"Una de las cosas que la democracia exige, es el enterarnos en qué consiste ella". La ética de la verdad absoluta y la ética de la duda.

Exigencias de la democracia

Por: Fernando Savater (Filósofo)

En los años heroicos y belicosos a comienzos del pasado siglo, se lanzó en Irlanda la consigna: "¿Qué puedes hacer por tu patria?". Cáustico y provocativo, el joven James Joyce declaró entonces: "No pienso hacer nada por mi patria, pero no me importaría que mi patria hiciese algo por mí". Varias décadas y un par de guerras mundiales después, el filósofo de la política Norberto Bobbio habló -con cierta amargura pero no con derrotismo- de "las promesas no mantenidas de la democracia". Recientemente le ha respondido Gustavo Zagrebelsky, que fue presidente de la Corte Constitucional de Italia y es catedrático de Derecho en la Universidad de Turín, en un libro titulado Contro l'etica della verità (editorial Laterza, 2008): "La democracia no promete nada a nadie, pero nos reclama mucho a todos". Es decir: la retórica patriotera, que en último término sacrifica el individuo a entidades abstractas y huecamente sublimes (el pueblo, la tierra, la sangre...), merece el escepticismo de quien se niega a ser arrastrado por ese turbio juego; pero cuando se trata de la institución de la libertad y la igualdad política, la protesta ante el mundo injusto no puede consistir en deplorar lo que no se nos ha dado, sino en plantearnos lo que aún no nos hemos decidido a hacer.

Una de esas cosas que la democracia pide de nosotros es precisamente enterarnos de en qué consiste la democracia misma: es decir, cuáles son sus modos, sus garantías y las posibilidades que brinda al ciudadano. Qué valores la sustentan y qué ideologías se oponen intrínsecamente a su funcionamiento. Por supuesto estas preguntas no admiten como respuesta dogmas teológicos ni certidumbres verificables semejantes a las adquiridas por medio de las ciencias experimentales, pero tampoco dependen de la opinión asilvestrada de cada cual. Como bien dijo Bertrand Russell, no es lo mismo tener un espíritu amplio que una mente vacía. Precisamente en el libro antes citado, Zagrebelsky distingue -frente a la ética de la verdad absoluta, siempre de raigambre teológica- entre el escepticismo multicultural que cree que cada cual tiene su propia creencia idiosincrásica y todas valen lo mismo y la ética de la duda: el que duda cree en la verdad, la busca, la propone tentativamente, aunque no supone ser su dueño exclusivo y permanece abierto a modificar su planteamiento cuando haya razones mejores para ello.

Precisamente ésta es la aspiración legítima de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, vergonzosamente desacreditada desde sus mismos inicios por una campaña obtusa y mendaz que lleva en su origen el sello inequívoco de la propaganda clerical aceptada acríticamente por personas de sorprendida buena fe y oportunistas políticos. Y no se puede decir que no existan ya libros que sitúan esta aspiración a formar intelectualmente ciudadanos en sus precisas coordenadas, al menos como obras de consulta para los profesores. Acaba de aparecer otro excelente, El saber del ciudadano. Las nociones capitales de la democracia (editorial Alianza), escrito por un notable plantel de especialistas bajo la dirección de Aurelio Arteta. No sólo responde al programa esencial de la controvertida materia académica, sino que puede servir como inspiración reflexiva para cualquier ciudadano, no importa de qué edad, que desee completar su información sobre cuestiones de las que depende y sobre todo va a depender en el inmediato futuro la armonía de nuestra convivencia.

En efecto, una de las fisuras polémicas por las que ha sido atacada la Educación para la Ciudadanía es la proliferación de libros de texto de todo tipo y condición, muchos de ellos con planteamientos realmente peregrinos que se prestan a la escandalizada caricatura (por no hablar de las iniciativas grotescas como la de la Comunidad Valenciana, que para sabotear la asignatura ha decidido darla en inglés... Por lo visto, no quiere más ciudadanía que la de la Commonwealth). Hubiera sido bueno que -en éste y en otros casos similares- el Ministerio de Educación, en vez de hacer dejación de sus funciones orientadoras asegurando que cada cual puede adaptar el temario a su sesgo ideológico -lo cual inutiliza la función armonizadora de la materia- señalara con su homologación aquellas obras que realmente responden a lo que se pretende en tal empeño formativo. Después, que cada centro elija el manual que prefiera, pero por lo menos quienes de verdad tienen interés sincero en responder a lo que la democracia pide de nosotros, los educadores, sabrían mejor a que atenerse.

