito en el que el fiscal realiza sus funciones, se ha publicado el libro de José María Mena, De oficio Fiscal (Ariel, 2010).

Su autor, ya jubilado, ingresó en la carrera fiscal en 1964, y una vez restaurada la democracia fue fiscal antidroga en Barcelona y después fiscal jefe de Cataluña. No se trata de un libro de memorias, aunque algo de ello haya, sino de una reflexión viva sobre el oficio de fiscal y el de juez. Es el planteamiento sobrio, pedagógico, discreto e irónico, de un servidor público, antifranquista comprometido con los principios de libertad e igualdad, que siempre serán la base del Estado democrático.

Ser un probo funcionario y defensor de las libertades en el franquismo no era fácil, era ir contracorriente. Perseguir judicialmente a autores de un fraude inmobiliario a familias humildes en el ambiente caciquil de la Fiscalía de Tenerife o intentar hacer lo propio contra los torturadores de la Brigada Político Social en Barcelona, no podía concluir con la detención y procesamiento de los delincuentes, sino con el traslado forzoso de destino de los fiscales osados por intentarlo, como así le ocurrió al autor y a su colega de oficio, Carlos Jiménez Villarejo.

En un contexto en el que, por lo general, la adhesión de fiscales y jueces a la dictadura -como él subraya- no era ideológica sino sociológica. Se manifestaba en la ostentación del poder o, simplemente, en la comodidad de no obstruirlo. La cultura del servicio público en la Administración de justicia devenía una pura quimera. La distancia social era lo que entonces caracterizaba a jueces y fiscales, reflejada en la arrogancia institucional con la que actuaban, adornados con la liturgia, el léxico y la estética que exhibían. No está falto de razón el autor cuando afirma que, en lo esencial, aquella distancia no ha cambiado cualitativamente. Y quizás, no ha de ser cuestión ajena a ello el hecho de que los jueces y fiscales son muy conscientes del poder del que disponen sobre la libertad y la hacienda del ciudadano, mientras que no es seguro que la mayoría también lo sea de su pertenencia al servicio público de la justicia, a través de un poder del Estado como es el judicial. Aunque no ha de ser extraño que para un sector de ellos, la concepción de servicio público atribuida a la justicia les suene a anatema.

De las muchas cuestiones de relieve que el libro aborda, destaca la relativa a la debida neutralidad del ministerio fiscal, sobre todo ante la opinión que le imputa no ser más que una correa de transmisión del Gobierno de turno.Como es sabido, la Constitución establece que el ministerio fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Asimismo, prescribe que el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial. La propuesta por el Gobierno y la dependencia jerárquica en su funcionamiento han sido razones argüidas para dudar de su imparcialidad.

Pero las cosas no son tan simples. Sobre todo tras la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por la Ley 3/2007, que garantiza más la imparcialidad de la institución respecto de otros poderes públicos. Así, por ejemplo, permite que el Gobierno interese del fiscal general que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes para la defensa del interés público, que no se ha de confundir con el interés político.

Pero ese impulso del Gobierno queda sometido al filtro de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, que en su condición de órgano técnico-jurídico de la institución deberá resolver sobre la procedencia de las actuaciones interesadas, y su opinio iuris expresada de forma razonada al Gobierno deberá ser siempre oída por el fiscal general.

Un segundo filtro frente a la presión política es la preceptiva comparecencia del candidato a fiscal general ante el Congreso de los Diputados, para la valoración de sus méritos e idoneidad. Ciertamente, en esta fase no caben excluir criterios de armonía política con la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, pero no hay que olvidar que la reforma legislativa establece unas causas objetivas de cese del fiscal general e impone una duración del cargo de cuatro años improrrogables, lo cual son buenos argumentos a favor de su inamovilidad frente a la coyuntura y la dinámica política.

Otro tema recurrente es el relativo al papel del fiscal en la instrucción judicial. En la actualidad, esta sigue correspondiendo al juez. La actuación del fiscal es previa a la del juez, pero cuando el primero conozca que el juez está actuando sobre los mismos hechos, el fiscal debe suspender sus pesquisas y remitirle al juez todo lo actuado. Por eso se dice que la actuación judicial es preferente y excluyente. La cuestión es si debería seguir siendo así, sobre todo habida cuenta de la sobrecarga de asuntos que recaen sobre los juzgados y el tótum revolútum que viene a ser el proceso penal en España, especialmente propicio para que las defensas interfieran y perturben la eficacia de la investigación.

