Preguntas obligatorias sobre el voto voluntario
Por: Fernando Tuesta Soldevilla (Sociólogo)
Es sabido que el voto, a través de los procesos electorales, constituye una parte sustancial del armazón del sistema democrático. De él depende, el nacimiento de su representación y es el único medio que permite la legalidad y legitimidad de origen de los gobiernos y parlamentos.
Es oportuno recordarlo, ahora que se ha vuelto a plantear el debate en relación al voto voluntario. Es cierto, sin embargo, que discutir si el voto es un derecho y/o un deber no ha llevado a conclusiones absolutas. La literatura especializada muestra formulaciones en distintos sentidos. Hay, de otro lado, un argumento más bien pragmático que considera que con el voto voluntario sólo participarían los interesados, por lo que la calidad de los representantes, mejoraría. Esta afirmación, no está probada. Por ejemplo, no es claro que los representantes de los países en los que se aplica el voto voluntario son de mayor calidad que los de aquellos países en donde existe voto obligatorio.
En nuestro país existe históricamente el voto obligatorio, por lo que un cambio de esa condición, requiere responder un conjunto de preguntas, para que la mejor decisión, sea la más adecuada.
Por ejemplo, vale la pena preguntarse, ¿el descenso en la participación electoral sería un problema para nuestra estabilidad democrática? ¿Quiénes serán los primeros en no votar, los ricos, los pobres, las clases medias; en la urbe, en el campo; los jóvenes, las mujeres, los analfabetos? ¿Todo esto importa? ¿Tiene algún impacto sustancial? Si la respuesta es no, la defensa del voto obligatorio no tiene sentido y se muestra débil.
Pero no hay duda que el voto voluntario mostrará una declinación de la participación electoral, como ha sucedido en donde se ha producido ese cambio. Esto se manifestará, de manera más pronunciada, en estos tiempos de rechazo de la ciudadanía al sistema político. El efecto será mayor en elecciones subnacionales (municipales o regionales), en donde las tasas de participación son menores. Es altamente probable que importantes sectores rurales y pobres se desconecten de la casi única participación política que practican.
Otro tema es la legitimidad. En nuestro país se considera que una alta votación y una alta participación dota de una mayor legitimidad al elegido. A la inversa, funciona también lo contrario. Si eso es así, con voto voluntario, con seguridad tendríamos representantes cuya elección sería cuestionada, particularmente por los perdedores, erosionando la necesaria legitimidad que tan sólo la deben dar las reglas de juego de la competencia y elecciones limpias y transparentes.
Por lo demás, en el diseño organizativo peruano, el éxito de la jornada electoral se asienta en la participación de los ciudadanos, que sorteados como miembros de mesa, ejercen una función capital en el proceso electoral. Entre titulares y suplentes superan el medio millón. Siendo un trabajo sacrificado, que pocos quieren realizar, la legislación no ampara una retribución económica, como sucede en países como Argentina.
En consecuencia, el voto voluntario sería el camino directo a un ausentismo alto de los miembros de mesa, que ocasionaría la no apertura del acto eleccionario, con el consiguiente descrédito del proceso electoral. Se tendría, por lo tanto, que rediseñar la composición de los miembros de mesa, con empleados públicos, como en Colombia. Sin embargo, con una tradición de desconfianza hacia ellos, su aplicación sería difícil en el Perú. El costo se trasladaría al Estado.
De otro lado, en el Perú las multas solventan parte significativa de los presupuestos de los organismos electorales. Es así de perverso el sistema, pero es lo que existe. A ello hay que agregar el costo de la campaña para votar -que en los sistemas de voto voluntario se requiere- y el costo del desperdicio del material electoral, que es inevitable.
Es decir, alto costo al fisco, que si bien no debe ser el origen de una decisión, no se tiene por qué no conocerse. En fin, preguntas claves, pero necesarias para tomar una decisión que los países asumen pocas veces en su historia.
Fuente: Diario La República (Perú). 10 de mayo del 2012.
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