Fuente: Diario El País (España). 08/04/2008.

Recomendado:

La primacía del valor moral sobre todos los demás: valores intelectuales, religiosos, estéticos, políticos, etc. Sujeto moral y repulsión moral.

Libro "El saber del ciudadano. Las nociones capitales de la democracia", Aurelio Arteta y otros. Nacionalismo, Multiculturalismo y Democracia.

Sudamérica, CEPAL y la dependencia de las expotaciones primarias.

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Ochenta y veinte

Por: Humberto Campodónico (Economista)

A pesar de los cambios de las últimas dos décadas los productos primarios siguen ocupando los primeros lugares en las exportaciones de la Región. Dice la CEPAL que, del 2001 al 2008, su participación aumentó, pasando del 41.1% al 52.9% del total.

Digamos, de entrada, que si se excluye a Brasil el peso de los productos primarios (PP) llega al 70% en promedio para el resto de países.

La composición varía, como es obvio. En Argentina y Brasil los PP están más ligados a la agricultura –soya, trigo y frutas (cítricos, en Brasil)–, mientras que los hidrocarburos son más importantes en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Colombia (CEPAL los llama “países petroleros”). Perú y Chile son los “países mineros”: Chile depende en más del 90% del cobre, mientras que Perú está diversificado: cobre, oro, zinc, plomo y hierro.

No deja de sorprender que en Brasil el 55% de las exportaciones sean PP, así como el 69% en Argentina. Más “normal” es que la Comunidad Andina de Naciones dependa en un 81% de los PP (Perú en 86% y Colombia en “solo” 68%). De su lado, Chile, a pesar de los esfuerzos explícitos de los gobiernos de la Concertación para diversificar su base productiva desde hace una década (algo que en Perú no existe ni de casualidad), sigue teniendo dependencia del 88%.

Hay que resaltar, sin embargo, que el incremento tiene un lado “engañoso” pues refleja el vertiginoso aumento de los precios de los PP que comenzó en el 2005 (cayeron en el 2008, pero a fines del 2009 ya se habían recuperado). Es por eso que son tan importantes para la Región los precios de estos productos, lo que influye sobre los términos del intercambio (la relación entre lo que exportamos versus lo que importamos. Como los precios de los minerales y el petróleo han subido más que los productos agrícolas (ver gráfico, donde el año 2000 = 100), los más favorecidos han sido los “mineros” (Chile y Perú) y “petroleros” (Venezuela, Ecuador, Colombia y Bolivia). No lo han sido tanto el Mercosur y América Central. Pero en el 2011 el alza de precios de los productos agrícolas está batiendo todos los récords. Ergo, hoy toda la Región goza del alza de los PP. Pero esta felicidad es mentirosa porque los precios de los PP son volátiles. Y la salud económica de un país no debe depender de esos precios. Lo que se debe hacer es poner las cosas al revés: debiéramos tener la meta de exportar 20% de productos con valor agregado y solo 20% de productos primarios. Es lo que lograron China, Corea del Sur y los tigres asiáticos, con políticas gubernamentales explícitas de apoyo e impulso a la diversificación del aparato productivo. Aquí todo eso lo ha propuesto Michael Porter, que obtuvo gran consenso en la CADE 2010. Pero poco de esto se escucha en la campaña electoral.

Fuente: Diario La República. Lun, 07/03/2011.

La Hermandad Musulmana y el nuevo régimen democratico egipcio. El peligro de la permanencia del viejo autoritarismo bajo camuflaje militar en Egipto.

Egipto no es Irán

Por: Farid Kahhat (Internacionalista)

Si bien jóvenes seculares que exigen democracia para su país constituyen la vanguardia de las movilizaciones en Egipto, suele alegarse que no son representativos de la mayoría. Que tarde o temprano la Hermandad Musulmana hará valer sus fueros. Se cree que, dado que son el partido mejor organizado, con más militantes, y con las mayores redes clientelares, ganarían con facilidad unas elecciones democráticas. Si eso fuera cierto, el PRI jamás habría perdido una elección nacional en México. Las características descritas están asociadas con la existencia de un voto cautivo, pero no necesariamente mayoritario.