El Derecho comparado más próximo (Alemania, Italia, Portugal y, en parte, Francia) ofrece la solución de atribuir la instrucción y la acusación al fiscal, dejando al juez como árbitro de la instrucción, a fin de garantizar los derechos de las partes vinculados a la tutela judicial. Pero para ello, y en la línea de la reforma legal de 2007, es preciso apuntalar al máximo la imparcialidad de los fiscales, que deshaga el sambenito de que son unos mandados de sus jefes.

Pero ello no es suficiente; además son necesarios nuevos instrumentos orgánicos y procesales y una infraestructura personal de apoyo a los fiscales, con subalternos, policías y peritos, de los que hoy no está sobrada la institución. Lo que lleva a nuestro autor a considerar que, con los actuales mimbres, no es posible atribuir la instrucción a los fiscales. En todo caso, la necesidad de más y mejores medios materiales y personales es hoy perentoria para que las fiscalías especializadas existentes de anticorrupción, antidroga o medio ambiente cumplan con eficacia su función acusadora y dispongan de apoyo pericial imprescindible. Porque el fiscal, al igual que el juez, debe saber derecho, pero no tiene por qué saber economía o medicina.

De esa forma será más fácil perseguir -en expresión del autor- no solo la criminalidad de metralleta, sino también la de moqueta, es decir, la delincuencia económica tan presente en los últimos tiempos, igual de lesiva para el interés público como lo pueda ser quien empuña un arma. Por esta y otras muchas razones, el libro del fiscal y profesor Mena habría de ser de lectura recomendada para los estudios del grado de Derecho.

Fuente: Diario El País (España). 03/01/2011.

La inversión en ciencia, tecnología e innovación en América Latina. Instrumentos de políticas para la innovación.

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Los últimos de la fila

Por: Humberto Campodónico (Economista)

La publicación de este compendio coincide con el creciente entusiasmo del liderazgo de América Latina acerca de la creciente importancia de la inversión en ciencia, tecnología e innovación. El incremento del conocimiento y tecnología en el contenido de la mayor parte de bienes y servicios del mundo actual parece haber persuadido a los tomadores de decisiones y a los líderes empresariales de la importancia de construir modernos sistemas nacionales de innovación. Este compendio es una modesta contribución para la toma de decisiones y un debate público informado acerca de estos temas.

Es lo que dice el prólogo de Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina y el Caribe, un compendio de estadísticas sobre el estado de la situación de estos cruciales temas que acaba de ser publicado por el BID.

Allí se encontrarán, entre otros, los indicadores más recientes sobre la educación en los países (pruebas PISA), penetración de Internet y de celulares, número y calidad de patentes, inversiones en ciencia y tecnología y producción de bienes con alto valor agregado (high-tech) en la Región.

El hilo conductor, que puede ser consultado “online” con estadísticas interactivas, es que si los países de la Región quieren ascender a las ligas mayores –como ya lo han hecho China, India y Corea del Sur, entre otros– es indispensable producir y exportar bienes con alto valor agregado, lo que implica disminuir la exagerada dependencia en las exportaciones de materias primas. Así, por ejemplo, las exportaciones de productos con alta tecnología de Corea del Sur y de China representan más del 40% de sus exportaciones de manufacturas, por encima del 38% de Irlanda y EEUU (ver gráfico).

Pero en América Latina la situación es distinta, pues solo en México y Brasil sus exportaciones “high-tech” son superiores al 10%. Costa Rica, con el 40%, es una excepción pues lograron atraer a Intel en 1998, que fabrica allí los microprocesadores para las computadoras y exporta US$ 2,100 millones anuales. Lo preocupante es que el Perú está bien al final de la fila, con tan solo un 2% de exportaciones “high-tech”.

¿Por qué? Porque a pesar de los esfuerzos individuales realizados por investigadores en las entidades públicas, no ha habido una política nacional coherente y sistemática para implementar un sistema nacional de innovación digno de ese nombre. ¿Por qué? Porque los neoliberales insisten en el dogma de que el “libre mercado” proveerá. Tonterías. Un sistema nacional de innovación requiere una importante sinergia entre Estado y empresas.

Esto se demuestra en el análisis del compendio del BID acerca de los 15 instrumentos de políticas (de oferta, de demanda y estrategia y articulación) para la innovación. Estas son, entre otras, incentivos salariales para C&T, incentivos fiscales, fondos sectoriales, capital semilla y financiamiento financiero a las empresas, clusters de innovación). El Perú solo cuenta con 5 de esas políticas, mientras que Argentina tiene 14, seguida de Brasil, México y Chile con 13 cada uno (Colombia tiene 8).