Además, la Hermandad Musulmana dice respaldar un régimen democrático, basado en el sufragio universal, la rotación pacífica en los cargos de elección popular y la separación de poderes. Dados sus antecedentes, es legítimo que sus credenciales democráticas motiven suspicacias. Pero en el norte de África eso también es cierto respecto del Gobierno Francés (que ofrecía asesoría contra los disturbios al dictador tunecino en la víspera de su partida), o al Gobierno Estadounidense que durante 30 años concedió una ayuda anual de unos 1.500 millones de dólares a Egipto).

Se dice que la Hermandad Musulmana pondría en práctica la máxima “Un ciudadano, un voto, una sola vez”. Un escenario que jamás ocurrió en ninguna parte: donde grupos islamistas equivalentes obtuvieron buenos resultados electorales en Medio Oriente (por ejemplo, en Jordania, Marruecos, o Turquía), la experiencia posterior no respalda esas previsiones. Consciente de ser el pretexto para justificar el autoritarismo, esa organización anunció que no presentará candidato a la presidencia, ni aspira a ocupar ministerio alguno tras las elecciones de setiembre.

De otro lado, la comparación con Irán muestra diferencias cruciales. En Irán el punto de inflexión fue el Viernes Negro, día en que las Fuerzas Armadas abrieron fuego contra manifestantes inermes en la plaza Jaleh, en Teherán. Al no disparar contra los manifestantes, las Fuerzas Armadas egipcias mantienen su cadena de mando y autonomía política. Por eso, el mayor riesgo ahora no es un nuevo Irán, sino el viejo autoritarismo bajo camuflaje militar. Por lo demás, el petróleo concede al régimen iraní un margen de maniobra del que carecerá cualquier régimen en Egipto, país cuya economía depende de su relación con Occidente.

Finalmente, si de paralelos se trata, la última revuelta popular que derrocó a un régimen autoritario en un país de mayoría musulmana no fue la de Irán en 1979, sino la de Indonesia en 1998. Es decir, un país que es hoy en día un Estado pacífico, democrático y próspero.

Fuente: Diario El Comercio (Perú). Domingo 13 de Febrero del 2011.

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Los Hermanos Musulmanes (1930) movimiento no violento, legalista y anticolonialista. Egipto y el proceso de liberalización en la región árabe.

Historia comparada: Pinochet - Franco y la violación de derechos humanos bajo la dictadura. Amnistía y Comisión de la Verdad pendiente.

El ansiado olvido

Por: Julián Casanova. Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Decía el embajador estadounidense en Chile, en un cable confidencial enviado a Washington a comienzos de 2007, poco después de la muerte de Pinochet, que los chilenos miraban con menos rencor al pasado, a su dictadura, que los españoles a la de Franco. El comentario, aunque superficial y bastante inexacto, puede servir para introducir algunas observaciones de historia comparada, de similitudes y diferencias entre ambas dictaduras, y sobre la forma en que son recordadas.

Pinochet aprendió muchas cosas de Franco. El dictador chileno, como antes había hecho el español, intentó imponer una visión histórica que legitimara la necesidad del golpe de Estado y lo presentara como salvador de la nación. Durante sus dictaduras, Franco y Pinochet festejaron el 18 de julio en España y el 11 de septiembre en Chile como un mito fundacional de "salvación nacional" frente a la revolución marxista. Esa versión oficial, establecida a partir del control de la educación, de la censura y de la persecución a quien se oponía públicamente, generó políticas de desinformación y de manipulación de la historia, muy difíciles de combatir durante las respectivas transiciones a la democracia.

El golpe de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, no provocó una guerra civil y su dictadura, de 17 años, duró 20 menos que la de Franco. Después de miles de asesinatos y de violencias masivas de los derechos humanos, ambos dictadores gozaron de amplios apoyos entre sus ciudadanos. Franco murió en la cama y nunca tuvo que preocuparse de responder a cargos sobre crímenes contra la humanidad. Pinochet sobrevivió 16 años a su Gobierno autoritario y su arresto en Londres, en octubre de 1998, abrió en Chile una profunda discusión sobre el pasado, en la que afloraron con toda su crudeza las historias y memorias enfrentadas de militares y de familiares de los desaparecidos y víctimas de la represión.

El legado de los crímenes de las dos dictaduras se abordó de forma muy diferente en los dos países. En España, tras la Ley de Amnistía aprobada el 15 de octubre de 1977, el Estado renunciaba a abrir en el futuro cualquier investigación judicial o a exigir responsabilidades contra "los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas". Bajo el recuerdo traumático de la guerra, interpretada como una especie de locura colectiva, con crímenes reprobables en los dos bandos, y el del miedo impuesto por la dictadura, nadie habló entonces de crear comisiones de la verdad que investigaran los miles de asesinatos y la sistemática violación de los derechos humanos practicada hasta el final por Franco y sus fuerzas armadas.

En Chile, por el contrario, y pese a que la democracia, bajo la vigilancia y el corsé impuesto por el tirano todavía vivo, no pudo derogar la amnistía que se habían concedido los propios militares con la Ley de 1978, el primer presidente democrático, Patricio Alwin, decidió establecer una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. No se podía llegar a la reconciliación nacional, pensó Alwin, sin antes conocer y reconocer a los desaparecidos y víctimas de la violencia de las fuerzas armadas. Formada, bajo la presidencia del prestigioso jurista Raúl Rettig, por expertos en derechos humanos, pero también por partidarios de la dictadura, como el historiador Gonzalo Vial Correa, la Comisión entregó su informe, de 1.350 páginas, el 8 de febrero de 1991, menos de un año después del encargo oficial.

El informe Rettig, interpretado por los militares chilenos como un ataque a su honor y dignidad, fue un hito en el proceso de reconstrucción de la democracia y de la memoria colectiva. En España, durante la transición, y en la larga década posterior de Gobiernos socialistas, no hubo políticas de reparación, jurídica y moral, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. No solo no se exigieron responsabilidades a los supuestos verdugos, tal y como marcaba la Ley de Amnistía, sino que tampoco se hizo nada por honrar a las víctimas y encontrar sus restos.

Por eso, no resulta sorprendente que cuando comenzó a plantearse entre nosotros, por fin, casi tres décadas después de la muerte de Franco, la necesidad de políticas públicas de memoria, como se había hecho en otros países, apareciera un enérgico rechazo de quienes más incómodos se encontraban con el recuerdo de la violencia, con la excusa de que se sembraba el germen de la discordia y se ponían en peligro la convivencia y la reconciliación. Acostumbrados a la impunidad y al olvido del crimen cometido desde el poder, se negaron, y se niegan, a recordar el pasado para aprender de él.

Para muchos españoles, el rechazo de la dictadura y de las violaciones de los derechos humanos no ha formado parte de la construcción de su cultura política democrática. Y por eso tenemos tantas dificultades para mirar con libertad, conocimiento y rigor a las experiencias traumáticas del siglo XX. Parece que estemos en un eterno debate y, en realidad, seguimos rodeados de miedos y mentiras. Y, lo que es más importante para el futuro, sin claras políticas educativas y culturales sobre los derechos humanos.

Fuente: Diario El País (España). 06/02/2011.

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Isabel Jara Hinojosa: El proyecto cultural franquista en Chile, 1936-1980.

Pedro Pablo Kuczynski, Wikileaks y los intereses mineros.

Wikileaks: EE.UU. consideró a Kuczynski un aliado fundamental en temas de minería

El embajador de EE.UU. en Lima, James Curtis Struble, envía un informe secreto en 2005 en el que expresa su satisfacción con el nombramiento de Pedro Pablo Kuczynski como primer ministro, tras los hechos acontecidos en Majaz.

“Con el nombramiento de Pedro Pablo Kuczynski, tenemos un aliado influyente del gobierno, en una posición que está dispuesto a abordar la cuestión de ilegalidad en las comunidades mineras”, señala el cable diplomático publicado por el diario británico The Guardian.

Asimismo, Curtis Struble afirma que las recientes declaraciones de PPK acerca de “poner la casa en orden”, les permitirá establecer el control de los caminos donde transita el comercio. “Eso es alentador”, indica el documento del 19 de agosto de 2005.

La reunión de las mineras

Esto después que los embajadores de EE.UU. y Canadá organizarán una reunión el 11 de agosto de 2005 para los representantes de las empresas mineras internacionales que revisen sus dificultades de funcionamiento en el Perú y para coordinar los esfuerzos para mejorar el clima de inversión.