La cuestión central a entender es que el actual estilo de crecimiento, liderado por el sector primario exportador es vulnerable y volátil, por lo que no es sostenible en el mediano y largo plazo. Por otro lado, si bien es importante el avance de las exportaciones no tradicionales (agroindustria, textiles, metal mecánica, química), hay que impulsar también hacia aquellos sectores que nos permitirán entrar –con el tiempo– a las ligas mayores. Lo que solo es posible con un verdadero sistema nacional de innovación. Hay que comenzar ahora.

Fuente: Diario La República (Perú). Lun, 06/12/2010.

domingo, 2 de enero de 2011

Las Guerras y conflictos armados durante las últimas décadas. El conflicto en el mundo tras la Guerra Fría.

La incidencia de la guerra tras el fin de la Guerra Fría

Por: Farid Kahhat* (Internacionalista)

Hace aproximadamente un año un ex canciller del gobierno de Alberto Fujimori sostuvo en una entrevista televisiva literalmente lo siguiente: “La guerra desde el final de la Guerra Fría hasta hoy ha aumentado en el mundo, no ha disminuido: hemos sido testigos de muchos más conflictos”. ¿Qué tan ciertas son esas afirmaciones?

En la literatura académica se establece un umbral convencional en materia de definiciones: un conflicto armado solo califica como una guerra cuando los combates producen al menos 1.000 muertes por año. Bajo ese criterio, la primera afirmación (“las guerras desde el final de la Guerra Fría hasta hoy han aumentado en el mundo”) es absolutamente falsa; la segunda, en cambio (“hemos sido testigos de muchos más conflictos”), es verdad solo en parte, y solo para el período comprendido entre el 2003 y el 2008.

Si nos basamos en la información disponible en Internet (por ejemplo, los Human Security Report de los años que median entre el 2005 y el 2010, y el artículo “Best Decade Ever”, de Charles Kenny que apareciera en setiembre del 2010 en la revista “Foreign Policy”, entre otros documentos), podemos afirmar que el número de conflictos armados de todo tipo disminuyó en el mundo desde el final de la Guerra Fría hasta el año 2005: el número de conflictos armados en general se redujo en un 40% entre 1990 y el 2005, el número de guerras interestatales se redujo en un 80% entre 1990 y el 2005 y el número de guerras civiles se redujo en un 75% entre 1992 (año hasta el cual continuaron creciendo) y el 2005.

Entre el 2005 y el presente el número de guerras civiles continuó en declive, y no hubo ninguna guerra entre estados entre el 2003 y el 2010 (el conflicto armado entre Georgia y Rusia, por ejemplo, no alcanzó el umbral crítico de las 1.000 muertes en combate). Puesto el asunto en perspectiva, las guerras de cualquier tipo disminuyeron en un 78% entre 1988 y el 2010. Es cierto, sin embargo, que tras disminuir por más de una década el número de conflictos armados creció en un 25% entre el 2003 y el 2008, pero ello se explica en lo esencial por el incremento (de más de 100% entre el 2007 y el 2008) de conflictos armados entre grupos privados (es decir, conflictos que no involucran como contendiente a un gobierno). Pero ese tipo de conflictos rara vez trascienden el año de duración, y las bajas que provocan representan una cifra pequeña en comparación con las bajas causadas por los conflictos armados que involucran al menos a un gobierno.

Por ello, entre los años 2000 y 2008 las bajas en combate cayeron en un 40% en el mundo. En el África subsahariana, por ejemplo, el número de bajas en combate se redujo de 46.000 durante el 2000 a 6.000 durante el 2008.

Todo lo anterior contribuye para explicar, a su vez, la reducción en los niveles de gasto de defensa como porcentaje del producto global: esa proporción representa en la actualidad aproximadamente la mitad de su nivel de 1990. En la última década, sin embargo, esa tendencia se ha revertido tanto en EE.UU. como en algunos países de Sudamérica. Pero cabría recordar que, a diferencia de EE.UU., los países sudamericanos han mantenido históricamente niveles relativamente bajos de gasto en defensa como proporción del PBI, comparados con otras regiones del mundo. Por lo demás, en Sudamérica unos dos tercios del presupuesto para el sector defensa se destinan al gasto corriente, no a la compra de armamento.

Podríamos concluir añadiendo que desde que finalizara la Segunda Guerra Mundial no hemos tenido un solo caso del tipo de guerra más mortífera que haya experimentado jamás el sistema internacional contemporáneo: las guerras entre grandes potencias militares. Se trata del período más prolongado de paz entre grandes potencias militares en más de 500 años.

(*) Catedrático de la PUCP

Fuente: Diario El Comercio (Perú). 2 de Enero del 2011.