En la reunión, que tuvo lugar poco después de la violencia contra la exploración de la firma británica Majaz, participaron las empresas mineras internacionales en el Perú como Antamina, Newmont (Minera Yanacocha), Minera Quellaveco, Barrick, BHP Billiton (mina Tintaya).

“El consenso entre las empresas es que las fuerzas radicales (Partido Comunista-Patria Roja, los traficantes de drogas y de los comités rurales de defensa - ronderos) son cada vez más activo en las comunidades rurales, buscando orientar las operaciones mineras en todo el país”, detalla el informe del embajador estadounidense.

Culpan a ONG’s

El funcionario de la Minera Quellaveco, culpó a las ONG’s Oxfam y América y Amigos de la Tierra, señalando las dos organizaciones internacionales están fomentando actitudes contra de la minería.

En tanto, Felipe Cantuarias, vicepresidente de Comercial y de Asuntos Corporativos de Minera Antamina (cobre y productora de zinc), señaló que las empresas tratan con un fenómeno nuevo: los políticos locales que promueven la violencia tienen vínculos con ronderos y los cultivadores de coca.

Presiones al Gobierno

Mientras que el mismo embajador Struble recomendó que las embajadas en conjunto le hagan recordar al gobierno peruano, los beneficios de la minería moderna como los sueldos más altos que reciben todos aquellos que trabajan con minería.

El ejecutivo de Antamina fue más allá y recomendó que” los diplomáticos se reúnan como grupo con el Ministerio de Educación para promover una rotación de profesores - a menudo los miembros de la unión radical del SUTEP profesores y Patria Roja - en las comunidades mineras conflictiva”.

También sugirió a las embajadas instar a la Iglesia Católica para girar obispos que operan en estas regiones. Los embajadores acordaron considerar esto, pero pidieron ejemplos específicos de los profesores contra la minería y los sacerdotes, que se dedican a actividades inapropiadas.

Fuente: Diario La República (Perú). Lun, 31/01/2011.

EE.UU-China, teoría de la transición de poder. Política económica exterior y complementariedad de mercados.

China, EE.UU. y los agoreros

Por: Farid Kahhat (Analista Internacional y catedrático de la PUCP).

Según la teoría de la transición de poder, cuando una mayor tasa de crecimiento en la economía de una potencia emergente le permite colocarse a tiro de piedra del poderío militar de la potencia dominante, y ambas no eran aliadas antes de producirse esa evolución, lo más probable es que los conflictos de interés entre ellas se diriman por la vía de las armas. Lo cual augura un futuro sombrío para las relaciones entre China y Estados Unidos.

Existen, sin embargo, razones para dudar de esas previsiones. Por ejemplo, cuando se define la guerra como un medio para lograr fines políticos, se asume que su utilidad relativa depende de un cálculo costo-beneficio.

De ser así, una guerra entre estados dotados, tanto de armas nucleares como de misiles balísticos intercontinentales, es el medio más costoso que se pueda imaginar. Tan costoso, que es virtualmente imposible concebir un fin que amerite su empleo. Y si bien es teóricamente posible que una guerra entre potencias nucleares se mantenga en el plano convencional, la razón por la que nadie se atrevió a iniciar una es que no hay forma de establecer con certeza el umbral que habría que atravesar antes de que alguna de las partes decida usar bombas atómicas.

Pero incluso una guerra convencional podría implicar un costo prohibitivo entre países altamente interdependientes, dado que al costo del uso de la fuerza se sumaría la pérdida de los beneficios que proporciona la cooperación económica. China es, por ejemplo, el segundo socio comercial de Estados Unidos, mientras este país es el primer socio comercial de China. Las empresas de matriz estadounidense son la principal fuente de inversión extranjera en la economía china, mientras que los fondos soberanos del Estado Chino son una fuente creciente de inversión extranjera en Estados Unidos.

Claro que podría haberse dicho algo similar respecto al comercio y la inversión entre Alemania y Gran Bretaña en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Pero existen grandes diferencias entre ambos casos, comenzando por una ya mencionada: ni Alemania ni Gran Bretaña eran potencias nucleares. Existen además formas de interdependencia económica entre China y Estados Unidos que no existían entre Alemania y Gran Bretaña. Por ejemplo, las reservas internacionales de China contienen una gran cantidad de bonos del tesoro estadounidense: es decir, el Estado Chino es uno de los principales acreedores de la deuda contraída por el Estado norteamericano.

Lo anterior no implica que no existan conflictos de intereses entre ambos países, pero sí que ambos tienen un interés común en mantener esos conflictos bajo control. Y para ese fin cuentan con instituciones multilaterales que no existían antes de la Primera Guerra Mundial. Estas han contribuido a crear reglas de juegos compartidas, mecanismos de resolución de conflictos y una economía internacional abierta.

La historia del siglo XX muestra la relevancia de este último punto: allí donde las fronteras económicas coincidían con las fronteras políticas, la expansión territorial podía ser un medio necesario para garantizar el acceso a recursos naturales. En una economía internacional abierta se puede acceder a ellos a través del comercio y la inversión (regla que admite excepciones: los materiales fisibles y los combustibles fósiles). Eso contribuye a explicar la diferencia entre la conducta exterior del Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y después de esta. Para no mencionar la conducta de la propia China, cuya política exterior fuera de su región es en lo esencial una política económica exterior.

De cualquier modo, los estudios cuantitativos realizados en las últimas décadas no encontraron una relación necesaria entre las variables que proponía la teoría de la transición de poder: la diferencia en las tasas de crecimiento entre dos estados no parece tener mayor influencia sobre la probabilidad de que ocurra una guerra entre ellos.

Fuente: Diario El Comercio (Perú). 16 de Enero del 2011.

Recomendado:

Del "Consenso de Washington" a "El Consenso de Pekín". El desarrollo económico sin libertades políticas.

Crítica al discurso israelí sobre la ocupación de territorios palestinos. Campaña BDS (Boicot, Sanciones y Desinversiones) contra el Estado de Israel.

Israel toca de nuevo los tambores de guerra

Por: Ilan Pappé. Historiador israelí, ha sido profesor en las universidades de Haifa y en Exeter.

En Israel se escuchan de nuevo los tambores de guerra. Y la única razón de que los toquen es que, de nuevo, la imbatibilidad de Israel ha vuelto a ponerse en duda. Y eso, a pesar de la triunfante retórica de los medios afines al Gobierno que dos años después siguen conmemorando exaltados las victorias de la Operación Plomo Fundido sobre Gaza por más que la susodicha campaña tuviera de éxito más bien poco o, al menos, tanto como el que obtuvo la segunda guerra del Líbano en 2006, cuando el Ejército israelí salió de allí más bien escaldado.

Y es que podría decirse que, aquí, en Israel, políticos, militares y público en general solo conocen una forma de enfrentarse a la debacle militar. Y esa forma-no-forma es emprender una nueva guerra, a ser posible más cruel, más sangrienta y con más medios que la anterior para, además, ganarla.

Poder y fuerza. Solo de eso se trata si vamos a dar crédito a los principales comentaristas de la prensa nacional israelí (que, por otra parte, se limitan a repetir como cotorras las consignas dadas por los militares). Ambas "cualidades", poder y fuerza, resultan imprescindibles para "disuadir", "dar una lección" y "debilitar al enemigo". Pero ni políticos ni militares tienen la más mínima idea de qué hacer con Gaza y, si a eso vamos, tampoco la tienen sobre nada en absoluto. ¡Ni siquiera desean anexionar Gaza! Lo único que pretenden, por decirlo de alguna manera, es machacarla más todavía y, a ser posible, en menos tiempo.

Pero ¿qué podrían conseguir con esta salvajada que no hubieran conseguido la vez anterior? No sabría decirles. Creo además que tampoco es "esta" la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿qué otra cosa -a parte de esta- sabrían o podrían hacer las actuales elites israelíes (Gobierno y principales partidos de la oposición incluidos)?

Cierto es que en la Cisjordania ocupada lo han tenido bastante claro o, por lo menos, eso es lo que parece si uno se fija en el arduo trabajo de colonización, limpieza étnica y metódica parcelación y segregación de los territorios ocupados, que ha acabado prácticamente con ellos a la par que, públicamente, los supuestos representantes del pueblo de Israel prosiguen con su fútil discurso acerca del famoso "proceso de paz" cuya única, reconocida intención, sería conseguir una Autonomía Palestina lo suficientemente dócil como para vivir agachada dentro de un territorio cisjordano para siempre ocupado y altamente colonizado.

Pero por lo que se refiere a la Franja de Gaza, lo cierto es que siguen sin saber qué hacer y esto incluso mucho antes de que Ariel Sharon decidiera deshacerse de ella. La inamovible deci-sión de los gazawis de mantenerse unidos a sus hermanos de la Palestina ocupada y la opinión generalizada de los ciudadanos del mundo entero es, sin embargo, mucho más difícil de derrotar a pesar del enorme precio en vidas humanas que se cobró la Operación Plomo Fundido de diciembre del 2009.

El próximo asalto está a punto de comenzar; y todo lo que podemos decir es que, desgraciadamente, reúne los elementos más deprimentes de aquel otro que se celebró, hace dos años, justo antes de que diera comienzo la masacre de Gaza. A saber: un precalentamiento de bombardeos diarios y una política israelí que lo único que pretende es provocar a Hamás para encontrar así una justificación a la escalada, siempre en aumento, de violencia. Como no hace mucho tiempo decía uno de esos generales: "Que no se nos olvide el demoledor efecto del Informe Goldstone; nuestro próximo ataque tendrá que parecer mucho más justificado que el de 2009". (Pero después de todo un Gobierno como el actual podría pasar por alto, sin mucho esfuerzo, detalles como credibilidad o justificación que, en el fondo, no tienen gran importancia).

Sin embargo, y como sucede muy a menudo en esta parte del mundo, otros escenarios son posibles -opciones menos sangrientas, más esperanzadoras- y eso que, a primera vista, resulta difícil saber de dónde podrían venir: ¿del pérfido Gobierno de Obama? ¿de los inútiles Gobiernos árabes? ¿de la apocada Europa, de la inválida ONU?

La tenacidad del pueblo de Gaza y de los palestinos en general significa -para empezar- que la estrategia fundacional del Estado de Israel dirigida a borrarles del mapa por medio de una diligente y metódica limpieza étnica -preconizada ya por Theodore Herlz, padre del sionismo, en el siglo XIX- no va a funcionar. Hemos de decir, sin embargo, que el precio a pagar por la resistencia palestina puede seguir aumentando, por lo que va siendo hora de que aquellos que hicieron oír sus voces después de la masacre perpetrada en Gaza hace dos años vuelvan a alzarlas ahora para evitar que suceda de nuevo.

Estas voces constituyen, según Israel, uno de los intentos más serios de deslegitimizar al Estado judío y son las únicas que, en realidad, preocupan al Gobierno y a la élite intelectual de Israel (mucho más que la débil condena realizada por Hillary Clinton). Para contrarrestarlas, su primera reacción ha sido tacharlas de antisemitas. Pero la cosa se puso peor cuando Israel se propuso saber quiénes, en todo el mundo, apoyaban sus políticas. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que, como aliados, solo contaban con los partidos y organizaciones políticas derechistas más reaccionarios del mundo occidental, o lo que es igual, con aquellos que desde siempre habían militado en las filas del antisemitismo más rabioso.

La reacción número dos del Gobierno de Israel fue la de intentar demostrar urbi et orbi que iniciativas como la campaña BDS (Boicot, Sanciones y Desinversiones) no conseguirían sino reafirmarle en su inflexible trayectoria. Se trata, sin embargo, de una amenaza poco creíble; la campaña BDS es una de las pocas iniciativas capaces de contener la agresiva política israelí, además, quién sabe si en un futuro próximo los Gobiernos del mundo occidental no empezarán a apoyar también la campaña de boicot tomada por sus respectivas poblaciones civiles (como sucedió en Sudáfrica).

Y es que, en efecto, la campaña de boicot contra el Estado de Israel ha resultado ser una muy buena iniciativa que demuestra claramente el nexo que existe entre el carácter racista del Estado de Israel y la criminal naturaleza de su política con respecto a los palestinos. Esta iniciativa ha evolucionado hasta transformarse en una campaña muy organizada con un mensaje perfectamente claro: que Israel seguirá siendo un Estado paria mientras su Constitución, leyes y política violen los derechos humanos y civiles de la población palestina, entre los que, para empezar, se incluye su derecho a la vida. Ahora lo más útil sería que toda esa energía inútil, malgastada por Israel y sus adláteres en campañas propagandísticas que supuestamente defienden conceptos como coexistencia o diálogo, se aplicase, antes de que sea demasiado tarde, al esfuerzo de evitar que Israel escriba un capítulo más del genocidio contra el pueblo palestino.

Traducción de Pilar Salamanca.

Fuente: Diario El País (España). 12/01/2011.